La Junta prepara una nueva regularización de viviendas ilegales
- Permitirá que los ayuntamientos aprueben planes especiales fuera de sus PGOU
La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, explicará este miércoles cómo se realizará la nueva regularización de viviendas ilegales que prepara la Junta. Según el portavoz Elías Bendodo, en la comunidad hay unas 300.000 casas en esta situación y la idea es regularizar, de tal modo que sus propietarios puedan acceder a los suministros de electricidad, agua y al registro oficial.
Las dos reformas fundamentales serán ampliar los motivos para incluir a las viviendas levantadas en suelos rústicos en Asimilados Fuera de Ordenación (AFO) y permitir a los ayuntamientos realizar planes especiales fuera del plan general y el PGOU. Esto último supondría una reforma legal de mucho calado porque supondría convertir casi en papel mojado a los PGOU. No es la primera vez que la Junta regulariza viviendas. El proceso anterior fue el de 2015 y se calcula que debía beneficiar unas 20.000 casas.
Las regularizaciones mediante la inclusión en los asimilados fuera de ordenación no suponen una legalización de las casas, pero sí permite registrarlas y acceder a los servicios de luz y de agua. El problema de estos diseminados ilegales es más grave en provincias como Almería y Málaga. El primer Gobierno de Susana Díaz accedió a una de estas regularizaciones porque había parcelaciones ilegales cuyos nuevos propietarios, muchos de ellos extranjeros, desconocían esa situación. Este proceso ya motivó un roce entre Díaz sus aliados de entonces, IUAunque Elías Bendodo ha sostenido que esto no supondrá "una amnistía general", la impresión es que se desea regularizar todas las viviendas menos aquellas que incurran en un incumplimiento de gravedad medioambiental flagrante, como estar construida en los cauces de los ríos.
La Junta cambiará la Ley de Ordenación del Territorio para regularizar las viviendas alegales
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha iniciado hoy los trabajos pertinentes para llevar a cabo una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio para "regularizar aquellas viviendas alegales existentes en la comunidad y darles una segunda oportunidad".
Así lo ha indicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en rueda de prensa en Huelva tras reunirse con el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, señalando que lo que se persigue es que "aquellas familias que con buena fe han adquirido y obtenido una vivienda que se encuentra en un limbo legal tengan una salida".
En este punto, ha advertido, que se distinguirá entre estas y aquellos otros que hayan actuado "de mala fe", como algunas que empresas que han construido fuera de los "ámbitos razonables", y ha incidido en que la voluntad del Gobierno andaluz es "regularizar el máximo de viviendas posibles".
Como no todas tienen las mismas circunstancias, "lo primero es realizar un marco normativo que nos lo permita y el estudio pertinente para saber cómo, en qué momento y circunstancia se puede hacer", ha señalado Moreno quien ha dejado claro que en esta legislatura "la mayoría de las viviendas irregulares y alegales existentes en la comunidad encontrarán acomodo en la ley".
Con respecto al número, ha indicado que, por el momento, no es posible saberlo ya que "hay una casuística, muy diversa y compleja, requiere estudio pormenorizado" y ha añadido que "lo que tenemos claro es que no podemos seguir más tiempo así, con asentamientos de miles de personas que no pueden contratar agua o no cuentan con redes de saneamiento, hay que buscar una salida y darles una especie de segunda oportunidad".
Ha indicado que todo ello se hará con "criterios objetivos y razonables" y gracias a una "ambiciosa modificación" de la Ley de Ordenación del Territorio, para la que se contará con la colaboración de los ayuntamientos, "para pasar de lo alegal a lo legal".
Moreno ha apuntado que será precisamente esta colaboración la que retrase "un poco" el proceso, ya que ante la cercanía de las elecciones municipales habrá que esperarse a su celebración para que el Gobierno andaluz pueda sentarse con los nuevos alcaldes.
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