Conil aprueba unas ordenanzas urbanísticas para legalizar 5 mil viviendas mientras que el Ayuntamiento de Barbate se muestra incapaz de regularizar la situación de Zahora a pesar de existir una sentencia judicial que le obliga a ello.

Conil aprueba unas ordenanzas de legalizacion de las viviendas de sus diseminados mientras el Ayuntamiento de Barbate pretende aprobar el nuevo PGOU para llevar a cabo macro proyectos turísticos como la creación de 1200 plazas hoteleras en los llanos aluviales de Zahora, zona protegida situada junto al Cabo de Trafalgar y, mientras pedanías como Zahora siguen sin regularizar. 

Conil cambia sus ordenanzas urbanísticas para legalizar cerca de cinco mil viviendas

La mayor parte de las construcciones irregulares están diseminadas en el término municipal edificadas en suelo agrícola

F. S. ZAMBRANO CADIZ | ACTUALIZADO 30.08.2014 - 05:04

El pleno del Ayuntamiento de Conil (Cádiz), gobernado por Izquierda Unida (IU) ha dado luz verde a tres ordenanzas municipales que abren el camino a la regularización de unas 5.000 viviendas diseminadas en el término municipal, la mayor parte construidas en suelo agrícola. Las nuevas normas han salido adelante gracias a la adaptación hace dos años del PGOU de Conil a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y muy especialmente al reciente decreto 2/2012 de la Junta, que otorga a los ayuntamientos la potestad para ejecutar estos trámites.

La elaboración de estas ordenanzas es la culminación de un intenso estudio previo realizado por los técnicos del área municipal de Urbanismo, que determinó que del total de las viviendas cuya situación podía regularizarse, un 10% está repartido en cuatro asentamientos urbanísticos, mientras que el 90% restante, en torno a unas 4.500 viviendas, se encuentran diseminadas en el campo, en suelo agrícola. Este segundo conjunto de edificaciones podrían iniciar en poco tiempo los trámites para ser declaradas Asimiladas a Fuera de Ordenación (AFO). 

El pleno municipal aprobó, con los votos a favor de IU, PSOE y PA y la única abstención del PP, tres ordenanzas que regularán todo el procedimiento. La primera declara en situación asimilada a la legalidad todos los usos, construcciones e instalaciones establecidas en suelo no urbanizable del municipio conileño. Es decir, regula los requisitos que tienen que cumplir estos inmuebles, como, por ejemplo, que no se encuentren inmersos en un proceso sancionador, que no estén en suelo de especial protección o inundable y que tengan más de seis años de antigüedad, ya que este es el plazo establecido en el decreto de la Junta por el cual se considera prescrito el supuesto delito contra la ordenación del territorio.

La segunda norma regula las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones en suelo no urbanizable. Para poder iniciar este proceso de regularización, el propietario de la vivienda tendrá que aportar la documentación de identificación del inmueble, la documentación de terminación de la edificación y la certificación que acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad que fija la propia ordenanza. 

Los titulares de este tipo de construcciones en el campo podrán solicitar un certificado que les permitirá iniciar trámites como registrar la propiedad de la vivienda o pedir servicios y suministros básicos como el agua o la luz. Este certificado, que será emitido por el Ayuntamiento, tendrá un coste para el propietario que será equivalente al 3,45% del presupuesto de ejecución material de la construcción, tal y como recoge la tercera de las ordenanzas aprobadas en el pleno, en este caso de carácter fiscal. El decreto de la Junta establece que el coste de este servicio corre a cargo del propietario de la vivienda y no de la administración que lo emite. 

Estas ordenanzas, que habían sido consensuadas antes del pleno del jueves por los grupos municipales de IU y PSOE, serán publicadas durante un plazo de 30 días.