Hace una semana, el pasado jueves día 12, empezó a rodar, en serio, una causa judicial de la que poco se ha hablado y eso que todo empezó en 2012, hace once años.
Aqualia, ante el Juez por la adjudicación de Barbate
Una auditoria guardada en el cajón, empuja a los auditores a denunciar un rosario de irregularidades en la concesión de aguas municipales.
Como fondo Barbate, un pueblo gaditano de más de 22.000 habitantes presuntamente estafado mediante el gran negocio en el que casi nadie profundiza, pero que hoy es más importante estratégicamente que el del petróleo. Hablamos del agua, de la vida de los seres vivos en definitiva, ya sean personas, animales o plantas. Y nadie profundiza porque, como se verá a continuación, es un negocio en el que para cometer robos y abusos (siempre a usuarios y consumidores pagadores) hace falta la colaboración necesaria del político o del funcionario público de turno. ¿A cambio de qué?, esa es la otra cuestión. Y también por el inmenso poder que acumulan los dueños de ese negocio en España, capaces de amordazar a periodistas a través de los propietarios de los medios e influyendo obviamente en sus cuentas de explotación mediante notables inversiones, más de imagen corporativa que publicitaria o comercial.
Dos alcaldes, acción y omisión
Hablamos en concreto del agua potable de la localidad gaditana de Barbate ( 22.551 habitantes en 2018). Dando explicaciones ante un juez se encuentran el exalcalde socialista de la localidad Rafael Quirós Cárdenas y el actual Miguel Molina Chamorro de Andalucía por sí, junto con Francisco Jiménez Medina responsable regional en Andalucía de la multinacional Aqualia entre otros. Esta empresa pertenece al Grupo FCC de Carlos Slimp y Florentino Pérez, con el 51% del capital y el 49% en manos del fondo australiano IFM Investors. La pasada semana ha comenzado en el juzgado de Barbate la toma de declaraciones durante horas a los denunciantes.
Todo empezó a tomar cuerpo en febrero del año 21 con la derivación desde la Fiscalía Superior de Andalucía a la de Cádiz de una primera denuncia recibida en Granada sobre presuntas irregularidades delictivas en la concesión del servicio municipal de aguas de Barbate, denuncia impulsada por Manuel Gil Quintero como Presidente de la Plataforma por el Agua Pública. A esa denuncia se uniría tiempo después una segunda firmada por los auditores externos –Antonio Moral Muñoz y Rafael Teruel Lara– tras haber analizado y escrutado por encargo del gobierno municipal las tripas del negocio y de la empresa entre los ejercicios de 2012 y 2017, con especial atención a la singular adjudicación municipal a Aqualia de tan valioso ‘tesoro’ público.
“Maquinar para alterar las tarifas de abastecimiento”
En el relato fáctico que la fiscal encargada del caso, Xela Nieves García, eleva al Juzgado habla de “una trama encaminada a lograr la resolución del contrato de la concesionaria del servicio en aquellos momentos -Agua y Gestión Integral del Agua SLU- para adjudicárselo presuntamente de forma fraudulenta a Aqualia y posteriormente maquinar para alterar las tarifas de abastecimiento saneamiento y depuración del servicio, con el consiguiente beneficio extracontractual y en detrimento de los ciudadanos de Barbate”.
Hace once años, en 2012, fue licitado como contrato de emergencia de un año de duración, por ‘procedimiento negociado y sin publicidad’ de carácter urgente un concurso exprés. De “las cuatro empresas invitadas, se presenta solo Aqualia, que resulta adjudicataria por un canon de 700.000 euros y con el compromiso de mantener las tarifas vigentes en esos momentos” Fiscalía añade: “El segundo contrato, se gesta sobre la base de ser un contrato definitivo de concesión del servicio por el plazo de 25 años, mediante un procedimiento abierto, oferta económicamente mas ventajosa, trámite de urgencia, cuando ya no operaría esa premura, porque regía un contrato anterior de un año, por lo que se deberá justificar esa urgencia”.
Misteriosa intermediación
También se investigará la “excepcional e injustificada” participación en ambos procesos de contratación de la mercantil Urso Servicios Medioambientales S.L., una intermediación, se dice, que contraviene la Ley de Contratos del Sector Público. “Sin que conste – se escribe en la denuncia de Fiscalía- la contratación por el consistorio y sin justificar tampoco el pago de sus servicios, cuando la factura si consta en la documentación, y sin que se prevea en la legislación ni en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la asistencia de empresa privada sobre la idoneidad o no de las ofertas presentadas”.
Serán extremos a explicar ante el juez tanto por parte del primer teniente de alcalde en 2012 y concejal delegado de Hacienda, Jacinto Moreno de San Matías y del asesor jurídico municipal Sr. Mata de Quintana, ya que hace referencia sus informes de la intervención de dicha empresa.
Pero hay más cosas por aclarar. Por ejemplo por qué, incumpliendo con descaro lo firmado en el contrato de emergencia de un año de duración, de no subir la tarifa del agua, pocos meses después proponen una subida que el pleno acaba aprobando incomprensiblemente. La fiscal aclara que el 14 de mayo de 2012 se aprueba esa subida “sin la intervención preceptiva del interventor municipal y sí con el informe del asesor jurídico municipal Mata de Quintana” Lo que parece cierto es que finalmente se acaban barajando tres tarificaciones diferentes “aplicando injustificadamente la de mayor cuantía”.
Como era previsible pagan los barbateños de su bolsillo.
5.490 sorpresas a 4 millones
Pero con la gestión de Aqualia al frente del negocio hay más sorpresas en Barbate. Exactamente 5.490 sorpresas en forma de nuevo contador del que nadie sabía nada. Fue “una aplicación indebida, unilateral, no consensuada y permitida por el equipo municipal de gobierno de esa fecha” se explica en la denuncia de la Fiscalía.
Con la llegada de un nuevo color político a la corporación en 2015 -con alcalde AxSí- y el cabreo acumulado con razón por los vecinos, Aqualia presionada dio un paso atrás y devolvió unilateralmente lo cobrado por los contadores, sin contemplar intereses ni recargos en las facturas de los ciudadanos, “por lo que consideramos en el mismo sentido, el que lo hace en su denuncia don Manuel Gil Quintana, la concurrencia de indicios de una estafa continuada, llevada a cabo por la concesionaria y tolerada por el consistorio, que, según estimaciones hechas en la denuncia, alcanzaría los 4 millones de euros”.
También se debe investigar judicialmente la “inacción” del actual gobierno municipal tras conocer fehacientemente en 2018 la herencia encharcada con las turbulentas aguas municipales. La dejación de funciones fiscalizadoras del equipo andalucista es patente y brilla por su ausencia tras conocerse el contenido de la auditoria encargada por el Ayuntamiento y donde los auditores denunciantes -Moral y Teruel- dejan, negro sobre blanco, un rosario de presuntas irregularidades sino delitos. No solo no se actúa según ordena la ley, “por el contrario, se ha continuado el contrato de concesión y se han seguido los contactos con la mercantil Aqualia”. Todo ello pese a que el 4 de noviembre de 2019 “existe comunicación de Francisco Jiménez Medina, director regional de Aqualia, ante el ayuntamiento de Barbate, concretamente al alcalde Molina Chamorro, en relación a la exigencia de una deuda de esta corporación a la concesionaria (Sin justificación alguna y pendiente todo caso de la resolución en este sentido del procedimiento administrativo cuando la tramitación se encuentra en el juzgado contencioso administrativo número uno de Cádiz)”.
Estafa, prevaricación y malversación
La Fiscal Xela Nieves García, en su escrito al juzgado del 15 de marzo de 2021, afirma que existen indicios suficientes, “sin perjuicio de lo instruido”, de que los anteriores hechos pudieran constituir delitos de estafa continuada, prevaricación administrativa y delito continuado de malversación de caudales públicos. El Ministerio Público hizo suyas las acusaciones de los denunciantes y formuló denuncia criminal contra la empresa “Aqualia, Gestión Integral del Agua S.A. como persona jurídica y en la persona física de su Director de Aqualia para Andalucía Francisco Jiménez Medina en los años 2011 y siguientes y el Ayuntamiento de Barbate, en las personas del alcalde de la Corporación en fechas 2012, D. Rafael Quiros Cárdenas y Miguel Molina Chamorro, actual jefe de la Corporación Local, sin perjuicio de la posible participación de más sujetos, que pudieran surgir con el devenir de las diligencias adoptadas durante la instrucción”.
Se solicita que se inicien una serie de diligencias instructoras que pasan por tomar declaración a los tres denunciantes para que se ratifiquen y a una serie de testigos como la Secretaria General del Ayuntamiento Manuela Mera Castillo, José Querol Fernández responsable de la misteriosa empresa intermediaria Urso que nadie sabe quien contrató ni por qué se pagó su trabajo. Por esta razón se le pedirá testimonio judicial a Jacinto Moreno San Matías, Primer Teniente de Alcalde en 2012 y concejal de Hacienda. Lógicamente también están llamados a declarar el interventor municipal, Nicolás Cardoso Ruiz y el Asesor Jurídico externo en la fecha de autos, Fernando Llagas Gelo. Todo ello “sin perjuicio de que la condición en la que declaren los anteriores pueda verse modificada en el devenir de la instrucción”. De momento como “investigados” se propone que declaren los dos alcaldes, el director regional de Aqualia y el asesor juridico externo. También se solicita desde la Fiscalia que la causa del agua barbateña sea declarada de especial complejidad dada la maraña que envuelve al caso.
Caso Barbate en campaña
La activación la pasada semana en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Barbate de un llamativo y escandaloso caso de corrupción como parece ser este de Aqualia con políticos de la localidad implicados -aquí empezó con Serafín Núñez el ‘Caso Juan Guerra’– parece que nada tiene que ver con los calendarios electorales. La coincidencia parece que obedece solo al ritmo de trabajo que se acumula en la administración judicial española y gaditana en particular.
De todas formas, tras conocerse qué se investiga en esta causa, es lícito preguntarse si este tipo de maniobras contra el interés de los ciudadanos en general, se llevan a cabo en otras poblaciones o ciudades en este tipo de servicios de primera necesidad. Especialmente en aquellas donde Aqualia tenga que ver con el servicio de aguas correspondiente. Nuestros gobernantes actuales de la derecha en la Junta de Andalucia, tan defensores de que el ciudadano mantenga sus impuestos en su bolsillo, es de esperar que activen mecanismos de fiscalización o control y llegado el caso aplicar medidas disciplinarias para evitar precisamente que no se esquilme tan declaradamente el bolsillo de los contribuyentes. Esto, por desgracia, parece que no es una práctica exclusiva de la empresa de gestión del agua del Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Un negocio, el del agua que bebemos los andaluces, cuyo grifo está fuera del control de Andalucia o lo que es lo mismo, el sector privado andaluz piensa más en pasado y presente que en el futuro. Hoy son multinacionales las que mandan en nuestras mangueras. Una de esas cosas que el socialismo gobernante en Andalucia durante tres décadas no fue capaz de prever ni resolver, como tantas otras cosas.
