Aqualia, ante el juez por la adjudicación de Barbate

 

Pepe Fernández. Extra Jaen . 20 enero 2023

Opinión: Aqualia, ante el juez por la adjudicación de Barbate

Hace una semana, el pasado jueves día 12, empezó a rodar, en serio, una causa judicial de la que poco se ha hablado y eso que todo empezó en 2012, hace once años.

Como fondo Barbate, un pueblo gaditano de más de 22.000 habitantes presuntamente estafado mediante el gran negocio en el que casi nadie profundiza, pero que hoy es más importante estratégicamente que el del petróleo. Hablamos del agua, de la vida de los seres vivos en definitiva, ya sean personas, animales o plantas. Y nadie profundiza porque, como se verá a continuación, es un negocio en el que para cometer robos y abusos (siempre a usuarios y consumidores pagadores) hace falta la colaboración necesaria del político o del funcionario público de turno. ¿A cambio de qué?, esa es la otra cuestión. Y también por el inmenso poder que acumulan los dueños de ese negocio en España, capaces de amordazar a periodistas a través de los propietarios de los medios e influyendo obviamente en sus cuentas de explotación mediante notables inversiones, más de imagen corporativa que publicitaria o comercial.

Dos alcaldes, acción y omisión

Hablamos en concreto del agua potable de la localidad gaditana de Barbate ( 22.551 habitantes en 2018). Dando explicaciones ante un juez se encuentran el exalcalde socialista de la localidad Rafael Quirós Cárdenas y el actual Miguel Molina Chamorro de Andalucía por sí, junto con Francisco Jiménez Medina responsable regional  en Andalucía de la multinacional Aqualia entre otros. Esta empresa pertenece al Grupo FCC de Carlos Slimp y Florentino Pérez, con el 51% del capital y el 49% en manos del fondo australiano IFM Investors. La pasada semana ha comenzado en el juzgado de Barbate la toma de declaraciones durante horas a los denunciantes.

Todo empezó a tomar cuerpo en febrero del año 21 con la derivación desde la Fiscalía Superior de Andalucía a la de Cádiz de una primera denuncia recibida en Granada sobre presuntas irregularidades delictivas en la concesión del servicio municipal de aguas de Barbate, denuncia impulsada por Manuel Gil Quintero  como Presidente de la Plataforma por el Agua Pública. A esa denuncia se uniría tiempo después una segunda firmada por los auditores externos -Antonio Moral Muñoz y Rafael Teruel Lara- tras haber analizado y escrutado por encargo del gobierno municipal las tripas del negocio y de la empresa entre los ejercicios de 2012 y 2017, con especial atención a la singular adjudicación municipal a Aqualia de tan valioso 'tesoro' público.

“Maquinar para alterar las tarifas de abastecimiento”

En el relato fáctico que la fiscal encargada del caso, Xela Nieves García, eleva al Juzgado habla de “una trama encaminada a lograr la resolución del contrato de la concesionaria del servicio en aquellos momentos -Agua y Gestión Integral del Agua SLU- para adjudicárselo presuntamente de forma fraudulenta a Aqualia y posteriormente maquinar para alterar las tarifas de abastecimiento saneamiento y depuración del servicio, con el consiguiente beneficio extracontractual y en detrimento de los ciudadanos de Barbate”.

Hace once años, en 2012, fue licitado como contrato de emergencia de un año de duración, por 'procedimiento negociado y sin publicidad' de carácter urgente un concurso exprés. De “las cuatro empresas invitadas, se presenta solo Aqualia, que resulta adjudicataria por un canon de 700.000 euros y con el compromiso de mantener las tarifas vigentes en esos momentos” Fiscalía añade: “El segundo contrato, se gesta sobre la base de ser un contrato definitivo de concesión del servicio por el plazo de 25 años, mediante un procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, trámite de urgencia, cuando ya no operaría esa premura, porque regía un contrato anterior de un año, por lo que se deberá justificar esa urgencia”.

Misteriosa intermediación

También se investigará la “excepcional e injustificada” participación en ambos procesos de contratación de la mercantil Urso Servicios Medioambientales S.L., una intermediación, se dice, que contraviene la Ley de Contratos del Sector Público. “Sin que conste -se escribe en la denuncia de Fiscalía- la contratación por el consistorio y sin justificar tampoco el pago de sus servicios, cuando la factura si consta en la documentación, y sin que se prevea en la legislación ni en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la asistencia de empresa privada sobre la idoneidad o no de las ofertas presentadas”.

Serán extremos a explicar ante el juez tanto por parte del primer teniente de alcalde en 2012 y concejal delegado de Hacienda, Jacinto Moreno de San Matías y del asesor jurídico municipal Sr. Mata de Quintana, ya que hace referencia sus informes de la intervención de dicha empresa.

Pero hay más cosas por aclarar. Por ejemplo por qué, incumpliendo con descaro lo firmado en el contrato de emergencia de un año de duración, de no subir la tarifa del agua, pocos meses después proponen una subida que el pleno acaba aprobando incomprensiblemente. La fiscal aclara que el 14 de mayo de 2012 se aprueba esa subida “sin la intervención preceptiva del interventor municipal y sí con el informe del asesor jurídico municipal Mata de Quintana” Lo que parece cierto es que finalmente se acaban barajando tres tarificaciones  diferentes “aplicando injustificadamente la de mayor cuantía”.

Como era previsible pagan los barbateños de su bolsillo.

5.490 sorpresas a 4 millones

Pero con la gestión de Aqualia al frente del negocio hay más sorpresas en Barbate. Exactamente 5.490  sorpresas en forma de nuevo contador del que nadie sabía nada. Fue “una aplicación indebida, unilateral, no consensuada  y permitida por el equipo municipal de gobierno de esa fecha” se explica en la denuncia de la Fiscalía.

Con la llegada de un nuevo color político a la corporación en 2015 -con alcalde AxSí- y el cabreo acumulado con razón por los vecinos, Aqualia presionada dio un paso atrás y devolvió unilateralmente lo cobrado por los contadores, sin contemplar intereses ni recargos en las facturas de los ciudadanos, “por lo que consideramos en el mismo sentido, el que lo hace en su denuncia don Manuel Gil Quintana, la concurrencia de indicios de una estafa continuada, llevada a cabo por la concesionaria y tolerada por el consistorio, que, según estimaciones hechas en la denuncia, alcanzaría los 4 millones de euros”.

También se debe investigar judicialmente la “inacción” del actual gobierno municipal tras conocer fehacientemente en 2018 la herencia encharcada con las turbulentas aguas municipales. La dejación de funciones fiscalizadoras del equipo andalucista es patente y brilla por su ausencia tras conocerse el contenido de la auditoría encargada por el Ayuntamiento y donde los auditores denunciantes -Moral y Teruel- dejan, negro sobre blanco, un rosario de presuntas irregularidades sino delitos. No solo no se actúa según ordena la ley, “por el contrario, se ha continuado el contrato de concesión y se han seguido los contactos con la mercantil Aqualia”. Todo ello pese a que el 4 de noviembre de 2019 “existe comunicación de Francisco Jiménez Medina, director regional de Aqualia, ante el ayuntamiento de Barbate, concretamente al alcalde Molina Chamorro, en relación a la exigencia de una deuda de esta corporación a la concesionaria (sin justificación alguna y pendiente todo caso de la resolución en este sentido del procedimiento administrativo cuando la tramitación se encuentra en el juzgado contencioso administrativo número uno de Cádiz)”.

Estafa, prevaricación y malversación

La Fiscal Xela Nieves García, en su escrito al juzgado del 15 de marzo de 2021, afirma que existen indicios suficientes, “sin perjuicio de lo instruido”, de que los anteriores hechos pudieran constituir delitos de estafa continuada, prevaricación administrativa y delito continuado de malversación de caudales públicos. El Ministerio Público hizo suyas las acusaciones de los denunciantes y formuló denuncia criminal contra la empresa “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A. como persona jurídica y en la persona física de su Director de Aqualia para Andalucía Francisco Jiménez Medina en los años 2011 y siguientes y el Ayuntamiento de Barbate, en las personas del alcalde de la Corporación en fechas 2012, D. Rafael Quiros Cárdenas y Miguel Molina Chamorro, actual jefe de la Corporación Local, sin perjuicio de la posible participación de más sujetos, que pudieran surgir con el devenir de las diligencias adoptadas durante la instrucción”.

Se solicita que se inicien una serie de diligencias instructoras que pasan por tomar declaración a los tres denunciantes para que se ratifiquen y a una serie de testigos como la Secretaria General del Ayuntamiento Manuela Mera Castillo, José Querol Fernández responsable de la misteriosa empresa intermediaria Urso que nadie sabe quien contrató ni por qué se pagó su trabajo. Por esta razón se le pedirá testimonio judicial a Jacinto Moreno San Matías, Primer Teniente de Alcalde en 2012 y concejal de Hacienda. Lógicamente también están llamados a declarar el interventor municipal, Nicolás Cardoso Ruiz y el Asesor Jurídico externo en la fecha de autos, Fernando Llagas Gelo. Todo ello “sin perjuicio de que la condición en la que declaren los anteriores pueda verse modificada en el devenir de la instrucción”. De momento como “investigados” se propone que declaren los dos alcaldes, el director regional de Aqualia y el asesor juridico externo. También se solicita desde la Fiscalia que la causa del agua barbateña sea declarada  de especial complejidad dada la maraña que envuelve al caso.

Caso Barbate en campaña

La activación la pasada semana en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Barbate de un llamativo y escandaloso caso de corrupción como parece ser este de Aqualia con políticos de la localidad  implicados -aquí empezó con Serafín Núñez el 'Caso Juan Guerra'- parece que nada tiene que ver con los calendarios electorales. La coincidencia parece que obedece solo al ritmo de trabajo que se acumula en la administración judicial española y gaditana en particular.

De todas formas, tras conocerse qué se investiga en esta causa, es lícito preguntarse si este tipo de maniobras contra el interés de los ciudadanos en general, se llevan a cabo en otras poblaciones o ciudades en este tipo de servicios de primera necesidad. Especialmente en aquellas donde Aqualia tenga que ver con el servicio de aguas correspondiente. Nuestros gobernantes actuales de la derecha en la Junta de Andalucía, tan defensores de que el ciudadano  mantenga sus impuestos en su bolsillo, es de esperar que activen mecanismos de fiscalización o control  y llegado el caso aplicar medidas disciplinarias para evitar precisamente que no se esquilme tan declaradamente el bolsillo de los contribuyentes. Esto, por desgracia, parece que no es una práctica exclusiva de la empresa de gestión del agua del Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Un negocio, el del agua que bebemos los andaluces, cuyo grifo está fuera del control de Andalucía o lo que es lo mismo, el sector privado andaluz piensa más en pasado y presente que en el futuro. Hoy son multinacionales las que mandan en nuestras mangueras. Una de esas cosas que el socialismo gobernante en Andalucía durante tres décadas no fue capaz de prever ni resolver, como tantas otras cosas.

Un juzgado investiga si dos alcaldes de Barbate y Aqualia "maquinaron" para encarecer el agua

Tanto los regidores Rafael Quirós (PSOE) como Miguel Molina (AxSí), citados por el juez como investigados, como la multinacional han transmitido a lavozdelsur.es "tranquilidad" por un procedimiento que se encuentra en fase de instrucción. Fiscalía habla de presuntos delitos de estafa, prevaricación y malversación

 lavozdelsur.es EMILIO CABRERA

20 de enero de 2023 (19:54 CET)

El actual alcalde de Barbate, Miguel Molina, en la inauguración, en 2018, del sistema de agua potable para el colegio rural Almenara, en Zahora.

 

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Barbate ha abierto diligencias contra Rafael Quirós (PSOE), anterior alcalde de Barbate y Migue Molina (AndalucíaxSí), actual alcalde del municipio; así como contra Aqualia, la empresa especializada en la gestión del ciclo integral del agua. De esta forma, el juez ha admitido una denuncia que llegó a través de la Fiscalía Anticorrupción y que advierte de presuntos fraudes en la concesión de los contratos entre la corporación municipal y la empresa de suministro. La Fiscalía señala tres posibles delitos: estafa continuada, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La denuncia también menciona un supuesto acuerdo entre los responsables políticos entre 2012 y 2017 y Aqualia para "alterar las tarifas de abastecimiento, saneamiento y depuración del servicio, con el consiguiente beneficio extracontractual y en detrimento de los ciudadanos de Barbate. Ambas cuestiones han sido detectadas a través de una audiotoría de la gestión del servicio municipal de aguas de Barbate durante dicho periodo.

El escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso lavozdelsur.es señala una vulneración de la Ley de Contratos del Sector público. En dicho escrito se menciona la existencia de un primer contrato el 20 de marzo de 2012 que se licitó como contrato de emergencia y para un año de duración. Además fue negociado y sin publicidad. Aunque hubo cuatro empresas invitadas, sólo se presentó Aqualia, según explica la denuncia.

El Ayuntamiento adjudicó el suministro a esta empresa por 700.000 euros y con el compromiso de mantener las tarifas vigentes de aquel momento. El segundo contrato también se tramita de urgencia a pesar de que se establece una concesión de 25 años. La denuncia señala que "ya no operaría esa premura porque regía un contrato anterior de un año".

La otra cuestión que se trata en la denuncia es el incremento de las tarifas. En el escrito de la Fiscalía se afirma que el 20 de marzo de 2012, Aqualia se comprometió a mantener los precios durante un año. Sin embargo, el Pleno del Ayuntamiento de Barbate aprobó dos meses después el incremento de las tarifas, según los denunciantes. Estas tarifas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia en agosto "no siendo ni las que se contendrían en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la concesión de 25 años (...) ni las aprobadas el 14 de mayo de 2012". "Nos encontraríamos con un escenario de tres tarificaciones diferentes, aplicándose injustamente la de mayor cuantía", expresa la denuncia de Anticorrupción. Por otra parte, los denunciantes señalan que comenzaron a aplicarse antes de lo que hubiera correspondido por ley.

El documento también incluye la sustitución "injustificada" de los contadores en el periodo descrito "con aplicación indebida, unilaterla, no consensuada y permitida por el Equipo de Gobierno municipal". La cuestión fue denunciada en 2015 y provocó que la concesionaria devolviera el importe aunque, señala la denuncia, que "sin reconocimiento de intereses o recargos". Con estos hechos, la Fiscalía considera que existen indicios "de una estafa continuada llevada a cabo por la concesionaria y tolerada por el consistorio". Las estimaciones realizadas afirman que podría llegar a los 4 millones de euros. Los denunciantes acusan al Ayuntamiento barbateño de omitir la labor inspectora sin que haya abierto "ningún expediente sancionador o en su caso, la resolución del contrato que une al consistorio con la concesionaria". 

Tranquilidad entre los imputados

Este medio se ha puesto en contacto con los investigados para conocer sus versiones sobre los hechos y la situación actual. La defensa de ambos alcaldes señala que la denuncia se basa "en un hecho erróneo de los auditores". Además, defiende que le corresponde a la Intervención municipal denunciar estas irregularidades, si es que las hubiera. "La intervención dice expresamente que en ningún momento de la adjudicación de las actuaciones existe algo que se haya realizado incorrectamente con respecto al contrato", expresa el abogado de la defensa.

La investigación aún se encuentra en una fase embrionaria. El juez ya ha tomado declaración a los denunciantes y próximamente será el turno de los imputados. "En ningún caso hay motivos, ni razón para continuar adelante con el procedimiento porque queda claro que conforme a lo que es una actividad pública el control de una actividad pública es de la Intervención", explica la defensa los acusados a este medio. Además, señala que "el alcalde actual está muy tranquilo" porque "se hicieron las cosas correctamente y los técnicos lo dijeron". Este abogado recuerda que una denuncia similar se archivó en 2021 y que existen "intereses personales" tras estos intentos. "Hay muchas cuestiones que caen por su propio peso", sentencia.

Por su parte, Aqualia, cuyo director en Andalucía también tendrá que comparecer ante el juez de instrucción expresa su "tranquilidad" porque "somos muy transparentes y colaboramos con la justicia sin ningún tipo de problema". La empresa habla de "denuncias infundadas" porque "vienen de un planteamiento ideológico" y confía en demostrarlo en la sala. "Nos tomamos en serio el proceso judicial, pero tenemos la conciencia tranquila".