Ruego para evitar los derribos de viviendas y penas de cárcel y para alcanzar soluciones a falta de legalización y de servicios públicos básicos como agua potable y saneamiento.

 

Derribo de una vivienda 

Escrito de la "Federación Gaditana por la legalización de las viviendas y por los servicios básicos" enviado al Presidente de la Junta, aun sin respuesta.  

 JUAN MANUEL MORENO BONILLA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

 

Asunto: Ruego para evitar los derribos de viviendas y penas de cárcel y para alcanzar soluciones a falta de legalización y de servicios públicos básicos como agua potable y saneamiento.

Estimado Sr. Presidente

En representación de esta Federación Gaditana por la legalización de las viviendas y por los servicios básicos, formada inicialmente por la PAVIC, de Conil, la AAVV Santo Domingo de la Calzada y PAVIP de El Palmar (Vejer) y la Avv “Costa de la Luz” de Zahora (Barbate), como Portavoz de la misma y por acuerdo unánime de los representantes es estos colectivos, tras habernos dirigido ya antes a las corporaciones locales, a diferentes Delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía y en algunos casos al Defensor del Pueblo Andaluz, a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Relator Especial de Naciones Unidas para el derecho humano al agua, sin obtener una resolución efectiva hasta la fecha, me dirijo a Usted para EXPRESAR

En primer lugar, reclamar que interceda Usted para evitar la tremenda injusticia, el trato discriminatorio que supone el derribo de viviendas y un desahucio en toda regla, de algunas familias andaluzas que están sufriendo un calvario y que encima ya están yendo a la cárcel por ello.

Y, en segundo lugar, estrechamente relacionado con esto, para hallar una solución al grave problema de falta regularización de miles de viviendas y a la falta de abastecimiento de agua potable, de saneamiento y de otros servicios básicos en las Pedanías y diseminados jandeños.

Porque, como el mismo portavoz de Fomento del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, el Sr. Juan Bueno y el Presidente del PP de Cádiz, el Sr. Bruno García, tras y durante la manifestación de este colectivo frente a ese Parlamento,  han explicado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, LISTA, “no puede intervenir en las Sentencias judiciales sobre viviendas irregulares” y tambien sabemos de primera mano que el que estas familias obtengan las AFOs les sirva para evitar los derribos y la cárcel.

Existe una tremenda Inseguridad Jurídica por la inacción política y legislativa y se acrecientan los problemas de miles de familias, de viviendas y negocios de estas pedanías de los municipios de la costa de La Janda  porque continúan faltos de regularización urbanística, de legalización de las viviendas y de los negocios que –sin pretender eludir la responsabilidad que cada uno haya podido tener al construir sin licencia- es consecuencia en gran medida del prolongado abandono social y urbanístico y de la inactividad por parte de los propios Ayuntamientos, sean del signo que sean, y entendemos que también en cuanto a competencias de la propia Junta, que debería supervisarlos en materia de ordenación urbanística y de dotación de infraestructuras y de servicios públicos básicos necesarios en cualquier población de un municipio.

La población fija y la población turística de toda la zona se incrementa de manera exponencial cada año dejando con ello en evidencia estas carencias de servicios básicos a pesar de que los ayuntamiento cobran las tasas e impuestos municipales, lo que no llega a reflejarse o a traducirse en algún tipo de mejoras o de actuaciones públicas tan necesarias como es el abastecimiento de agua y de la red de Saneamiento porque aún no se ha llevado a cabo la estación depuradora que desde 2011 está aprobada por esa Administración Autonómica.

Entendemos que los asuntos urbanísticos se deben resolver administrativamente y no judicialmente. Resulta injusto y por ello inadmisible que unas pocas familias tengan que demoler sus propias viviendas e ir a la cárcel mientras la mayoría de sus convecinos, con viviendas en un mismo lugar y en una misma situación urbanística, podrán acogerse a un plan de regularización y seguir disfrutándolas de por vida.

Se debe poner fin de manera urgente a los derribos de viviendas que son legalizables, hacer efectiva la legalización de las viviendas y la dotación de agua potable y saneamiento que no puede demorase durante mucho más tiempo,  modificando o entrando en vigor una nueva norma para actuar de manera eficiente y urgente frente a estas viejas - y nuevas- exigencias.

A pesar de que se pueden acometer Planes Especiales, del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre aprobado por esa propia administración, a pesar de las AFOS y entendemos que a pesar de la LISTA, sea por las razones que sea, sea por la acción u omisión de los propios ayuntamientos, se sigue agravando la situación urbanística sin que al parecer tenga los medios adecuados para evitarlo y un servicio tan indispensable como es el AGUA POTABLE no llega a los vecinos.

Es evidente que estas poblaciones no podrán prosperar dignamente sin conexión a la red de agua potable, sin saneamiento y sin que los vecinos y propietarios tengan legalizados sus viviendas y negocios.

Por todo lo anteriormente expuesto,

RUEGO que tenga Usted por presentado el presente escrito y por formulada esta PETICION, y en base a los hechos descritos se digne a admitirla y se inste en la medida de lo posible a los responsables esa Administración y de otros posibles Organismos competentes para que se tomen las medidas necesarias para poner fin a esta compleja situación. 

Reciba un cordial saludo.

 

Firmado en Conil, Vejer y Barbate, a 1 de abril de 2022

Portavoces de la Federación