Pepe Fernández. Extra Jaen . 20 enero 2023
Opinión: Aqualia, ante el juez por la adjudicación de Barbate
Hace una semana, el pasado jueves día
12, empezó a rodar, en serio, una causa judicial de la que poco se ha hablado y
eso que todo empezó en 2012, hace once años.
Como fondo Barbate, un pueblo gaditano
de más de 22.000 habitantes presuntamente estafado mediante el gran negocio en
el que casi nadie profundiza, pero que hoy es más importante estratégicamente
que el del petróleo. Hablamos del agua, de la vida de los seres vivos en
definitiva, ya sean personas, animales o plantas. Y nadie profundiza porque,
como se verá a continuación, es un negocio en el que para cometer robos y
abusos (siempre a usuarios y consumidores pagadores) hace falta la colaboración
necesaria del político o del funcionario público de turno. ¿A cambio de qué?,
esa es la otra cuestión. Y también por el inmenso poder que acumulan los dueños
de ese negocio en España, capaces de amordazar a periodistas a través de los
propietarios de los medios e influyendo obviamente en sus cuentas de
explotación mediante notables inversiones, más de imagen corporativa que
publicitaria o comercial.
Dos alcaldes, acción y omisión
Hablamos en concreto del agua potable de
la localidad gaditana de Barbate ( 22.551 habitantes en 2018). Dando
explicaciones ante un juez se encuentran el exalcalde socialista de la
localidad Rafael Quirós Cárdenas y el actual Miguel
Molina Chamorro de Andalucía por sí, junto con Francisco
Jiménez Medina responsable regional en Andalucía de la
multinacional Aqualia entre otros. Esta empresa pertenece al Grupo FCC de Carlos
Slimp y Florentino Pérez, con el 51% del capital y el 49%
en manos del fondo australiano IFM Investors. La pasada semana ha comenzado en
el juzgado de Barbate la toma de declaraciones durante horas a los
denunciantes.
Todo empezó a tomar cuerpo en febrero
del año 21 con la derivación desde la Fiscalía Superior de Andalucía a la de
Cádiz de una primera denuncia recibida en Granada sobre presuntas
irregularidades delictivas en la concesión del servicio municipal de aguas de
Barbate, denuncia impulsada por Manuel Gil Quintero como
Presidente de la Plataforma por el Agua Pública. A esa denuncia se uniría
tiempo después una segunda firmada por los auditores externos -Antonio Moral
Muñoz y Rafael Teruel Lara- tras haber analizado y escrutado por encargo
del gobierno municipal las tripas del negocio y de la empresa entre los
ejercicios de 2012 y 2017, con especial atención a la singular adjudicación
municipal a Aqualia de tan valioso 'tesoro' público.
“Maquinar para alterar las tarifas de
abastecimiento”
En el relato fáctico que la fiscal
encargada del caso, Xela Nieves García, eleva al Juzgado habla de
“una trama encaminada a lograr la resolución del contrato de la concesionaria
del servicio en aquellos momentos -Agua y Gestión Integral del Agua SLU- para
adjudicárselo presuntamente de forma fraudulenta a Aqualia y posteriormente
maquinar para alterar las tarifas de abastecimiento saneamiento y depuración
del servicio, con el consiguiente beneficio extracontractual y en detrimento de
los ciudadanos de Barbate”.
Hace once años, en 2012, fue licitado
como contrato de emergencia de un año de duración, por 'procedimiento negociado
y sin publicidad' de carácter urgente un concurso exprés. De “las cuatro
empresas invitadas, se presenta solo Aqualia, que resulta adjudicataria por un
canon de 700.000 euros y con el compromiso de mantener las tarifas
vigentes en esos momentos” Fiscalía añade: “El segundo contrato, se
gesta sobre la base de ser un contrato definitivo de concesión del servicio por
el plazo de 25 años, mediante un procedimiento abierto, oferta económicamente
más ventajosa, trámite de urgencia, cuando ya no operaría esa premura, porque
regía un contrato anterior de un año, por lo que se deberá justificar esa
urgencia”.
Misteriosa intermediación
También se investigará la “excepcional e
injustificada” participación en ambos procesos de contratación de la mercantil
Urso Servicios Medioambientales S.L., una intermediación, se dice, que
contraviene la Ley de Contratos del Sector Público. “Sin que conste -se escribe
en la denuncia de Fiscalía- la contratación por el consistorio y sin justificar
tampoco el pago de sus servicios, cuando la factura si consta en la documentación,
y sin que se prevea en la legislación ni en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, la asistencia de empresa privada sobre la
idoneidad o no de las ofertas presentadas”.
Serán extremos a explicar ante el juez
tanto por parte del primer teniente de alcalde en 2012 y concejal delegado de
Hacienda, Jacinto Moreno de San Matías y del asesor jurídico
municipal Sr. Mata de Quintana, ya que hace referencia sus informes
de la intervención de dicha empresa.
Pero hay más cosas por aclarar. Por
ejemplo por qué, incumpliendo con descaro lo firmado en el contrato de
emergencia de un año de duración, de no subir la tarifa del agua, pocos meses
después proponen una subida que el pleno acaba aprobando incomprensiblemente.
La fiscal aclara que el 14 de mayo de 2012 se aprueba esa subida “sin la
intervención preceptiva del interventor municipal y sí con el informe del
asesor jurídico municipal Mata de Quintana” Lo que parece cierto es que
finalmente se acaban barajando tres tarificaciones diferentes “aplicando
injustificadamente la de mayor cuantía”.
Como era previsible pagan los barbateños
de su bolsillo.
5.490 sorpresas a 4 millones
Pero con la gestión de Aqualia al frente
del negocio hay más sorpresas en Barbate. Exactamente 5.490 sorpresas en
forma de nuevo contador del que nadie sabía nada. Fue “una aplicación indebida,
unilateral, no consensuada y permitida por el equipo municipal de
gobierno de esa fecha” se explica en la denuncia de la Fiscalía.
Con la llegada de un nuevo color
político a la corporación en 2015 -con alcalde AxSí- y el cabreo acumulado con
razón por los vecinos, Aqualia presionada dio un paso atrás y devolvió
unilateralmente lo cobrado por los contadores, sin contemplar intereses ni
recargos en las facturas de los ciudadanos, “por lo que consideramos en el
mismo sentido, el que lo hace en su denuncia don Manuel Gil Quintana, la
concurrencia de indicios de una estafa continuada, llevada a cabo por la
concesionaria y tolerada por el consistorio, que, según estimaciones hechas en
la denuncia, alcanzaría los 4 millones de euros”.
También se debe investigar judicialmente
la “inacción” del actual gobierno municipal tras conocer fehacientemente en
2018 la herencia encharcada con las turbulentas aguas municipales. La dejación
de funciones fiscalizadoras del equipo andalucista es patente y brilla por su
ausencia tras conocerse el contenido de la auditoría encargada por el
Ayuntamiento y donde los auditores denunciantes -Moral y Teruel- dejan, negro
sobre blanco, un rosario de presuntas irregularidades sino delitos. No solo no
se actúa según ordena la ley, “por el contrario, se ha continuado el contrato
de concesión y se han seguido los contactos con la mercantil Aqualia”. Todo
ello pese a que el 4 de noviembre de 2019 “existe comunicación de Francisco
Jiménez Medina, director regional de Aqualia, ante el ayuntamiento de
Barbate, concretamente al alcalde Molina Chamorro, en relación a la exigencia
de una deuda de esta corporación a la concesionaria (sin justificación alguna y
pendiente todo caso de la resolución en este sentido del procedimiento
administrativo cuando la tramitación se encuentra en el juzgado contencioso
administrativo número uno de Cádiz)”.
Estafa, prevaricación y malversación
La Fiscal Xela Nieves García,
en su escrito al juzgado del 15 de marzo de 2021, afirma que existen indicios
suficientes, “sin perjuicio de lo instruido”, de que los anteriores hechos
pudieran constituir delitos de estafa continuada, prevaricación administrativa
y delito continuado de malversación de caudales públicos. El Ministerio Público
hizo suyas las acusaciones de los denunciantes y formuló denuncia criminal
contra la empresa “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A. como persona
jurídica y en la persona física de su Director de Aqualia para Andalucía
Francisco Jiménez Medina en los años 2011 y siguientes y el Ayuntamiento de
Barbate, en las personas del alcalde de la Corporación en fechas 2012, D.
Rafael Quiros Cárdenas y Miguel Molina Chamorro, actual jefe de la Corporación
Local, sin perjuicio de la posible participación de más sujetos, que pudieran
surgir con el devenir de las diligencias adoptadas durante la instrucción”.
Se solicita que se inicien una serie de
diligencias instructoras que pasan por tomar declaración a los tres
denunciantes para que se ratifiquen y a una serie de testigos como la
Secretaria General del Ayuntamiento Manuela Mera Castillo, José
Querol Fernández responsable de la misteriosa empresa intermediaria
Urso que nadie sabe quien contrató ni por qué se pagó su trabajo. Por esta
razón se le pedirá testimonio judicial a Jacinto Moreno San Matías,
Primer Teniente de Alcalde en 2012 y concejal de Hacienda. Lógicamente también
están llamados a declarar el interventor municipal, Nicolás Cardoso
Ruiz y el Asesor Jurídico externo en la fecha de autos, Fernando
Llagas Gelo. Todo ello “sin perjuicio de que la condición en la que
declaren los anteriores pueda verse modificada en el devenir de la
instrucción”. De momento como “investigados” se propone que declaren los dos
alcaldes, el director regional de Aqualia y el asesor juridico externo. También
se solicita desde la Fiscalia que la causa del agua barbateña sea
declarada de especial complejidad dada la maraña que envuelve al caso.
Caso Barbate en campaña
La activación la pasada semana en el
juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Barbate de un llamativo y
escandaloso caso de corrupción como parece ser este de Aqualia con políticos de
la localidad implicados -aquí empezó con Serafín Núñez el 'Caso
Juan Guerra'- parece que nada tiene que ver con los calendarios
electorales. La coincidencia parece que obedece solo al ritmo de trabajo que se
acumula en la administración judicial española y gaditana en particular.
De todas formas, tras conocerse qué se investiga en esta causa, es lícito
preguntarse si este tipo de maniobras contra el interés de los ciudadanos en
general, se llevan a cabo en otras poblaciones o ciudades en este tipo de
servicios de primera necesidad. Especialmente en aquellas donde Aqualia tenga
que ver con el servicio de aguas correspondiente. Nuestros gobernantes actuales
de la derecha en la Junta de Andalucía, tan defensores de que el
ciudadano mantenga sus impuestos en su bolsillo, es de esperar que
activen mecanismos de fiscalización o control y llegado el caso aplicar
medidas disciplinarias para evitar precisamente que no se esquilme tan
declaradamente el bolsillo de los contribuyentes. Esto, por desgracia, parece
que no es una práctica exclusiva de la empresa de gestión del agua del Grupo
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Un negocio, el del agua que
bebemos los andaluces, cuyo grifo está fuera del control de Andalucía o lo que
es lo mismo, el sector privado andaluz piensa más en pasado y presente que en
el futuro. Hoy son multinacionales las que mandan en nuestras mangueras. Una de
esas cosas que el socialismo gobernante en Andalucía durante tres décadas no
fue capaz de prever ni resolver, como tantas otras cosas.
Un juzgado investiga si dos alcaldes de Barbate y Aqualia
"maquinaron" para encarecer el agua
Tanto los regidores Rafael Quirós (PSOE) como Miguel
Molina (AxSí), citados por el juez como investigados, como la multinacional han
transmitido a lavozdelsur.es "tranquilidad" por un procedimiento que
se encuentra en fase de instrucción. Fiscalía habla de presuntos delitos de
estafa, prevaricación y malversación
lavozdelsur.es EMILIO CABRERA
20 de enero de 2023 (19:54 CET)
El actual alcalde de Barbate, Miguel
Molina, en la inauguración, en 2018, del sistema de agua potable para el
colegio rural Almenara, en Zahora.
El Juzgado de Instrucción nº 1
de Barbate ha abierto diligencias contra Rafael Quirós
(PSOE), anterior alcalde de Barbate y Migue Molina (AndalucíaxSí), actual
alcalde del municipio; así como contra Aqualia, la empresa
especializada en la gestión del ciclo integral del agua. De esta forma, el juez
ha admitido una denuncia que llegó a través de la Fiscalía Anticorrupción y que
advierte de presuntos fraudes en la concesión de los contratos entre la
corporación municipal y la empresa de suministro. La Fiscalía señala tres
posibles delitos: estafa continuada, prevaricación administrativa y
malversación de caudales públicos.
La denuncia también menciona un
supuesto acuerdo entre los responsables políticos entre 2012 y 2017 y
Aqualia para "alterar las tarifas de abastecimiento, saneamiento y
depuración del servicio, con el consiguiente beneficio extracontractual y en
detrimento de los ciudadanos de Barbate. Ambas cuestiones han sido detectadas a
través de una audiotoría de la gestión del servicio municipal de aguas de
Barbate durante dicho periodo.
El escrito de la Fiscalía al que ha tenido
acceso lavozdelsur.es señala una vulneración de la Ley de Contratos del Sector
público. En dicho escrito se menciona la existencia de un primer contrato el 20
de marzo de 2012 que se licitó como contrato de emergencia y para un año
de duración. Además fue negociado y sin publicidad. Aunque hubo cuatro empresas
invitadas, sólo se presentó Aqualia, según explica la denuncia.
El Ayuntamiento adjudicó el suministro a
esta empresa por 700.000 euros y con el compromiso de mantener las tarifas
vigentes de aquel momento. El segundo contrato también se tramita de urgencia a
pesar de que se establece una concesión de 25 años. La denuncia señala que
"ya no operaría esa premura porque regía un contrato anterior de un
año".
La otra cuestión que se trata en la
denuncia es el incremento de las tarifas. En el escrito de la Fiscalía se
afirma que el 20 de marzo de 2012, Aqualia se comprometió a mantener los
precios durante un año. Sin embargo, el Pleno del Ayuntamiento de Barbate
aprobó dos meses después el incremento de las tarifas, según los
denunciantes. Estas tarifas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia en agosto "no siendo ni las que se contendrían en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares de la concesión de 25 años (...) ni las
aprobadas el 14 de mayo de 2012". "Nos encontraríamos con un
escenario de tres tarificaciones diferentes, aplicándose injustamente la de
mayor cuantía", expresa la denuncia de Anticorrupción. Por otra parte, los
denunciantes señalan que comenzaron a aplicarse antes de lo que hubiera
correspondido por ley.
El documento también incluye la
sustitución "injustificada" de los contadores en el periodo descrito
"con aplicación indebida, unilaterla, no consensuada y permitida por el
Equipo de Gobierno municipal". La cuestión fue denunciada en 2015 y
provocó que la concesionaria devolviera el importe aunque, señala la denuncia,
que "sin reconocimiento de intereses o recargos". Con estos hechos,
la Fiscalía considera que existen indicios "de una estafa continuada llevada
a cabo por la concesionaria y tolerada por el consistorio". Las
estimaciones realizadas afirman que podría llegar a los 4 millones de euros.
Los denunciantes acusan al Ayuntamiento barbateño de omitir la labor inspectora
sin que haya abierto "ningún expediente sancionador o en su caso, la
resolución del contrato que une al consistorio con la
concesionaria".
Tranquilidad entre los imputados
Este medio se ha puesto en contacto con
los investigados para conocer sus versiones sobre los hechos y la situación
actual. La defensa de ambos alcaldes señala que la denuncia se basa "en un
hecho erróneo de los auditores". Además, defiende que le corresponde a la
Intervención municipal denunciar estas irregularidades, si es que las hubiera.
"La intervención dice expresamente que en ningún momento de la
adjudicación de las actuaciones existe algo que se haya realizado
incorrectamente con respecto al contrato", expresa el abogado de la
defensa.
La investigación aún se encuentra en una
fase embrionaria. El juez ya ha tomado declaración a los denunciantes y
próximamente será el turno de los imputados. "En ningún caso hay motivos,
ni razón para continuar adelante con el procedimiento porque queda claro que
conforme a lo que es una actividad pública el control de una actividad pública
es de la Intervención", explica la defensa los acusados a este medio.
Además, señala que "el alcalde actual está muy tranquilo" porque
"se hicieron las cosas correctamente y los técnicos lo dijeron". Este
abogado recuerda que una denuncia similar se archivó en 2021 y que existen
"intereses personales" tras estos intentos. "Hay muchas
cuestiones que caen por su propio peso", sentencia.
Por su parte, Aqualia, cuyo director en
Andalucía también tendrá que comparecer ante el juez de instrucción expresa su
"tranquilidad" porque "somos muy transparentes y colaboramos con
la justicia sin ningún tipo de problema". La empresa habla de
"denuncias infundadas" porque "vienen de un planteamiento
ideológico" y confía en demostrarlo en la sala. "Nos tomamos en serio
el proceso judicial, pero tenemos la conciencia tranquila".
