martes, 24 de julio de 2012

La nueva Ley de Costas no convence a los expertos de la UCA


Agua cristalina en la orilla de la playa de Zahora. JAM. Julio 2012


Para el catedrático de Gestión de Áreas Litorales, Juan Manuel Barragán, el borrador "se parece bastante a una privatización del Dominio Público Marítimo-Terrestre"
REDACCIÓN / CÁDIZ | ACTUALIZADO 24.07.2012 - 10:10

El catedrático de Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL) de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel Barragán, ha expresado sus dudas sobre que la crisis económica sea el mejor contexto para abordar una modificación de la Ley de Costas, interpretando del borrador presentado que parece "beneficiar a unos pocos" y que "se asimila bastante a una privatización del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)". Advierte de que hay cuestiones "fundamentales" que han sido "incomprensiblemente ignoradas" y que, de no introducirse, la iniciativa puede derivar en "una oportunidad perdida".

En declaraciones a Europa Press, Barragán dejó ayer claro que la administración del litoral "exige mejoras sustanciales" y, por tanto, cualquier modificación de la vigente Ley de Costas o nuevas aportaciones de la anunciada Ley de protección y uso sostenible del litoral generan "justificadas expectativas". Sin embargo, exceptuando las facultades atribuidas al delegado del Gobierno para intervenir ante actuaciones que amenacen la integridad del DPMT, el borrador del anteproyecto "no destaca por medidas innovadoras o ambiciosas en lo que concierne a la protección, conservación y recuperación de ecosistemas litorales".

Aseveró que "hay temas que deberían ser tratados y que incomprensiblemente fueron ignorados". Entre ellos, citó la ejecución de las demoliciones de las "miles de segundas residencias ilegales en DPMT o en Zona de Servidumbre de Protección (ZSP)", así como la ausencia de criterios e incentivos para recuperar o restaurar, parte al menos, del litoral perdido o degradado en las últimas décadas. Tampoco entiende que hayan sido "ignoradas de forma absoluta" las "consecuencias previsibles" del cambio climático.

Aplaudió que el borrador introduzca mecanismos encaminados a mejorar la transparencia y la información a los usuarios (papel de los Registros de la Propiedad), aunque confesó no tener tan clara la bondad de los nuevos criterios aportados para delimitar el deslinde del DPMT. En este sentido, apuntó que "da la impresión de que el borrador ha sido redactado para favorecer sólo a unos determinados grupos de interés, y no para reforzar la protección y el uso público de los bienes del DPMT".

Destacó el "especial trato" que da el texto de la reforma a la dimensión económica, lo que se refleja en el mero hecho de que las concesiones sean otorgadas por 75 años, es decir, "a tres generaciones vista", lo cual consideró "un exceso". Una vez aplicado, supondrá excluir del deslinde a "bastantes instalaciones y edificios", preguntándose "quién pagará las obras de su defensa costera o los daños que ocasione el mar en esas mismas edificaciones".

El catedrático concluyó que si el borrador propuesto marca finalmente la estructura y el contenido de la futura Ley para la gestión del litoral, hace presumir que "no mejorará la protección y recuperación de los sistemas litorales, no tendrá capacidad para afrontar temas nuevos o esenciales, no facilitará la gobernanza en un ámbito tan problemático y no modernizará nuestro obsoleto e ineficaz modelo de gestión pública".

COMENTARIOS
·         3j. enrique 24.07.2012, 11:27
me quitaron el chiringuito que daba trabajo a mi familia y a tres empleados, porque estaba situado encima de un terreno rocoso entre el Puerto y Rota. Sin embargo, no he visto que hayan derribado ninguna edificacion de club nauticos y zonas turisticas que existen en el Puerto. La ley de costas no es igual para todos?
·         2juan jose 24.07.2012, 09:49
Mientras todo el mundo está pendiente de la prima, están intentando privatizar las playas y la costa. Si no hacemos nada se acerca el fin del Dominio Público Marítimo Terrestre.
·         1Hartodetontosdelbote 24.07.2012, 08:32
Las playas en sí no valen nada, son los desiertos del mar, dependen de las costumbres. Los marroquíes las usan para jugar al fútbol, los indios para cagar, en otros para varar los barcos de pesca, en países como Francia, Italia, etc. las hay privadas. No hace muchos años en España, la costa y las playas las heredaban las hijas y los hijos tontos, ¡no servían para nada! Llegó la moda y fueron expoliadas a sus dueños, Puede antojárseles expoliar los olivares o los trigales si se ponen de moda.

jueves, 12 de julio de 2012

La Fiscalía de Cádiz gana la batalla de los derribos en el Supremo



El TS admite el recurso de casación del Ministerio público contra un fallo de la Audiencia Provincial y ordena la demolición de una vivienda ilegal en El Puerto
ROSA ROMERO / DIARIO DE CÁDIZ | ACTUALIZADO 12.07.2012 - 05:01

La Fiscalía de Cádiz ha logrado que el Tribunal Supremo respalde su batalla contra los derribos. Que el Alto Tribunal acepte la tesis que se ha venido defendiendo desde el Ministerio Público gaditano de que, por regla general, toda condena por delito contra la ordenación del territorio debe conllevar la demolición de lo ilegalmente levantado.

Había habido pronunciamientos a favor de las demoliciones de casas ilegales, pero en salas de lo Contencioso Administrativo. Por fin ahora ha llegado el esperado pronunciamiento en sede penal. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación que presentó la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz, Patricia Navarro, contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que, aunque condenó a una mujer por un delito contra la ordenación del territorio (construir en El Puerto una casa ilegal), así como por desobediencia (por seguir las obras pese a los requerimientos de paralización del Ayuntamiento) y estafa (vendió la casa a un tercero de buena fe), a 18 meses de prisión en total por los tres delitos solo, por dilaciones indebidas, rechazó el derribo de la edificación por considerarlo que no era una medida proporcionada. Con el sempiterno argumento que se ha impuesto entre los magistrados de la Audiencia: que, al estar acreditado que la casa estaba enclavada en una zona donde había más casas, la demolición era una medida desproporcionada al ilícito cometido.

El recurso en casación de la fiscal Patricia Navarro ha logrado el doble objetivo pretendido: no sólo que en este caso concreto, el de la casa construida en la carretera de Sanlúcar, en El Puerto, en terreno no urbanizable, se inste al derribo, sino también que el tribunal Supremo se pronuncie en general sobre todos los pronunciamientos similares que se han venido suscitando en la Audiencia, que han deparado que en la práctica numerosas casas ilegales sigan en pie en la provincia, con sus demoliciones paralizadas sine die, a expensas de hipotéticas legalizaciones futuras por reclasificaciones de suelo.

El Supremo, en su sentencia, que revoca parcialmente la de la Sección Cuarta de la Audiencia que rechazó el derribo, lo dice de forma más que contundente. "No es argumento impeditivo de la demolición que en el hecho probado se consigne que en la zona donde se realizó la construcción existen numerosas viviendas similares, pues esto sería tanto como convertir un suelo no urbanizable en suelo urbano o urbanizable por la desidia de la administración, incluida la penal", anota el fallo del TS.

También corrige a la Audiencia al sentenciar que "tampoco puede aceptarse la tesis de remitir a la ulterior actuación administrativa tal demolición". Porque, a juicio de Supremo, esto entrañaría "una injustificada dejación de la propia competencia de los tribunales penales y reincidiría procesalmente en la propia causa que la generó, según explícita confesión del legislador, la protección penal, cual es la histórica ineficacia de la administración para proteger adecuadamente ese interés general que representa el valor colectivo de la ordenación del territorio".

Para el TS, en todo caso podrían admitirse como excepciones mínimas extralimitaciones o leves excesos a la autorización administrativa (a una licencia de obras dada, que no es este caso) y aquellas otras en que ya se haya modificado el planeamiento, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la construcción de una casa ilegal, el delito, y la emisión de la sentencia firme. Pero, y ahí es meridiano el Supremo, esta última excepción, la de un hipotético cambio de planeamiento, por estar la casa en una área consolidada de urbanización, "no puede extenderse a futuras e inciertas modificaciones que ni siquiera dependerán en exclusiva de la competencia municipal". Porque, falla, "de acceder a ello, no sólo se consagrarían todas las negativas consecuencias, sino que incluso se consumaría un nuevo atentado a la colectividad, beneficiándose los infractores en el futuro de servicios de saneamiento y otros de carácter público que les habrían de ser prestados, en detrimento de quienes adquirieron el suelo a precio de urbano". En suma, que de persistir estas sentencias que posponen los derribos indefinidamente, amparándose en posibles cambios de criterio, "obligaría a suspender la mayoría de las sentencias, ate la posibilidad o el riesgo de que el legislador modifique los tipos correspondientes o incluso despenalice la conducta".

Este primer fallo pro derribos en sede penal es la segunda victoria que logra la Fiscalía en una semana, ya que se suma a la sentencia conocida hace pocos días, la que ha supuesto la cuarta condena del arquitecto Joaquín Pallí, que por primera vez ha ordenado el comiso de las ganancias del constructor con la venta de una casa ilegal, también en El Puerto.

Reunión de Comisión de Seguimiento entre la Avv de Zahora “Costa de la Luz” y el Ayuntamiento de Barbate

  NOTA INFORMATIVA Reunión de Comisión de Seguimiento entre la Avv de Zahora “Costa de la Luz” y el Ayuntamiento de Barbate de 22 de marzo...