El Consejo de Ministros ha aprobado su reforma de la Ley de Costas que amplia 75 años las concesiones en el litoral

Paisaje natural de la costa de Trafalgar... menos mal que la Ley no permite la alteración del mismo...

de Salvar Trafalgar, el El Viernes, 5 de octubre de 2012 a la(s) 18:31 ·

El Gobierno indulta 10.000 viviendas en primera línea playa

El Consejo de Ministros ha aprobado su reforma de la Ley de Costas que amplia 75 años las concesiones en el litoral

JAVIER GREGORI   05-10-2012

En su reunión de este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Costas. Entre los cambios que se introducen destaca la ampliación -hasta los 75 años- de las concesiones a las 10.000 viviendas, 23.000 explotaciones turísticas y 3.000 chiringuitos que ocupan ahora la zona pública protegida de la costa y cuyas concesiones terminaban en el 2018

Es la primera vez en 25 años, que se reforma la Ley de Costas, y el gobierno del PP lo hace con un objetivo básico: evitar la demolición de 10.000 viviendas particulares cuyas concesiones administrativas para ocupar la primer linea de playa terminaba dentro de sólo cinco años.

El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado esta reforma legal tras la reunión del ejecutivo y ha anunciado que se evitará la demolición, sólo en el año 2018, de 2.000 viviendas costeras, muchas de ellas propiedad de ciudadanos europeos.

Esta modificación legal también establece nuevos permisos de cuatro años para los "populares" chiringuitos y, por primera vez, desprotege las dunas costaras.

Además, "con el objetivo de dar respuesta a la demanda social de muchos municipios", el Gobiernolegalizará también barriadas que están ocupando, de forma irregular, el llamado "dominio público marítimo-terrestre", como el Pedregalejo y El Palo (costa de Málaga).

Según Medio Ambiente, esta reforma legal pretende combinar la explotación económica del litoralcon la protección de la costa, pero todos los grupos ecologistas denuncian que el fin es otro: urbanizar los pocos espacios vírgenes que quedan en las playas de nuestro país.

Con respecto a las concesiones, la reforma de Ley de Costas también permitirá la transmisión del título de propiedad de las viviendas que ocupan el Dominio púbico marítimo-terrestre y cuyas concesiones expiraban en el año 2018.

Por último, la nueva "Ley de Costas" del PP clasifica las playas en dos tipos: las urbanas (las que están situadas cerca de suelos urbanizados) y las playas naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas, se impone un nivel de protección mayor aún al ya vigente y se restringirán las ocupaciones.

El proyecto de reforma de la Ley de Costas, que hoy tiene previsto aprobar el gobierno, todavía tiene que pasar el trámite parlamentario para que entre en vigor.

Amplía los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, siempre que sean respetuosas con los dominios público marítimo-terrestre

   MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, que a partir de ahora inicia su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya Saénz de Santamaría ha destacado que la norma dará "seguridad jurídica" a ciudadanos y empresas y "reforzará la protección ambiental" de la costa, al tiempo que se evitarán "situaciones irreversibles". Por todo ello, ha insistido en que se trata de"un cambio normativo muy importante".

   Así, el nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988. En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarán alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.

   De este modo, el Gobierno pretende acabar "con la indeterminación y ambigüedad existente desde hace décadas" que ha permitido, según Medio Ambiente, la proliferación de diversas ocupaciones irregulares. Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabiliziar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).

PRINCIPALES MODIFICACIONES

   Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplicar criterios técnicos para deslindar la costa, según Medio Ambiente. La reforma también introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá "un nivel de protección mayor" al vigente.

   Para reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales para evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.

   Otra medida contempla el impedimiento de nuevas edificaciones en el DPMT y la prohibición de que las necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan un aumento de volumen, altura o superficie. Por otro lado, para lograr una completa seguridad jurídica, se garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos por lo que los bienes de DPMT deben inscribirse en el Registro de la Propiedad.

   También se ampliarán los plazos máximos de las concesiones hasta 75 años, como hacen otras leyes como la Ley de Aguas, siempre que se trate de actividades respetuosas con el DPMT. Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años.

   En cualquier caso, Medio Ambiente precisa que no se trata de "una prórroga indiscriminada" ya que en aquellos casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera "será necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga".