El plan de protección del litoral recoge con el segundo nivel de protección sectores en El Palmar, Zahora y Barbate

El plan de protección de la Junta blinda el litoral de Tarifa

Sectores de Los Caños y Conil también han sido calificados como zona de protección 1 en los que se prohíbe casi cualquier edificación

J. G. / A. R. CÁDIZ / ALGECIRAS | ACTUALIZADO 30.07.2013 - 07:08

Manifestación contra la especulación urbanística en la Costa de Trafalgar.

 

Varias zonas del litoral gaditano quedan protegidas especialmente en el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta somete a información pública hasta el próximo 31 de octubre. La costa tarifeña es la que se encuentra más afectada por el plan, aunque también hay sectores de Conil y Los Caños que reciben la calificación de protección más alta. En total, en la provincia de Cádiz hay 1.160 hectáreas afectadas por la protección, en la que se encuentran 16.665 viviendas, según recoge el documento elaborado por la administración regional.

Los niveles de protección territorial se dividen en dos escalas (PT1 y PT2). En el primero de ellos se encuentran los suelos con características naturales o paisajísticas relevantes para preservar la franja litoral, los sometidos a riesgos naturales y los colindantes con dominio público marítimo terrestre o con Espacios Naturales Protegidos. "El planeamiento urbanístico deberá clasificarlos como suelo no urbanizable de especial protección, se prohíbe la construcción de edificaciones, salvo las vinculadas a adecuaciones recreativas, senderos, observatorios o accesos a playas y todos compatibles con valores naturales y paisajísticos protegidos", según establece el plan.

Para el segundo nivel de protección, el planeamiento urbanístico deberá clasificar esos suelos igualmente "como suelo no urbanizable de especial protección o como sistema general o local de espacios libres, si bien se autorizan las construcciones e instalaciones necesarias para explotación agraria, actuaciones de interés público para infraestructuras, instalaciones recreativas, turísticas o de ocio compatibles con la preservación natural de los terrenos".

El documento concluye que el intenso proceso de urbanización desarrollado ha cambiado la fisonomía del litoral y que las previsiones de planeamiento urbanístico vigente lo haría cambiar más, por lo que procede revisar la "sobreoferta de suelo urbanizable". Y la provincia de Cádiz tiene un peso fundamental en este plan, puesto que de las 2.700 hectáreas afectadas a nivel andaluz, de las que el 82% son suelos ya protegidos por la normativa ambiental o la planificación territorial, casi la mitad corresponde a suelo gaditano, el 45%.

La comarca del Campo de Gibraltar concentra buena parte de la franja costera con mayor protección sobre el conjunto de la provincia, con 602,31 hectáreas de suelo urbanizable que pasan a estar catalogadas como PT1 y PT2 (colores rojo y amarillo en la infografía adjunta). En la práctica, y según el proyecto del plan, supone un frenazo a iniciativas que generaron un intenso rechazo social (a la par que adhesiones) como la macrourbanización proyectada en Valdevaqueros (Tarifa).

De hecho, el término municipal tarifeño aparece en el documento coloreado de rojo en buena parte de su longitud, con 357,47 hectáreas donde, en caso de que el documento quede aprobado sin cambios, no estarán permitidas nuevas edificaciones de ningún tipo -sólo la reconstrucción de las existentes- pese a que todas son zonas urbanizables según el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) vigente desde 1989.

La franja roja abarca a los sectores de Valdevaqueros (74,13 hectáreas); Las Piñas (83,44); Torre de la Peña (37,07); Los Lances (61,6) y Pedro Valiente (101,23 hectáreas). Los dos primeros sectores tienen ya sendos planes parciales aprobados. Toda esta superficie supone una trama continua a lo largo de la costa Atlántica que actualmente se encuentra prácticamente virgen. El documento reconoce que la protección busca preservarla de la presión urbanizadora y sus efectos sobre el medio ambiente.

San Roque concentra la segunda franja de mayor tamaño donde se prevé aplicar el grado 1, con 200 hectáreas en Guadalquitón. Aunque el PGOU en vigor contempla la posibilidad de erigir hasta 2.800 viviendas, las autoridades locales ya han mostrado en reiteradas ocasiones su voluntad de preservar en el futuro planeamiento, atascado por una elaboración que supera ya los 14 años, la densa masa de alcornocal que se extiende hasta la misma playa y que supone una extensión del parque natural de Los Alcornocales. Asimismo, la catalogación como PT1 viene a reforzar la protección que le concedió el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Campo de Gibraltar como área de oportunidad.

También en este municipio quedan limitadas las edificaciones en dos sectores de Torreguadiaro (22,09 hectáreas). Aquí, según el documento, constan como proyectados sendos usos residenciales con un máximo de 281 viviendas en terrenos que ahora pasan a ser PT2.

Por último, en La Línea una superficie de 22,75 hectáreas en la zona de El Zabal-Los Charcones consta igualmente como PT2. Se trata de la zona contigua a la trama urbana de la ciudad donde proliferan parcelas ilegales pese a ser terreno inundable y afectado por el dominio público hidráulico.

Todo esto en cuanto a sectores urbanizables. Atendiendo a las zonas declaradas como no urbanizables, el plan litoral refuerza la protección de enclaves como la desembocadura del río Palmones (Los Barrios) o el yacimiento de Carteia (San Roque).

El plan de protección del corredor litoral blinda en Conil los sectores que van por el interior desde el Puerto de Conil hasta la urbanización Cabo Roche, unas 140 hectáreas. Ambos sectores, colindantes con el Puerto de Roche y protegidos por el Plan de Ordenación Territorial de la Janda como zona de valor paisajístico, han sido calificados como zona de protección PT1. Según el plan de la Junta, los sectores, catalogados como urbanizable sectorizado, no tienen una función básica en la estructura municipal del planeamiento vigente y su desarrollo urbanístico afectaría negativamente a los valores naturales y paisajísticos que atesora la zona, transformaría el uso forestal, reduciría la recarga del acuífero y potenciaría la erosión y el arrastre de áridos hacia el puerto conileño, además de incrementar la presión urbana sobre el sistema litoral.

El plan destaca el retroceso de los acantilados alrededor del puerto de la Almadraba y en Fuente del Gallo, así como el carácter regresivo en toda la playa de El Palmar, una zona sensible a los efectos de la subida del nivel del mar.

Los terrenos colindantes con la playa de Castilnovo y Mangueta tienen la función de frenar los procesos urbanísticos irregulares, así como la zona que va de El Palmar a Zahora. El plan recoge con el segundo nivel de protección sectores en El Palmar, Zahora y Barbate (170 hectáreas entre los tres). Estos dos últimos comprenderían desde el faro de Trafalgar, el tómbolo y la playa de Zahora -zona inundable ocupado en gran parte por edificaciones irregulares- hasta el área de crecimiento lineal del núcleo de Los Caños . Entre esos dos sectores se encuentra otro cuya protección es de nivel 1, aunque esté clasificado actualmente como suelo urbanizable sectorizado. El desarrollo de ese sector de 30 hectáreas conllevaría la ocupación del único espacio libre de edificaciones entre Zahora y Los Caños y la presión de los usos turísticos sobre un sistema natural frágil. El ámbito de planeamiento afectado en El Palmar y Barbate aglutina en la actualidad y según el plan a 1.543 viviendas.

Supone un enclave singular por las relaciones entre el medio terrestre y marino lo que da lugar a un espacio de marismas y arenales que configuran el Parque Natural. Las actividades productivas relacionadas con la acuicultura y las salinas pueden verse afectados por el transporte de sedimentos a las marismas si se urbanizan los terrenos colindantes, por lo que hay que cuidar dicho entorno. La protección, de nivel 2, que el plan recoge para esta zona del borde de las marismas afecta parcialmente a un suelo urbanizable no sectorizado de Puerto Real, en la zona comprendida en la franja de 500 metros desde el deslinde del dominio público marítimo terrestre y a otros dos ámbitos también no sectorizados de San Fernando que, además de sus condiciones naturales de interés, tienen una ubicación estratégica para amortiguar la presión del núcleo urbano sobre la marisma. En concreto, el sector de la Villa afectado son 273 hectáreas situadas junto al campo de golf Villanueva, mientras que los terrenos isleños son los polvorines de Fadricas de uso militar -considerados zona de expansión de San Fernando en un entorno de gran valor ecológico- y las instalaciones militares de Camposoto, que suman un total de 184 hectáreas.

El ámbito del plan en esta zona se asienta sobre terrenos fundamentalmente arenosos y cuya costa presenta un proceso de erosión intenso que afecta a playas, acantilados y dunas. Es necesario destacar que los corrales de pesca de Rota están reconocidos como Monumento Natural. En este tramo del litoral, el plan incluye como zonas protegidas con el segundo nivel un sector de Bonanza por su posición respecto a los hábitats colindantes de interés y otro en el entorno de La Jara para evitar la intensificación de la ocupación del litoral; en Chipiona el sector afectado se sitúa entre las playas del Camarón y Tres Piedras y el plan argumenta su protección para posibilitar la ruptura del continuo urbano entre Chipiona y Costa Ballena y la conexión entre el litoral y los pinares situados más al interior; finalmente un sector localizado entre la urbanización Costa Ballena y la playa de Aguadulce, en Rota, también ha sido calificada como protegida con nivel 2 para evitar la ocupación de la primera línea de costa y favorecer la regeneración de las formaciones dunares existentes. En total se ven afectadas unas 130 hectáreas de la Costa Noroeste.