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El TSJA lo anula a raíz de un recurso del Ayuntamiento
de Barbate
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Establecía la máxima protección a Valdevaqueros
REDACCIÓNAlgeciras, 22
Septiembre, 2017 - 02:19h
El
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el Plan de
Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) -aprobado en 2015-, que
ponía límite a las construcciones en la franja de 500 metros de anchura desde
el dominio público marítimo-terrestre de las costas andaluzas. En el Campo de
Gibraltar afecta especialmente al enclave de Valdevaqueros, donde el PPCLA le
concedía un especial blindaje contra el Plan Parcial que el Ayuntamiento de
Tarifa (entonces gobernado por el PP) aprobó en 2012 y que contemplaba un
proyecto de construcción de 350 viviendas y varios hoteles con 1.400 plazas. El
Plan establecía el máximo grado de protección a 375 hectáreas de Tarifa, con
todo Valdevaqueros y parte de Los Lances.
La
sentencia del Alto Tribunal fechada el pasado 7 de septiembre bloquea el Plan
-que declaraba no urbanizable 700 hectáreas en la provincia-, se ampara
finalmente en un recurso presentado por el Ayuntamiento de Barbate cuando el
alcalde era aún el socialista Rafael Quirós. Ese recurso fue apoyado por los
grupos municipales del PSOE, PP e IU. Se abstuvo el PA que ahora gobierna de la
mano del alcalde Miguel Molina.
EL GABINETE JURÍDICO DE LA JUNTA PREPARA YA EL RECURSO DE CASACIÓN AL
TRIBUNAL SUPREMO
El
argumento del TSJA para la anulación del PPCLA es un motivo formal. Se basa en
la falta de competencia del Gobierno de la Junta, entonces en funciones, para
la aprobación de este instrumento de planificación territorial. La sentencia no
es firme, por lo que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Según
pudo conocer este periódico, el gabinete jurídico del Gobierno andaluz está
estudiando interponerlo en la fecha conferida (30 días desde su notificación).
Antes de
su aprobación, el Plan recibió 918 escritos y 3.547 alegaciones formuladas por
48 de los 62 municipios afectados en toda Andalucía.
La finca
de Guadalquitón, con 200 hectáreas, también tenía protección de PPCLA, así como
otras 22 hectáreas en Torreguadiaro. En La Línea, se preveía protección en
terrenos de El Zabal. En total, 579,62 hectáreasde la comarca incluidas en el
Plan.
Si el
Campo de Gibraltar era, sin lugar a duda, la zona más afectada, otros espacios
de la provincia que se vieron obligados a declarar buena parte de su suelo como
no urbanizable se distribuyen principalmente entre Conil (145 hectáreas),
concretamente en dos parcelas municipales situadas en el Pinar de Roche y en el
entorno del río, el estuario y el acantilado del mismo nombre y unas decenas en
Los Caños de Meca, en Barbate.
Este veto
al ladrillo ahora bloqueado afecta igualmente a 73,50 hectáreas de El Palmar,
en Vejer; 30,05 en Los Caños de Meca y 28,16 en el entorno del Faro de
Trafalgar, en Barbate. Otras zonas afectadas son Villanueva Norte (Puerto
Real), Camposoto (San Fernando), Aguadulce (Rota), Camarón (Chipiona) y poco
más de cinco hectáreas en Bonanza y otras cinco en La Jara, ambos en Sanlúcar.
El Plan
era esencialmente un instrumento de protección, no de ordenación, en tanto que
ésta ya la han establecido los planes de ordenación del territorio aprobados
que incluyen en su ámbito la totalidad de los términos municipales del litoral.
Por ello, el Plan del Corredor Litoral centra su atención en la Zona de
Influencia del litoral, e interviene a una escala de detalle con el objetivo de
preservar de la urbanización los terrenos libres de edificación que disponen de
valores naturales o paisajísticos relevantes o cumplen determinadas funciones
territoriales de interés general.
En suma,
el Plan parte del principio de considerar el corredor litoral como un recurso
territorial de interés regional, cuya protección y preservación aportará valor
añadido a una oferta turística de mayor calidad. Protege el 55% de la
superficie del ámbito, lo que supone un incremento de la superficie protegida
del 50%, pasando de 18.000 a 27.000 hectáreas.
El suelo
protegido se concentra en las provincias de Almería, Huelva y sobre todo,
Cádiz, que son también las de mayor longitud de litoral y las de mayor
proporción de espacios de protección ambiental.
Fiscal afirma que recurrirá la
anulación del plan de protección para el litoral
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Ecologistas pide a la Junta medidas cautelares para
evitar que "Ayuntamientos y promotores" aprovechen la situación
transitoria
REDACCIÓN23 Septiembre, 2017
- 07:48h
El
consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, José Fiscal, señaló ayer que el Ejecutivo autonómico acabará
recurriendo “con toda probabilidad” la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el Plan de Protección del Corredor
Litoral aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz en mayo de 2015.
Este
recurso, según Fiscal en declaraciones a los periodistas en Andújar (Jaén),
obedece a que la resolución de la Sala hace referencia “exclusivamente” a un
hipotético defecto de forma, ya que el plan lo aprobó un Gobierno en funciones,
cuando se establece que “debería ser un Gobierno constituido” el que aprobara
un planeamiento de este tipo.
“Es la
única objeción que hace el TSJA”, sostiene el titular andaluz de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, que agrega al respecto que los servicios jurídicos
están analizando el fallo, con “muchísimas posibilidades” de recurrirlo, pues
“entendemos que es un plan bueno para el litoral de Andalucía, que blinda
contra el desarrollismo salvaje lo que queda virgen de nuestro litoral y, a la vez,
permite que sigan pudiéndose construir determinados proyectos que están en
marcha”.
Y es que
dicho planeamiento, según el consejero, autoriza la construcción de no menos de
140.000 viviendas, número que “no se va a dar: se reserva más suelo del que el
mercado está pidiendo”. Sobre la noticia de la anulación del plan, ayer se
escucharon reacciones por parte de IULV-CA, Podemos y Ecologistas en Acción.
Izquierda
Unida señala que la “inacción” de la Junta para desarrollar el plan ha
favorecido que el TSJA lo haya anulado. En declaraciones a Europa Press, el
parlamentario de la coalición de izquierdas José Antonio Castro ha advertido
que desde que se aprobó el plan en 2015, el Gobierno de Susana Díaz “no lo ha
desarrollado reglamentariamente, ni ha dado pasos para dotarlo de contenido”.
Por su
parte, La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez,
anunciaba ayer que su formación “tiende la mano” a la Junta y se ofrece a “lo
que haga falta” con tal de que vuelva a estar “en marcha” y “vigente” en “el
mínimo plazo posible” de tiempo el Plan de Protección. Rodríguez alertado de
que esta anulación “pone en riesgo la salud ambiental de nuestro litoral, y
vuelve a poner sobre la mesa la actualidad de proyectos tan nefastos y
respondidos por la ciudadanía como el de urbanización de la playa de
Valdevaqueros”, en la provincia de Cádiz.
Desde
Ecologistas en Acción pidieron ayer que la Junta adopte medidas cautelares
“para impedir que los promotores y ayuntamientos aprovechen esta situación para
tramitar y aprobar planes urbanísticos que prohibía el Plan del Litoral, así
como que amplíen la protección para impedir más urbanizaciones en el litoral”.
El alcalde de
Barbate se apunta el mérito de haber “tumbado” el plan
El regidor municipal de Barbate, el andalucista Miguel Molina, se atribuyó
ayer el “mérito” de que fue su mandato cuando se presentó el recurso que ha
“tumbado” el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Así, ayer
expuso en público que “ha sido este alcalde y esta Corporación”, recordando que
fue el 14 de octubre de 2015 cuando en un pleno extraordinario se aprobó
interponer un recurso contencioso administrativo contra el Decreto 141/2015, de
26 de mayo, por el que el Consejo de Gobierno en funciones de la Junta de
Andalucía aprobaba el citado plan. La moción, según la tesis de Molina, salió
adelante con los votos favorables del PA, PP y PSOE, el voto en contra de
Izquierda Unida y la abstención de Somos Barbate. Previamente, con fecha de 29
de octubre de 2013, el Ayuntamiento de Barbate formuló las oportunas
alegaciones al plan. En su demanda de recurso, el Ayuntamiento de Barbate
consideró que la urgencia del Consejo de Gobierno “no estaba justificada” en el
hecho de que las competencias en materia de ordenamiento jurídico estaban
compartidas entre la administración local y la autonómica, por lo que la Junta
de Andalucía ya contaba con los suficientes mecanismos para la protección del
litoral sin necesidad de acudir a un instrumento tan excepcional como el
Decreto Ley. /J.M. Ruiz
El PP pide a la Junta que
indemnice a los municipios afectados por el Plan del Litoral
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"El PSOE ha golpeado económicamente a la
provincia: se han dejado de generar 15.000 puestos de trabajo", ha dicho
Antonio Saldaña
El sector de
Valdevaqueros que quedó integrado en el Plan de Protección. / D.C.
REDACCIÓNCádiz, 24
Septiembre, 2017 - 02:09h
El
secretario general del Partido Popular de la provincia de Cádiz y diputado
autonómico, Antonio Saldaña, junto al presidente del PP de Barbate, José Manuel
Martínez Malia, ha pedido que "la Junta compense económicamente e
indemnice a todos los ayuntamientos que se han visto perjudicados por la
aprobación del Plan de Protección del Litoral y que ha sido anulado por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".
Según ha
informado la formación popular en una nota, Saldaña ha remarcado que "la
provincia de Cádiz es la más afectada", y "el PSOE ha golpeado
económicamente el desarrollo de más de 700 hectáreas en San Roque, La Línea,
Conil, Barbate, Vejer, Puerto Real, San Fernando, Rota, Chipiona y Sanlúcar,
estimándose que se han dejado de generar 15.000 puestos de trabajo en la
provincia y 45.000 en Andalucía".
"ESTE PLAN BUSCABA PERJUDICAR A UN CONJUNTO DE LOCALIDADES POR MOTIVOS
POLÍTICOS"
En este
aspecto, el diputado autonómico ha abundado que "la Junta debe aceptar
inmediatamente la derrota judicial que ha sufrido con la anulación de un plan
que no contentaba a nadie y que ha supuesto un enorme perjuicio económico para
una multitud de localidades de la provincia de Cádiz y de Andalucía".
Asimismo,
Saldaña ha remarcado que "este Plan de Protección del Litoral de Andalucía
fue aprobado por la Junta con nocturnidad y alevosía, e incluso la sentencia
judicial de anulación emitida por el TSJA afirma que se trata de un plan con
orientaciones políticas y que no existía motivos para tramitarlo por urgencia,
y más con un gobierno andaluz que entonces se encontraba poco más que en
funciones, y que además el propio plan es contrario a la ordenación del
territorio aprobada por la propia Junta".
"En
otras palabras, que no buscaba realmente proteger al medio ambiente, sino
perjudicar a un conjunto de localidades por motivos políticos, prueba de ello
es que el plan fue aprobado sin negociarse con los ayuntamientos afectados por
el mismo y con la oposición de todos ellos, generando un enorme inseguridad
jurídica", ha apostillado el representante del PP.
