Los ayuntamientos asumen que el trabajo por hacer es largo y complejo
La Junta reconocerá el estatus urbanístico de más de 30.000 casas ilegales en Cádiz pero su regularización seguirá dependiendo de los planeamientos municipales
F. J. F./F. M./J. G. / DIARIO DE CÁDIZ | ACTUALIZADO 12.01.2012 - 05:0Los ayuntamientos gaditanos más afectados por la construcción de viviendas ilegales en las últimas décadas celebraron ayer la aprobación por parte de la Junta de Andalucía del decreto de regularización de viviendas en la comunidad, que permitirá reconocer la situación de unas 225.000 edificaciones en la región, más de 30.000 de ellas en territorio provincial. Los representantes municipales aplaudieron la medida aunque subrayaron la necesidad de estudiarla a fondo, y recordaron que la Administración deja claro que serán los propios ayuntamientos los que tendrán que solucionar el problema del urbanismo ilegal a través de sus planeamientos.
Según las perspectivas de la Junta, nueve de cada diez construcciones levantadas en suelo no urbanizable (con más de cuatro años de antigüedad) acreditarán su situación, su existencia, hasta ahora obviada, mientras que el 10% de las casas tendrán que ser demolidas por estar ubicadas en zonas de riesgo natural como cauces de ríos o zonas inundables, o por estar afectadas por procedimientos judiciales en curso. La Administración ofrece de esta forma un soporte legal a las viviendas pero recuerda que los asentamientos deberán regularse y obtener dotaciones a través de los planeamientos municipales y con una condición inexcusable: que los propietarios paguen los costes del proceso.
El Puerto es uno de los municipios que más ha avanzado en la regularización de sus bolsas de urbanismo ilegal, que suman más de 4.400 viviendas. En el primer trimestre aprobará su Plan General de Ordenación Urbanística, que da soporte a las 54 áreas de regularización de viviendas distribuidas en el término municipal, según explicó el concejal delegado de Urbanismo, Diego Muñoz (PP).
Muñoz detalló que el desarrollo de 18 de estos espacios está pormenorizado en el PGOU, mientras que el resto deberá regularizarse a través de planes especiales individuales. Admitió que es un proceso muy complejo desde el punto de vista técnico y administrativo, con una inversión de unos 100 millones de euros en obras de urbanización y prestación de servicios básicos. "Los propietarios tendrán que dar un paso adelante, pero hay que ser consciente de la crisis que sufrimos y habrá que buscar fórmulas para facilitar los pagos", apuntó.
El proceso completo de regularización de El Puerto durará más de diez años, si bien el Ayuntamiento confía en que en esta legislatura puedan instalarse infraestructuras en todas las ARG.
En Sanlúcar, el Gobierno local, encabezado por la alcaldesa socialista Irene García, celebró ayer que "la Junta afronte una situación que afecta a miles de andaluces, mire de cara a un problema real y, consecuentemente, busque soluciones al mismo". Añadió que el Ayuntamiento "estaba pendiente de la aprobación de esta normativa que viene a abordar un tema que afecta en gran medida a Sanlúcar" y ahora "está a la espera de su publicación para conocer los detalles de un decreto que otorgará seguridad jurídica a los propietarios".
En relación al decreto autonómico, la alcaldesa anunció en abril de 2011 la realización de un "inventario" sobre el número total de viviendas ilegales que existen en Sanlúcar, así como su "situación física y jurídica". A falta aún de las cifras oficiales, desde hace años el Ayuntamiento toma como dato de referencia que las viviendas ilegales suman en la ciudad unas 6.000, repartidas entre importantes núcleos de población como la zona agrícola de La Algaida.
El delegado de Urbanismo de Vejer, Daniel Sánchez (PP), subrayó la "expectativa" que existe entre los vecinos con viviendas en suelo no urbanizable a cuenta del decreto de la Junta. "Es un marco para regirnos y nos permitirá seguir trabajando a través del Plan General y de los planes especiales", señaló Sánchez, que recordó que el decreto no implica una ordenación de las bolsas de vivienda ilegal ni que la Junta vaya a costear la instalación de servicios básicos, y que será el Ayuntamiento el que tendrá que seguir desarrollando su compleja labor de ordenación del territorio.
Desde Chiclana, donde se afronta la regularización de 15.000 viviendas ilegales, el delegado de Urbanismo, Andrés Núñez (PP), manifestó que el decreto "resulta a todas luces complejo, ambiguo y contradictorio y, lo más grave, que a simple vista parece que no soluciona el problemas de estas edificaciones". "El documento tiene un marcado carácter electoralista", lamentó Núñez. En contraposición, el portavoz del PSOE y exalcalde, José María Román, valoró que se arbitre una solución para viviendas que forman parte de la ciudad aunque recordó que los propietarios "tendrán que abonar los costes correspondientes para acceder a esos servicios, al igual que hicieron los que poseen viviendas legalizadas".
Marisol Ayala, concejala del Partido Vecinal Regionalista (PVRE), formación que defiende los intereses de las casas sin regularizar de Chiclana, opinó que el decreto de la Junta "no beneficia ni perjudica" a los propietarios de estos inmuebles y criticó el carácter "electoralista" de su publicación. Argumentó que en la localidad existe un "vacío urbanístico" en la localidad tras ser anulado el PGOU. "Hasta que no se apruebe el nuevo plan urbanístico, no se verá en qué situación quedan las casas sin regularizar", apuntó.
Según las perspectivas de la Junta, nueve de cada diez construcciones levantadas en suelo no urbanizable (con más de cuatro años de antigüedad) acreditarán su situación, su existencia, hasta ahora obviada, mientras que el 10% de las casas tendrán que ser demolidas por estar ubicadas en zonas de riesgo natural como cauces de ríos o zonas inundables, o por estar afectadas por procedimientos judiciales en curso. La Administración ofrece de esta forma un soporte legal a las viviendas pero recuerda que los asentamientos deberán regularse y obtener dotaciones a través de los planeamientos municipales y con una condición inexcusable: que los propietarios paguen los costes del proceso.
El Puerto es uno de los municipios que más ha avanzado en la regularización de sus bolsas de urbanismo ilegal, que suman más de 4.400 viviendas. En el primer trimestre aprobará su Plan General de Ordenación Urbanística, que da soporte a las 54 áreas de regularización de viviendas distribuidas en el término municipal, según explicó el concejal delegado de Urbanismo, Diego Muñoz (PP).
Muñoz detalló que el desarrollo de 18 de estos espacios está pormenorizado en el PGOU, mientras que el resto deberá regularizarse a través de planes especiales individuales. Admitió que es un proceso muy complejo desde el punto de vista técnico y administrativo, con una inversión de unos 100 millones de euros en obras de urbanización y prestación de servicios básicos. "Los propietarios tendrán que dar un paso adelante, pero hay que ser consciente de la crisis que sufrimos y habrá que buscar fórmulas para facilitar los pagos", apuntó.
El proceso completo de regularización de El Puerto durará más de diez años, si bien el Ayuntamiento confía en que en esta legislatura puedan instalarse infraestructuras en todas las ARG.
En Sanlúcar, el Gobierno local, encabezado por la alcaldesa socialista Irene García, celebró ayer que "la Junta afronte una situación que afecta a miles de andaluces, mire de cara a un problema real y, consecuentemente, busque soluciones al mismo". Añadió que el Ayuntamiento "estaba pendiente de la aprobación de esta normativa que viene a abordar un tema que afecta en gran medida a Sanlúcar" y ahora "está a la espera de su publicación para conocer los detalles de un decreto que otorgará seguridad jurídica a los propietarios".
En relación al decreto autonómico, la alcaldesa anunció en abril de 2011 la realización de un "inventario" sobre el número total de viviendas ilegales que existen en Sanlúcar, así como su "situación física y jurídica". A falta aún de las cifras oficiales, desde hace años el Ayuntamiento toma como dato de referencia que las viviendas ilegales suman en la ciudad unas 6.000, repartidas entre importantes núcleos de población como la zona agrícola de La Algaida.
El delegado de Urbanismo de Vejer, Daniel Sánchez (PP), subrayó la "expectativa" que existe entre los vecinos con viviendas en suelo no urbanizable a cuenta del decreto de la Junta. "Es un marco para regirnos y nos permitirá seguir trabajando a través del Plan General y de los planes especiales", señaló Sánchez, que recordó que el decreto no implica una ordenación de las bolsas de vivienda ilegal ni que la Junta vaya a costear la instalación de servicios básicos, y que será el Ayuntamiento el que tendrá que seguir desarrollando su compleja labor de ordenación del territorio.
Desde Chiclana, donde se afronta la regularización de 15.000 viviendas ilegales, el delegado de Urbanismo, Andrés Núñez (PP), manifestó que el decreto "resulta a todas luces complejo, ambiguo y contradictorio y, lo más grave, que a simple vista parece que no soluciona el problemas de estas edificaciones". "El documento tiene un marcado carácter electoralista", lamentó Núñez. En contraposición, el portavoz del PSOE y exalcalde, José María Román, valoró que se arbitre una solución para viviendas que forman parte de la ciudad aunque recordó que los propietarios "tendrán que abonar los costes correspondientes para acceder a esos servicios, al igual que hicieron los que poseen viviendas legalizadas".
Marisol Ayala, concejala del Partido Vecinal Regionalista (PVRE), formación que defiende los intereses de las casas sin regularizar de Chiclana, opinó que el decreto de la Junta "no beneficia ni perjudica" a los propietarios de estos inmuebles y criticó el carácter "electoralista" de su publicación. Argumentó que en la localidad existe un "vacío urbanístico" en la localidad tras ser anulado el PGOU. "Hasta que no se apruebe el nuevo plan urbanístico, no se verá en qué situación quedan las casas sin regularizar", apuntó.
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