El Supremo ordena demoler todas las viviendas, el hotel y el campo de golf del complejo de lujo de Valdecañas
La macrourbanización, situada en
Cáceres, cuenta con 185 chalés, además de campo de Golf, una playa artificial y
pistas deportivas
ESTHER SÁNCHEZ Madrid – EL PAIS. 08 FEB 2022
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| Imagen de la isla con la urbanización y el campo de golf. |
La demolición de la macro urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) vuelve a estar sobre la mesa. La sala tercera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ecologistas en Acción contra el auto de julio de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y que acordaba la conservación del hotel, las viviendas, el campo de golf y las instalaciones que están construidas y en funcionamiento. “El Supremo anula este extremo y acuerda que deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones cuya demolición determinaba el propio auto de ejecución”, indica el Consejo General del Poder Judicial en un escueto comunicado. “El contenido íntegro de la sentencia se conocerá en los próximos días”, añade la nota de prensa.
El complejo, denunciado por Adenex y Ecologistas
en Acción por estar dentro de terrenos de la Red Natura 2000 [áreas
de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea], se encuentra a dos
kilómetros de El Gordo (Cáceres), en una isla de 135 hectáreas rodeada por el
pantano de Valdecañas. Cuenta con campo de golf de 18 hoyos, 185 villas —el 33%
de las 565 previstas—, un hotel de cuatro estrellas, piscinas, playa
artificial, 76 atraques y pistas polideportivas. En el auto que ahora anula el
Supremo, el Superior de Extremadura decidió que todas estas edificaciones se
mantuvieran por el gran coste económico que conllevaría su demolición. Así, el
tribunal extremeño ordenó solo el derribo del esqueleto de hormigón de otro
hotel que asoma al borde de la playa artificial y las viviendas inacabadas, a
pesar de que en sentencias anteriores había dictaminado que el terreno debía
volver a su estado natural.
En 2011 el tribunal extremeño señaló “taxativamente”
que el entorno tenía que ser restaurado y volver a su estado inicial. Pero en
julio de 2020, en el auto de ejecución de esa sentencia decidió que no había
que tirar lo que ya estaba construido. Los magistrados lo justificaban en que
había que tener en cuenta el “elevado perjuicio económico” si se ejecutaban
completamente las sentencias. La Junta
de Extremadura tendría que hacer frente “al menos” a 145 millones de euros por
los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe. Esta cifra
es la suma del coste de demoler lo edificado (casi 34 millones) y del “posible
perjuicio económico” que se causaría a los propietarios de las viviendas “que
podría alcanzar los 111.000.000 euros”.
Fue entonces cuando los conservacionistas recurrieron
en casación ante el Supremo porque esta
decisión anteponía los criterios económicos a los ambientales. Ángel
García Calle, abogado y coordinador de Ecologistas en Acción Extremadura,
considera que la demolición total ordenada por el Supremo es “coherente” con
las sentencias anteriores que así lo dictaminaban, pero recuerda que aún no se
ha publicado la sentencia completa.
En todo el laberinto judicial por el que ha discurrido
la construcción de la urbanización que
contó con el beneplácito del Gobierno regional, el Tribunal Constitucional
declaró en 2019 inconstitucional el artículo que se incluyó en la ley del
suelo y que permitió a la Junta de Extremadura homologar el proyecto.
“Al final todo esto se podría haber evitado, si se
hubiera parado antes, porque es una tristeza que estemos diciendo desde el
minuto uno que es ilegal y que no se haga caso”, comenta el abogado García
Calle. Están satisfechos “pero no al cien por cien” porque también se ponen “en
la piel de los propietarios”. “Aunque ellos sabían lo que compraban porque
estaba denunciado desde 2007, incluso firmaban un documento en las propias
escrituras de compraventa en el que exoneraban a la promotora si se daba la
situación actual”, añade el letrado. Los propietarios podrían recurrir en
amparo ante el Constitucional, aunque los ecologistas consideran que “tendrá
poco recorrido, porque no se ha vulnerado ningún derecho fundamental”.
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SOBRE LA FIRMA
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del
suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial
preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo
sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha
ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.
El Constitucional anula la recalificación que respaldó el
complejo de lujo de Valdecañas
La Junta de Extremadura reformó la ley
del suelo en 2011 para permitir la construcción de la urbanización en terrenos
de la Red Natura 2000
El futuro se le vuelve a complicar a la urbanización
de lujo "Marina Isla de Valdecañas" construida en una isla de 135
hectáreas en el embalse de Valdecañas en los términos municipales de El Gordo y
Berrocalejo (Cáceres). El Tribunal Constitucional ha declarado
inconstitucional el artículo que se incluyó en la ley del suelo y que permitió
a la Junta de Extremadura homologar el proyecto, del que se han edificado 180
villas (la mitad de las previstas), un hotel, un campo de golf de 18 hoyos,
además de una playa artificial, puntos de amarre y pistas deportivas.
El TC ha tomado la decisión tras una petición del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), que declaró la nulidad
del proyecto en 2011 por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Esa sentencia
ordenó "la reposición de los terrenos al estado anterior", es decir,
como cuando no existía ninguna edificación en la isla, en la que se empezó a
construir en 2007. Pero días después de la sentencia, el Parlamento regional
incorporó un nuevo párrafo a la ley del suelo en el que se abría la puerta para
construir en terrenos de la Red Natura 2000 (áreas de conservación de la
biodiversidad en la Unión Europea). De esta forma, las zonas protegidas podrían
urbanizarse siempre que fuera compatible con la preservación de los valores
naturales. En aquel momento la urbanización ya estaba construida al nivel
actual, por lo que el cambio legal trataba de homologarla a posteriori.
En 2014 el Tribunal Supremo confirmó el fallo del TSJEX (restituir el entorno a su estado natural), pero todavía no se ha decidido qué hacer con la urbanización. El actual fallo del Constitucional no se pronuncia en cuanto a su destino, que será determinado por los jueces extremeños. La Junta ha propuesto que se mantengan las construcciones actuales y el resto, pendiente de urbanizar, se dedique a mejoras medioambientales. José María Trillo, de Ecologistas en Acción, sostiene que "con este pronunciamiento del Constitucional se cierra el debate sobre la imposibilidad legal de ejecutar las sentencias de demolición sobre Valdecañas y debe procederse a la restitución del espacio natural".
Las asociaciones ecologistas Adenex y Ecologistas en
Acción solicitaron al TSJEX, en el marco del procedimiento administrativo que
se sigue contra la urbanización, que planteara la cuestión de
inconstitucionalidad, que ahora se ha estimado de forma parcial. Los
conservacionistas argumentaron para ello que se trataba de una ley singular
dictada para evitar los efectos de la sentencia y además contradecía la
legislación básica estatal al permitir urbanizar suelo no urbanizable (en la
actualidad suelo rústico) integrado dentro de la Red Natura 2000.
El letrado de la Junta de Extremadura recuerda que la
sentencia del TC recoge un voto particular que coincide con sus tesis.
"Estamos analizando el fallo y sus repercusiones, pero si esa es la
doctrina que se va a implantar, tendrá consecuencias en toda la Red Natura de
España", explica. "Por ejemplo, Trujillo que se encuentra en una Zona
de Especial Protección de Aves (ZEPA) ¿no va a poder tener ningún desarrollo
urbanístico? Se ha elevado muchísimo la protección", plantea. El Ejecutivo
extremeño recuerda también que la citada ley no está ya en vigor.
Para los ecologistas lo importante es que el TC vuelve
a confirmar "por tercera vez" lo que ellos alegan: “que la
utilización de los terrenos con valores ambientales que sean objeto de
protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la
preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de
alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación
expresamente autorice. Protección que alcanza aún mayor intensidad, si cabe, en
el caso de los espacios naturales especialmente protegidos y los incluidos en
la Red Natura 2000”.
Esa regulación, concretan, es de carácter estatal y no
puede ser alterada por las comunidades autónomas "como hizo la Junta de
Extremadura en 2011, con la pretensión de legalizar el complejo Marina Isla
Valdecañas, la cual es declarada inconstitucional". Los ecologistas se
muestran satisfechos debido a que llevan 12 años de procedimiento y cuentan con
tres sentencias favorables. "Lo paradójico de esta situación es que sean
las organizaciones ambientales las que sean objeto de una intensa campaña de
desprestigio por defender la legalidad urbanística, el desarrollo sostenible y
el medio ambiente en Extremadura, cuando esta es una responsabilidad de los
poderes públicos", critican.
El abogado de la Junta de Propietarios, Luís Díaz
Ambrona, explica que la sentencia del Constitucional “no aclara el panorama”,
porque el recurso se estima de forma parcial y es contradictorio al no declarar
la inconstitucionalidad del plan general de ordenación urbana de El Gordo —el
pueblo al que pertenece el terreno edificado— . La posibilidad de que desaparezca
el complejo levanta las protestas de los alcaldes de los dos pueblos en cuyos
terrenos se asienta. “Ahora todo el mundo se acuerda de Valdecañas, cuando
siempre hemos estado olvidados para el empleo y el crecimiento. Cumplir la
sentencia sería una aberración en todos los sentidos. Los dos pueblos
sobreviven, en gran parte, gracias a este proyecto”. El regidor de Berrocalejo,
Ángel Pedro Martínez, del PSOE, advierte que son pueblos muy pequeños a los que
se les pide ser “el pulmón de Madrid y no crecer, pero naturaleza y
construcción pueden convivir”.
“Me han acosado, roto cristales y tirado
cócteles molotov”
Francisca Blanco era coordinadora de Ecologistas en
Acción en Extremadura cuando comenzó el proyecto de urbanización de la isla de
Valdecañas. Denunció y ahora, a sus 70 años, espera que la urbanización se
desmantele.
Pregunta. ¿Cómo empezó su lucha contra el complejo?
Respuesta. Mi compañero y yo tenemos una casita en el Gordo e íbamos a pasear a la
isla, que era una maravilla. Lo primero que nos extrañó fue el desecamiento del
río Tajo, que denunciaron unos piragüistas, para construir una carretera. Fue
la primera barbaridad. Después llegó la maquinaria pesada para quitar todo lo
que había entero, lo tiraron al pantano con excavadores, ni siquiera salvaron
los animales.
P. ¿Por qué denunció?
R. Primero
intentamos frenar con alegaciones al proyecto, porque era una zona de especial
protección de aves y Red Natura y no se podía construir. Pero, como siempre nos
pasa a los ecologistas, no nos hicieron caso. Así que denunciamos al Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, que nos dio la razón como el Supremo. Pero
para parar la obra de forma cautelar hasta que se solucionara el contencioso
nos exigió 141 millones de euros que no teníamos. Acabaron la primera fase y
siguieron hasta que se les paró la segunda y tercera.
P. ¿Hay vecinos a
favor del complejo?
R. Al principio
estaban todos de acuerdo, pero ahora están más divididos, porque han visto que
no se cumplían las promesas de empleo ni de riqueza.
P. ¿Se marchó de El
Gordo por la presión?
R. Sufrí seis años
de acoso por parte de los vecinos. Me rompían los cristales, me insultaban y
una noche me tiraron seis cócteles molotov dentro de la vivienda. Lo denuncié,
pero no llegó a nada porque no había testigos. Pero yo no tenía miedo. Nos
fuimos porque mi compañero comenzó a salir corriendo detrás de los chicos que
nos asaltaban y pensé que podía haber un golpe mal dado y acabar mal.
P. ¿Volvería a actuar igual?
R. Claro que sí.
Cuando entramos en un grupo ecologista sabemos a qué nos arriesgamos porque
impera el puesto de trabajo por encima de todo. Todos tenemos derecho a tener
un empleo, pero no a costa de la naturaleza ni del planeta.
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