Entre las poblaciones que siguen vertiendo sus aguas residuales sin tratar adecuadamente al mar o a los ríos se encuentra la de Barbate (y eso que los vecinos de Barbate han estado pagando -no se si todavía lo pagan- en sus recibos de agua un canon por la depuración que no funciona adecuadamente). Por cierto, el Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que la competencia sobre las aguas residuales es municipal, aunque en algunos casos es regional.
Mientras tanto, sigue sin llevarse a cabo la depuradora que está prevista hacer en Zahora, para las poblaciones costeras de La Janda, El Palmar(Vejer), Zahora, San Ambrosio y Los Caños (Barbate) cuyo proyecto se aprobó en 2011 y además, lo más asombroso, es que estas mismas poblaciones permanecen sin red de agua potable a pesar de que las tuberías de la red pública de abastecimiento llevan instaladas en la zona -atravesando Zahora- desde 2004.
Un enorme despropósito.
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| Vista aérea de la depuradora de Barbate (Cádiz) que, según la justicia europea, incumple la normativa comunitaria. Marcos Moreno |
La mayor
multa de la historia de la UE a España sigue creciendo: ya van 53,4 millones
por las aguas residuales
La
sanción que tiene que afrontar España por la falta de depuración de las
aguas residuales en nueve aglomeraciones urbanas —en las que
viven más de 350.000 personas— sigue aumentando: asciende ya a 53,4 millones de
euros. Es la mayor multa de la Unión Europea
a la que ha tenido que hacer frente España desde que ingresó en
el club comunitario. Continuará creciendo semestre a semestre mientras no se
solucionen los problemas de todas estas zonas denunciadas por Bruselas.
Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó en julio de 2018 la sentencia por la que se imponía esta multa que crece a razón de algo más de 10 millones por semestre, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó un calendario en el que se fijaba 2023 como el año en el que estarían listas las depuradoras de las nueve aglomeraciones urbanas afectadas. Pero ahora el horizonte para que todas las obras estén ejecutadas y plenamente operativas es 2024 o 2025, según este departamento. De momento, solo se ha conseguido poner en marcha la estación de la aglomeración de Tarifa (Cádiz), que trata las aguas residuales de 20.000 habitantes.
El resto se enfrentan a tramitaciones, ejecuciones y
puestas en funcionamiento que se eternizan mientras sigue engordando la multa
europea. Se trata de las depuradoras de las aglomeraciones de Matalascañas
(Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Coín (Málaga),
Barbate (Cádiz), Nerja (Málaga), Gijón Este y Valle de Güímar (Santa Cruz de
Tenerife).
El
inicio de esta sanción se remonta hasta el 31 de diciembre de 2000, fecha en la
que todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes de la Unión
Europea debían depurar correctamente sus
aguas según una directiva. Hace 21 años, el incumplimiento era
masivo en España. Poco a poco, aviso tras aviso de la Comisión Europea, el
número de aglomeraciones urbanas sin depuración se fue reduciendo. Pero, más de
dos décadas después, todavía quedan estos ocho núcleos de más de 15.000
habitantes sin tratar correctamente sus aguas, algo que afecta al buen estado
de los ríos y mares donde se realizan los vertidos.
Teodoro
Estrela, director general del Agua del
Ministerio para la Transición Ecológica, espera que las depuradoras
que darán servicio a dos de las aglomeraciones mayores —la de Gijón Este y
Nerja— puedan estar listas en el primer trimestre de 2022. Esto hará que la
sanción semestral se reduzca a la mitad, hasta alrededor de los cinco millones,
calcula Estrela. Pero, según el responsable del área de Agua del ministerio,
para ver en funcionamiento todas las depuradoras hará falta esperar hasta 2024
o 2025, dos años después de lo previsto hasta ahora. El ministerio estima que
la multa final por este caso superará los 80 millones de euros.
Las
competencias sobre la depuración de aguas son de las administraciones locales.
Pero cuando los Ayuntamientos o mancomunidades no pueden afrontar los gastos,
las comunidades autónomas suelen asumir las obras. Esto ha ocurrido en cuatro
de los ocho casos afectados por esta sanción europea —que están pagando el
Estado y las comunidades autónomas afectadas—. Las otras cuatro depuradoras han
sido declaradas de interés general, una figura que el actual equipo del ministerio
cuestiona ahora. Porque la puesta en funcionamiento de las depuradoras
declaradas así a veces se enfrenta a retrasos por la dificultad a la hora de
que recuperar los costes, que acaban teniendo que afrontar unos municipios que
alegan que no tienen recursos ni siquiera para el mantenimiento de las
instalaciones. En otros casos, existen problemas en la tramitación de unos
proyectos que terminan en los tribunales. “La gente no quiere tener una
depuradora al lado de su casa y recurre”, pone como ejemplo Estrela. En
cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la UE subrayaba en su sentencia de
julio de 2018 que “las dificultades jurídicas y económicas internas que España”
invocaba “para justificar su retraso en la ejecución” de las obras “no le
eximen de las obligaciones derivadas del derecho de la Unión”.
Amplio incumplimiento
Cuando
se consiga que entren en funcionamiento las depuradoras de las ocho
aglomeraciones por las que España fue condenada en 2018, no estará ni mucho
menos solucionado el problema de la depuración en el
país. La normativa europea establece que las 2.059 aglomeraciones
urbanas de más de 2.000 habitantes de España deben tratar correctamente sus
aguas residuales. Pero, según el actual plan nacional de depuración, aprobado
el pasado julio, 516 no cumplen con lo que establecen las directivas de aguas,
es decir, el 25% del total. Por este motivo, España tiene abiertos cinco expedientes
europeos en estos momentos —y en breve podría llegar otro— que también pueden
acabar en sanciones millonarias si continúan los incumplimientos.
Estrela
explica que los problemas se centran ahora en las aglomeraciones más pequeñas,
las que tienen entre 2.000 y 5.000 habitantes y que no cuentan con suficientes
recursos para afrontar la construcción de las depuradoras y su mantenimiento.
El objetivo es que en 2027, casi cuatro décadas después de aprobarse la
directiva europea sobre depuración, España cumpla por fin con lo que establece
Bruselas.
El
director general de Agua del ministerio considera que los fondos de
recuperación europeos pueden suponer una oportunidad para acelerar las obras de
depuración. Pero Estrela aboga por un cambio en el modelo que se ha empleado
hasta ahora, el de declarar las obras de interés general para que las asuma el
Estado aunque no sea algo de su competencia. La nueva vía pasaría por abrir una
línea de subvenciones para que sean los municipios los que ejecuten las obras y
afronten el mantenimiento de las depuradoras que faltan con esa ayuda pública.
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