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| Pegatina J. Urbano |
La Asociación de Vecinos “Costa de la Luz ha
presentado más de 300 alegaciones de vecinos y visitantes de Barbate contra la
Aprobación Provisional III de la Modificación del PGOU de Barbate para el Área
de Dinamización Turística Trafalgar-San Ambrosio, que se suman a las 450 que presentó
el año pasado y que el Ayuntamiento desestimó sistemáticamente sin respuesta
motivada.
Este macro proyecto, claramente especulativo de
espurios intereses, consiste en la construcción de una urbanización de 2.050
plazas hoteleras, 300 chalets y un centro comercial y carretera por medio, es una
modificación puntual del plan de 1995,
heredero de modelos caducos y fallidos, ajeno al proceso de redacción del nuevo
PGOM anunciado por el Ayuntamiento y es profundamente lesivo para el equilibrio
territorial y ambiental de nuestro municipio ya que no resuelve la grave problemática
que actualmente padecen Zahora y Los Caños. En lugar de planificar con y para
los vecinos y vecinas para que estos tengan agua saneamiento y depuración, se
pretende condicionar el futuro de zonas tan sensibles como Zahora, San Ambrosio
o el entorno de Trafalgar a espaldas de la ciudadanía.
La asociación defiende un modelo que potencie la rehabilitación, la puesta
en valor de la realidad existente, la gestión sostenible del agua, la
protección del paisaje y el patrimonio cultural, la agricultura ecológica, el
turismo responsable y el acceso universal a la vivienda.
Este macro proyecto vulnera la Ley de Costas, cuenta con un informe
desfavorable de la Dirección General de Costas del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (entrada 2024005659E, de fecha
20/05/2024), que advierte del incumplimiento del artículo 30 de la Ley de
Costas por vulnerar los límites de densidad edificatoria, altura y volumetría
en zonas colindantes a la servidumbre de protección.
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| Zona donde se ubica la macro urbanización. Foto Jam. |
Invade parcialmente áreas de servidumbre de protección y zonas con riesgo
de inundación sin que exista informe hidráulico actualizado, estudio geotécnico
ni plan director que respalde su viabilidad funcional o ambiental y su
ubicación junto al Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate y al norte
del Tómbolo de Trafalgar, afecta zonas con Hábitats de Interés Comunitario
(HIC) y áreas de alimentación del ibis eremita, especie incluida en el Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas. La presión urbanística sobre estos hábitats no
ha sido evaluada adecuadamente.
No contempla la reserva mínima obligatoria del 40% de la edificabilidad
residencial para viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, tal
como exige la redacción actual del artículo 20.1.b del TRLSRU tras su
modificación por la Ley 12/2023, de medidas urgentes en materia de vivienda,
reforzando un modelo de desarrollo orientado exclusivamente a la oferta
turística de alto poder adquisitivo, sin integración ni planificación para
responder a la creciente demanda local de vivienda asequible y accesible.
La tipología edificatoria propuesta, basada en apartamentos turísticos y
hoteles, encubre una realidad de segunda residencia o residencia encubierta de
uso privativo, que incide directamente en los procesos de gentrificación,
incremento de precios del suelo y expulsión de residentes estables del entorno
de Zahora y Caños de Meca.
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| Llanos aluviales y Fuente del Madroño. Zahora. Foto Jam. |
Toda la zona tiene indisponibilidad hídrica y existe carencia de depuración
adecuada por lo que se propone como solución transitoria una fosa séptica
colectiva para un desarrollo turístico-residencial de gran escala, lo que es
manifiestamente incompatible con las normativas europeas sobre tratamiento de
aguas residuales. Esto hasta que se construya una futura EDAR supramunicipal
sin ubicación ni fecha definidas, sin proyecto técnico redactado ni
financiación prevista. Esta ambigüedad impide una evaluación objetiva de su
viabilidad (por ejemplo, la depuradora existente de Barbate está reconocida por
el MITECO como deficiente y es uno de los focos que han motivado sanciones de
la Comisión Europea a España por incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE).
El proyecto crearía un enclave turístico aislado, sin continuidad con los
núcleos urbanos preexistentes, genera una trama de baja densidad y consumo
extensivo de suelo, ineficiente en términos de servicios públicos y refuerza
procesos de gentrificación y turistificación que expulsan a población residente
y sustituyen economía local por monocultivo turístico.
El proyecto crea un impacto crítico sobre el paisaje y la percepción visual
del territorio, colindante directamente con el Parque Natural de La Breña y el
entorno del Tómbolo de Trafalgar, de altísimo valor paisajístico. Las
edificaciones previstas serán visibles desde miradores, senderos y zonas
costeras, alterando de forma permanente la percepción visual del entorno y al
estar separado físicamente del casco urbano de Barbate y de los núcleos
tradicionales producirá una fragmentación territorial y desarticulación del
modelo urbano, lo que incrementará costes de movilidad, consumo energético,
residuos, emergencias y mantenimiento.
Por último, existe una contradicción entre esta modificación puntual y el
nuevo proceso participativo del PGOM que Ayuntamiento de Barbate ha iniciado
recientemente con su licitación, calificándolo como un proceso abierto,
transparente y con fuerte componente de participación ciudadana. El propio
alcalde ha anunciado públicamente que todos los núcleos del municipio estarán
representados y que se habilitarán canales vecinales para recoger propuestas,
declaración de intenciones que contrasta frontalmente con la tramitación
paralela y apresurada de este mega proyecto que, como queda recogido en las
alegaciones, presenta múltiples deficiencias jurídicas, ambientales, técnicas,
sociales y ahora también procedimentales y atenta contra los principios de
sostenibilidad, participación y legalidad que deben regir la nueva etapa del
planeamiento en Barbate.
Su aprobación contravendría el espíritu y objetivos del nuevo PGOM
anunciado por el Ayuntamiento. Además, puede acarrear responsabilidades
políticas y legales si se interpreta que se intenta blindar desarrollos
concretos antes de que el PGOM entre en vigor.
