INFORME DIRIGIDO AL FORO CIUDADANO DE BARBATE EN RELACIÓN CON LA REPRIVATIZACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZAHORA Y LOS CAÑOS DE MECA.BARBATE..

AL FORO CIUDADANO DE BARBATE
Zahora. Barbate a 16/1/2015

El Objeto de este informe que presentamos al Foro Ciudadano de Barbate es solicitar su ayuda en relación con estra problemática que se ha creado en torno a la posible privatización del proyecto de abastecimiento de agua en la zona de Zahora y Los Caños. El Colegio Público y los vecinos de Zahora y de Los Caños no tienen acceso al servicio municipal de abastecimiento de agua y, ahora, el Ayuntamiento, Aqualia y una asociación de propietarios se han puesto de acuerdo para que sean los propios vecinos los que costeen por adelantado las redes públicas de abastecimiento cuya prestación corresponden a Aqualia y al Ayuntamiento como se expresa en el siguiente

INFORME SOBRE EL ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ZAHORA-LOS CAÑOS FIRMADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO, AQUALIA Y LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS RED ABASTECIMIENTO LOS CAÑOS Y ZAHORA. 

El Acuerdo Marco se aprobó por Decreto de la Alcaldía nº 831/2014, de 11 de marzo y el Sr. Alcalde sacó un Bando invitando a los vecinos a que se adhiriesen a este acuerdo incluso antes de que este fuese aprobado inicialmente por el Pleno Municipal con los votos a favor del equipo de gobierno del PSOE, las abstenciones del PP y PA y el voto en contra de IU. 
En el mes de exposición Pública, la Asociación de Vecinos  "Costa de la Luz" y 168 vecinos de Zahora presentaron alegaciones para impugnar dicho Acuerdo al no estar de acuerdo con muchos aspectos ni con las condiciones económicas contenidas en el mismo, tras considerarse que al tratarse de un servicio público municipal debe de ser el Ayuntamiento el encargado de llevar a cabo la obra pública y no que sean los abonados los que paguen por adelantado las obras, lo que deberían hacer después a través de un canon o contribuciones especiales una vez que tuviesen acceso al servicio.
Sin haber contestado a las alegaciones, el Ayuntamiento, introduciendo en el texto pequeñas modificaciones sin transcendencia, aprueba definitivamente el acuerdo en el Pleno del 9 de septiembre.
Una vez analizado el texto (que por cierto no ha sido facilitado por el Ayuntamiento a pesar de haber sido solicitado), la Junta Directiva y los abogados de la asociación de vecinos estiman que sus condiciones siguen siendo prácticamente las mismas que motivaron las alegaciones. Además, en el Pleno de 4 de octubre donde se iba a aprobar el Acta del pleno anterior que incluía la aprobación del Acuerdo Marco, se comprobó, a petición de la asociación así lo expusieron los grupos de la oposición, que en el informe jurídico del Servicio Municipal de Urbanismo faltaban las alegaciones de 48 vecinos, por ello se acordó dejar sobre la mesa la aprobación de dicho Acta.
El Acuerdo mantiene las mismas condiciones y contradicciones que fueron objeto de las alegaciones presentadas y que entendemos chocan con el principio de universalidad, del fácil acceso sin mayores trabas económicas, que debe tener la prestación del “Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales” 
Como se recoge en la normativa vigente (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares), y constatan los informes jurídicos del propio Ayuntamiento, “el Ayuntamiento debe prestar estos servicios municipales y la empresa concesionaria Aqualia debe encargarse de llevar a cabo las Ampliaciones de las Redes y las Instalaciones (Cláusula 20)y “viene obligada a realizar un Plan Director de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, en el plazo no superior a un año” (22).
En cuanto a la “Financiación de obras de ampliación, renovación, y mejora de redes e instalaciones” , la Cláupsula 23 especifica claramente que “Las obras de ampliación, renovación, y mejora de redes e instalaciones son por exclusiva cuenta del Ayuntamiento. El concesionario deberá ejecutar y financiar a solicitud del Ayuntamiento estas obras comprometiéndose el Ayuntamiento a reembolsarle las cantidades invertidas bien directamente o mediante la imposición de un canon de infraestructuras dentro de las tarifas aplicables a los abonados o mediante cual quier otra fórmula que se pacte de común acuerdo”. 
Todo esto se incumple con la firma de este Acuerdo Marco que ya en su Estipulación primera “legitima a la asociación de propietarios para la contratación de una obra pública” y también se legitima a dicha asociación de propietarios del suelo rústico para que prepare el contrato de las obras, lo redacte cuando en modo alguno pueden constituirse, al menos por ahora, en una entidad urbanística colaboradora de la administración, en los términos previstos en el Reglamento de Gestión Urbanística y LOUA”.
En el Acuerdo también se recoge que quien quiera acceder al agua o incluso presentar una iniciativa para un proyecto de abastecimiento antes tiene que adherirse a este acuerdo (pags. 6-7) o que todo aquel que quiera engancharse a la red deberá pagar un suplemento económico adicional, en concepto de recargo de acometida, un importe como mínimo igual al que se promedie como la aportación económica individual que se fije por edificación (pag.10). Esta cantidad puede ser de 2 mil euros por vivienda sólo para para pagar las tuberías que van por la vía pública, de cuyos gastos debería hacerse cargo el Ayuntamiento o, en este caso, AQUALIA, como empresa gestora de este servicio público.
Por lo tanto, con la firma de este acuerdo el Aytº y Aqualia no solo contravienen e incumplen la propia normativa y sus obligaciones sino que ejercen presión sobre los vecinos para que los vecinos se adhieran a un Acuerdo Marco que coarta sus derechos de acceso a un servicio pçublico municipal. 
Por otro lado, en cuanto al modo de actuar del Aytº, no podemos olvidar que es especialmente indignante y vergonzoso que los que gobiernan siempre digan que el Aytº no tiene recursos económicos y que no se puede hacer cargo de esta obra pública en el municipio, pero para eso de procedió a la concesión del servicio a Aqualia.
Por otro lado, si bien es cierto que Barbate atraviesa una difícil situación económica por causa de las retenciones debidas a la deuda contraída con el Estado, el Ayuntamiento si ha podido y puede acceder a subvenciones procedentes de los fondos públicos del Estado y de otras Administraciones para la creación de empleo y realización de obras públicas como ha ocurrido en varias ocasiones y, al menos, haber puesto ya el agua en el Colegio Público de Zahora, no que este equipo de gobierno cuando tuvo la ocasión, prefirió destinar una partida de 170 mil euros (Plan E, Ministerio de Fomento) para llevar las tuberías hasta los antiguos apartamentos de los Caños que desde el pasado verano tienen agua potable.
Desconocemos las razones que motivaron al Sr. Alcalde y a su equipo de gobierno el que se tomara esa decisión que, como mínimo, ha supuesto un agravio a los habitantes del Municipio permitiendo dejar sin agua al Colegio Público y al resto de la población de Zahora y de Los Caños, teniendo las tuberías a la vuelta de la esquina.
De nada sirvieron las protestas que en 2010 presentaron los vecinos y el A.M.P.A. del Colegio de Zahora-Los Caños, el Sr. Alcalde hizo caso omiso de su escrito acompañado con mil quinientas firmas y el Defensor del Pueblo Andaluz, archivó la Queja presentada por la Asociación de vecinos.
Y, claro, ahora a pesar de la controversia creada con los vecinos, el Ayuntamiento y Aqualia, hacen todo lo posible por sacar adelante este Acuerdo porque se benefician, primero Aqualia que venderá el agua sin tener que haber costeado inicialmente las obras y el Ayuntamiento por las mismas razones, y el Sr. Alcalde porque tiene la oportunidad de que por fin el agua podrá llegar al Cole, gracias a que con el Acuerdo los propietarios y los vecinos costearán las instalaciones que les corresponde prestar a la Administración.
Por todo ello la Asociación de Vecinos “Costa de la Luz” ha acordado, si antes no se llega a un acuerdo en cuanto a las condiciones de dicho acuerdo, presentar los recursos administrativos y judiciales que sean necesarios.