La Junta frena la construcción de 60 viviendas
ilegales en El Palmar
Fuente: Redacción Ser La Janda febrero 21, 2020
Fuente: Redacción Ser La Janda febrero 21, 2020
Se han iniciado los procedimientos
sancionadores frente a los parceladores que se estaban lucrando vendiendo las
parcelas. Sólo uno de los parceladores se enfrenta a una sanción de más de 600.000
euros.
Los servicios de inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio han terminado este viernes una operación que arrancó el pasado miércoles para paralizar la
construcción de viviendas ilegales
en El Palmar, en el término municipal de Vejer precintando un total de
60 construcciones.
Según ha indicado la Junta en una nota, la intervención ha contado con la
colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional Adscrita a la Junta y
Policía Local de Vejer de la Frontera, Conil de la Frontera y Barbate. En concreto,
se han precintado 60 construcciones, la mayoría prefabricadas, que se habían
levantado en diez parcelas en suelo no urbanizable divididas en cien lotes. Por
su parte, Endesa ha procedido al corte del suministro eléctrico.
Además, se han notificado seis
multas por incumplimiento de la orden de paralización de las obras a aquellas
personas que hicieron caso omiso a dicha orden. Por último, se han
iniciado los procedimientos sancionadores frente a los parceladores que se
estaban lucrando vendiendo estos lotes de parcelas de suelo no urbanizable.
Estas sanciones pueden elevarse a un importe que ronda los dos millones de
euros. Sólo uno de los parceladores se enfrenta a una sanción de
644.162 euros.
Según ha explicado la Junta, esta actuación se enmarca dentro del
compromiso del Gobierno andaluz para “reforzar e incrementar la labor
inspectora y garantizar la correcta ejecución de la disciplina urbanística,
evitando así la proliferación de edificaciones ilegales en el territorio
andaluz como ha sucedido en las últimas décadas”.
El objetivo es evitar nuevas
parcelaciones en cooperación con los ayuntamientos y aplicar el nuevo decreto
ley sobre viviendas irregulares que entró en vigor el pasado 26 de septiembre y que tiene como
objetivo resolver una situación que padecen más de 300.000 familias, ha
añadido.
La Junta ha recordado que el 11 de julio y el 8 de agosto de 2019, se
iniciaron diversos procedimientos de protección de la legalidad urbanística por
los actos de parcelación, urbanización, edificación, construcción, instalación
y movimientos de tierra llevados a cabo sin licencia sobre las parcelas 255,
303, 306, 433, 447, 452, 453, 596, 597, 1053 del polígono 33 del término
municipal de Vejer de la Frontera. Dichos acuerdos fueron debidamente
notificados (aún implicando a cerca de un centenar de personas).
En dichos procedimientos se recogía que se ordenaba “la inmediata
suspensión de los referidos actos y el cese del suministro de los servicios
públicos”, advirtiendo a los responsables de que se procedería al precintado de
las obras e instalaciones y que en el caso de que la orden de suspensión
notificada fuese desatendida, se procedería a la retirada y al depósito de la
maquinaria y los materiales de las obras.
Además, se advertía a los promotores o encargados de obra, así como a las
empresas suministradoras, de que el incumplimiento de la orden de paralización
daría lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos
mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor
de las obras ejecutadas y, en todo caso, como mínimo, de 600 euros. También se
trasladó de que el incumplimiento de la orden de suspensión podía constituir un
delito de desobediencia, por lo que se daría cuenta al Ministerio Fiscal.
En las visitas de inspección giradas por el personal de Inspección posteriores
a la apertura de dichos procedimientos se constató que en la práctica totalidad
de las parcelas se estaban acelerando las obras, por lo que resultó
imprescindible la ejecución de las medidas cautelares: corte de suministros,
precintos y multas coercitivas.
La Junta ha indicado que tan solo en dos casos (parcelas 306 y 597) pudo
practicarse el precinto de las obras. No obstante, y para mayores
garantías de esta administración autonómica, se realizó una visita al
Ayuntamiento de Vejer –Oficina municipal de Estadística– para comprobar que ninguno de los interesados en estos procedimientos
se encuentra empadronado en las edificaciones objeto de dichos procedimientos,
extremo que se constató con acta firmada por la Oficial Mayor de la Corporación
Local.
Dado el inminente riesgo sobre la seguridad de las personas, así como el
riesgo de salubridad y medioambiental, la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha optado por llevar a cabo un
plan de choque. Las actuaciones de precintado y corte del suministro se han
llevado con absoluta normalidad, obteniendo en todo momento la colaboración de
los interesados, que son conocedores de que se tratan de edificaciones ilegales
y ya han manifestado a la administración autonómica que asumirán las órdenes de
suspensión.
