Movimientos vecinales de
resistencia en la costa de Cádiz: “El ladrillo no es progreso”
Artículo publicado en El Salto. Andalucía
Ana Geranios
22 ago 2025 06:00
Pedanías sin agua corriente, falta de
vivienda, talas de árboles indiscriminadas y muchos proyectos urbanísticos
pensados para el turismo.
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| Ana Geranios Nuevas construcciones en Atlanterra, Tarifa, junto a la zona incendiada |
Casi cien años después de que el litoral central de
Andalucía recibiera el nombre de Costa del Sol, en 2025
sigue habiendo dudas sobre dónde situar sus confines. Si a comienzos del siglo
pasado se incluía la costa almeriense y terminaba al final de la provincia de Málaga, a día de hoy
parece que esta comarca turística no tiene fronteras, se expande y abarca hasta
Tarifa según algunos folletos de información para veraneantes.
Más allá de nomenclaturas, quienes gestionan el
litoral gaditano no parecen haber aprendido la lección de la también denominada
Costa del Golf, un referente turístico que ha
esquilmado a la población local y los recursos naturales. Según la Junta de Andalucía, esta
acabaría en Manilva, pero prácticamente todos los hoteles del pueblo
colindante, San Roque (donde se encuentra el puerto de Sotogrande, homólogo del
de Puerto Banús), se atribuyen como reclamo pertenecer a la afamada Costa del
Sol, garantía de vacaciones exclusivas para visitantes y de malas condiciones
para sus habitantes. Si continuamos viajando a través del mapa por el Campo de
Gibraltar nos topamos con el municipio fronterizo de La Línea, a cuyo alcalde
no le tiembla la voz al dejar claro que su tendencia es la de seguir el modelo
turístico de Málaga, ciudad en la que las vecinas llevan años manifestándose
contra este prototipo insostenible, erosionador del tejido local, que las
expulsa de sus barrios y empobrece. Pasando Algeciras llegamos a Tarifa, donde
este año se han invertido 100.000 euros en turismo pero el alcantarillado de la
ciudad no da a basto y los espacios públicos se deshacen, víctimas del descuido
premeditado. Continúa la costa de Barbate, donde se encuentran Zahora y Los
Caños, pedanías donde la población se multiplica por quince en verano a pesar
de no llegar el agua corriente ni contar con una recogida de basura eficaz.
Lindando al Parque Natural de La Breña, cuya frondosidad se ha visto disminuida
de malas maneras por una empresa privada de servicios medioambientales que no
está poniendo en prácticas las medidas pertinentes del clareo, hay planeado un
macroproyecto de viviendas exclusivas.
“Barbate no tiene capacidad para tanta gente, los precios han aumentado.
Para el ayuntamiento es un éxito, pero tiene muchos inconvenientes”, expone
Antonio Aragón de la asociación ecologista Enebro.
Aunque sus gobernantes no escarmientan y vinculan
construcción con progreso, la población del litoral gaditano lleva varios años
organizándose y alzando la voz ante una situación de abandono y destrucción del
ecosistema que no están dispuestas a permitir. Muy cerca, las vecinas de la
capital de Cádiz han visto cómo en menos de una década su ciudad les ha sido
arrebatada: la piedra ostionera de sus calles alberga cada vez más hoteles y
pisos turísticos, lo que complica la vida de su población autóctona. Más
acostumbradas a recibir visitantes han estado otras localidades, como Los
Caños, Barbate o Tarifa, pero también han notado un incremento de prácticas
invasivas en los últimos años, tanto urbanísticas como de ocio, que les ha
hecho plantarle cara a la mala gestión del turismo, defensoras de su tierra y
de su idiosincrasia. Este verano han ocupado la prensa un buen número de
manifestaciones vecinales en todo el litoral; en ellas reivindican un modelo
turístico controlado, la defensa del ecosistema y el derecho a los servicios
mínimos de alcantarillado, agua corriente, luz y recogida de basura. En el
siglo XXI, el estado del bienestar no funciona del todo bien en algunas partes
del sur de Europa.
Para conocer la realidad de estos territorios, quien
escribe se ha movido por este tramo de costa atlántica en transporte público,
lo que la ha llevado a hacer autostop de un municipio a otro, cosa normalizada
debido a la falta de infraestructura y servicios básicos para su ciudadanía. En
el horizonte, mientras un incendio arrasaba más de quinientas hectáreas de la
zona turística de Atlanterra en Tarifa, teniendo que llegar a evacuar a quienes
allí veraneaban, otro pequeño foco preocupó a los vecinos de Los Caños, aunque
fue controlado en poco tiempo y no tuvo consecuencias graves. Los turistas que
recorren esas carreteras y abarrotan esas playas se preocupan porque sus
vacaciones se vean alteradas, por tener que elegir otro destino para el ansiado
e insuficiente tiempo de descanso, mientras los vecinos luchan por conseguir
unos servicios básicos para el día a día. Una vez controlados los incendios de
la provincia, al tiempo que otras comunidades autónomas siguen sufriendo las
consecuencias de la mala gestión forestal, consigo entrevistar a varias vecinas
al frente de asociaciones que velan por la defensa de sus territorios,
conscientes de que las infraestructuras turísticas no son la solución a un
abandono por parte de las instituciones al que no tienen intención de
acostumbrarse.
Carmen Marchena
En el Puerto pesquero de Barbate hay un bar, pero
pedimos un par de sillas prestadas a unos hombres que arreglan redes, charlan,
fuman. Nos sentamos a la sombra frente al pinar y a la zona de desarrollo
turístico del municipio, donde por ahora no hay planes de construcción. Antonio
Aragón pertenece a Enebro, la asociación de Ecologistas en Acción en la zona y
el primer tema que abordamos es la fiebre del atún en su municipio. Nos cuenta
que “el Puerto de Barbate está sufriendo una crisis tremenda desque que
Marruecos reclamara sus aguas territoriales en los años 70”; apenas salen
barcos ya que la pesca la esquilmaron hace mucho tiempo en el Golfo de Cádiz.
“El tema del atún actualmente es meramente turístico, siempre ha habido atún.
Lo de ahora es un invento gastronómico que se ha promocionado muy bien”.
Además, añade que “la almadraba debería ser explotada en régimen de cooperativa
al estar instalada sobre el litoral barbateño y no de forma privada como casi
siempre ha estado.” Actualmente la mayoría se vende al extranjero y lo que se
queda se ha revalorizado y convertido en prácticamente un producto de lujo.
“Viene gente de todas partes a comerlo, el atún nunca había sido un producto
gourmet, había sido un producto de consumo para la población.” Esta tendencia
gastronómica ha encarecido la vida en el municipio, donde se puede alquilar una
casa solo de septiembre a junio. “Barbate no tiene capacidad para tanta gente,
los precios han aumentado. Para el ayuntamiento es un éxito, pero tiene muchos
inconvenientes: vivienda, aparcamiento, suciedad y masificación. El turismo
está promocionado, no planificado.”
Actualmente en Barbate cuentan con un Plan General de Ordenación de
Urbanística (PGOU) de 1995 en el que se establecen claramente
las zonas de desarrollo turístico, frente al puerto y dentro del entramado
urbano. Aun así, hay varios proyectos aprobados que se ubican lejos de estas
zonas: lindando con parque natural y muy cerca de la línea de costa. Uno de
ellos es la macro urbanización de El Següesal, planificada desde 2011 entre dos
zonas del Parque Natural de La Breña, que proyecta viviendas turísticas, plazas
hoteleras, centros comerciales y campos de golf. Un proyecto que ya “pararon
hace dos años porque no respetaban la normativa medioambiental. Querían
construir sobre Hábitat de Interés Comuniario (HIC) de especial protección,
impidiendo la comunicación de especies entre dos partes del Parque Natural, y
lo han vuelto a resucitar, el mismo proyecto con las mismas
características.”
El recién aprobado proyecto de Trafalgar-San Ambrosio
hace que se constituyan como plataforma, ya que “es una construcción muy
destructiva para el entorno”. En mayo fue aprobado en un pleno del ayuntamiento
y desde entonces han presentado alegaciones, recogidas de firmas y enviado
notas de prensa. “Quieren hacer más de dos mil plazas hoteleras, trescientos
apartamentos y un centro comercial. Eso no va con la identidad de la zona, lo
primero que tienen que hacer es regular lo que hay.” En cuanto a la falta de
regularización en Los Caños y Zahora, “la excusa del ayuntamiento es que
gracias al desarrollo urbanístico podrá legalizar el resto, pero yo creo que
no, porque son sitios excluyentes, para gente de alto poder adquisitivo y la
población se quedará al margen como siempre.” Aragón nos cuenta que el actual
alcalde de Barbate, Miguel Molina, era agente inmobiliario. Barbate “ha vivido
de la pesca, ahora del turismo, pero no lo han hecho bien. Se puede vivir del
turismo pero hay que planificarlo, no queremos ser un escaparate, queremos
continuar con nuestro carácter marinero. Estos macroproyectos son especulativos
y encuentran una administración que está dispuesta a ofrecérselo.” Aragón lleva
militando en asociaciones locales desde los años 80. Ante mi pregunta de si ha
servido para algo, no lo duda: gracias a la presión ejercida por la ciudadanía,
han conseguido parar varios proyectos, proteger el entorno y sus vidas de la
especulación que han intentado ejercer los diferentes gobiernos.
Para llegar hasta Zahora hago autostop al sol, sino
tendría que llegar andando. Me paro junto a un paso de cebra en esa zona
legalmente urbanizable, pero que no suscita el interés de ninguna constructora.
Se acerca un vehículo y una mujer saca la cabeza por la ventanilla del
copiloto, me dice que suba. Es el coche de una pareja gallega que lleva 20 años
veraneando en Zahora. Me cuentan que siguen viniendo todos los años pero que ya
no es lo mismo, que todo ha cambiado mucho, que cada vez hay más gente, pero
siguen enamorados de las playas y la naturaleza del entorno. Me apeo en el
cruce donde se encuentran algunos establecimientos hosteleros y llamo a José
Antonio Mármol, secretario de la Asociación de Vecinos Costa de la Luz, https://vecinosdezahora.blogspot.com/
Sorprendentemente, está en el mismo bar
en el que he decidido entrar para ir al baño y tomar agua.
Esta asociación se constituye hace más de tres décadas
en Zahora debido al abandono que sufre la pedanía. A pesar de pagar sus
impuestos, muchas de las construcciones que se han ido llevando a cabo de forma
descontrolada en la zona se encuentran en situación de ilegalidad. Casi la
mitad de las vecinas de Zahora pertenecen a la asociación, son ellas quienes
arreglan los caminos de tierra y velan por sus intereses, ya que se encuentran
en “situación de abandono por parte del Ayuntamiento”. Llevan décadas
solicitando la regularización de todas las viviendas y negocios además del agua
corriente, un recurso de primera necesidad al que no tienen acceso. “Zahora ha
crecido con el turismo, no nos ha quedado otra.”
Según nos cuenta Mármol, en el mismo PGOU del año 1995
estaba recogido un plan de desarrollo de la pedanía que nunca se llevó a cabo y
que ha propiciado un “desarrollo posterior descontrolado”; un plan en el que se
están haciendo modificaciones puntuales para llevar a cabo proyectos turísticos
pero “no para desarrollar la pedanía”. En el año 2000 la asociación firmó un convenio
de colaboración urbanística con el ayuntamiento que este nunca llevó a cabo, y
por lo que en 2007 fue condenado a cumplirlo por sentencia judicial. A día de
hoy, el ayuntamiento sigue sin cumplir lo acordado en cuanto a regularización
de las propiedades y acceso al agua, pero continúa invirtiendo en desarrollar
urbanísticamente una zona protegida. “En Zahora solo tienen agua dos campings y
el colegio”, el resto de habitantes se apañan con pozos y suministro a través
de camiones cisterna. En 2004 se instalaron unas tuberías que llevarían el agua
a la pedanía, pero esta no se terminó y no existe red de saneamiento.
Al igual que Enebro, la Asociación de Vecinos Costa de
La Luz pertenece al movimiento “Salvemos Trafalgar” que lucha contra el
proyecto especulativo Trafalgar-San Ambrosio para evitar la construcción de 70
hectáreas de instalaciones turísticas en zona protegida, interponiendo
alegaciones y manifestándose. Mármol denuncia que se ha aprobado
provisionalmente este proyecto “en verano, cuando estamos todos trabajando y la
población se multiplica por quince”. Piden un desarrollo sostenible y que se
cumpla lo establecido en el PGOU; se lamentan de que en su pedanía lo único que
se busquen sean “pelotazos urbanísticos”. El tercer proyecto de la zona, además
del de Següesal y Trafalgar-San Ambrosio, que también se encuentra aprobado
provisionalmente es de Sierrezuela Playa, que ocuparía más de 20 hectáreas
entre Zahara y Tarifa, ubicado al lado del río Cachón, fuera del Parque Natural
pero “zona declarada inundable y de protección de algunas especies.”
Además de la pésima gestión urbanística, el municipio
de Barbate está sufriendo la mala gestión de su Parque Natural. Desde el pasado
otoño se están llevando a cabo en la Breña unas labores de clareo que están
acabando con el ecosistema y que ha hecho saltar las alarmas en su población.
Para hacerle frente al ecocidio se ha reactivado la Asociación Zahora Natural y
ha surgido el movimiento “Por la Breña”, que se está dedicando a solicitar la
documentación de las prácticas incontroladas de tala y a exigir que se retomen
las formas tradicionales de trabajo forestal que no pongan en peligro el
entorno.
“La línea costera está llena de negocios de hostelería con licencias
temporales, muchas sin licencia de música, pero acaban montando discotecas que
no cumplen medidas básicas como la insonorización”, explica Zara, del
movimiento Basurero El Palmar
Una amiga me alarga en su coche hasta el Parque y
quedamos en el área recreativa Majales del Sol con Eva Fuentes, parte activa de
la Asociación. Según nos cuenta, tener personalidad jurídica es una estrategia
que les permite “actuar a nivel legal para conseguir documentos que estaban
negando a la ciudadanía e interponer denuncias.” Manifiesta que, para
llevar a cabo las labores de clareo necesarias en el pinar, gestionadas por la
empresa privada Noceda, “se han saltado muchos criterios del plan de regulación
del Parque Natural, como son entrar con maquinaria pesada o poner en peligro
especies protegidas, como son el enebro, el camaleón o la orquídea Orchis collina; la tala abusiva, y eliminación de
árboles con un perímetro de más de 25 centímetros, cosa que no está permitida.”
Además, las labores se han llevado a cabo en época de cría, y aunque han parado
la actividad en verano, retomarán próximamente la actividad hasta finales de
año. Esta asociación cuenta con el asesoramiento de abogadas y se ha centrado
en labores administrativas, ya que consideran que es el medio de “llegar a
algún lado que bloquee sus acciones, bloquearlos a nivel legal”. El colectivo
se ha dedicado a registrar y hacer públicas todas sus acciones, y gracias a la
repercusión en los medios “han conseguido que les hagan caso”. Las solicitudes
de información en muchos casos no han sido tenidas en cuenta o no han atendido
a los plazos de respuesta por parte de la Junta de Andalucía, incumpliendo
reiteradamente la ley de transparencia y el Convenio de Aarhus. Según Fuentes,
les ha sorprendido que las malas prácticas en el pinar se hayan hecho sin
ningún tipo de miramiento, a la vista de todos los vecinos, actuando con total
impunidad. Mientras, los políticos mantienen que estos trabajos son “por el
bien de la ciudadanía”, sin mostrar ninguna preocupación por proteger el
territorio. Además, les consta que este tipo de malas prácticas se está
llevando en otras zonas naturales protegidas del Estado. Por último, nos
transmite un dato curioso: la provincia de Cádiz es la que cuenta con más
asociaciones ecologistas del territorio español, llegando a un total de dieciséis.
Abandono La Janda tras caminar a la vera de la carretera desde donde se ve
atisba el faro Trafalgar y los límites del parque en los que se planifican
miles de plazas hoteleras que ocultarían el horizonte. Vuelvo a hacer autostop
y un empresario brasileño que lleva cinco años viviendo en la comarca me
acerca a donde puedo coger un autobús para volver a casa. Tiene varios negocios
de sandalias, uno de ellos, ubicado en El Palmar, lo cerró hace poco porque
aquella zona ya no le gusta por su masificación.
Mala
planificación turística en El Palmar y Tarifa
Este es otro territorio que también sufre cada verano
las consecuencias de la mala planificación turística: la pedanía de El Palmar,
perteneciente a Vejer de la Frontera. Según nos cuenta por teléfono Zara, del
movimiento Basurero El Palmar, “la línea
costera está llena de negocios de hostelería con licencias temporales, muchas
sin licencia de música, pero acaban montando discotecas que no cumplen medidas
básicas como la insonorización”. Esto ha causado que la ciudadanía denuncie
estas prácticas que hacen que durante el verano no puedan vivir tranquilas
debido al nivel de ruido, iluminación y residuos que colman su pedanía. La
activista achaca el descontrol que se vive en aquella zona en verano a la
inexistencia de ordenanzas municipales que hagan responsables a los dueños de
los establecimientos del cuidado del entorno.
Zara gestiona una cuenta de Instagram que comenzó
visibilizando la acumulación de basura que se generaba en la zona cada verano y
que a día de hoy mantiene una importante lucha por la conservación de la duna,
un territorio que, según nos cuenta, en verano se convierte en “un baño
público” y que nunca se han preocupado por proteger a pesar de su valor
natural. Esta cuenta está sirviendo como medio de información y denuncia del
abandono de la pedanía, que tampoco cuenta con agua corriente ni servicio de
alcantarillado, y la proliferación de establecimientos turísticos que explotan
la zona. Según nos cuenta, el ayuntamiento no muestra ningún interés por
regularizar las viviendas ni apuesta por servicios básicos para su
ciudadanía.
Rastro de camiones en La Breña, Barbate Ana Geranios
Días más tarde llego hasta la estación de autobuses de
Tarifa, donde me espera Juan Manuel, parte del colectivo Tarifa no se vende.
Según nos cuenta, la asociación se constituye hace unos meses cuando se dio a
conocer “el proyecto Gran parcela, que abarca todo el frente marítimo de Tarifa
y que planea echar abajo escuelas, el polideportivo, la piscina pública y
casas”. Para llevar a cabo este proyecto, la promotora “ha comprado la antigua
conservera de Tarifa, y con ese achaque quiere convertir toda la zona
colindante en turística y construir las escuelas en el interior; hacer
viviendas para guiris con pasta, de precios desorbitados. En ese momento salta
la voz y la gente empieza a reunirse.” Deciden crear la plataforma y se constituyen
como asociación porque “esto no se para en un día, necesita de un seguimiento”.
“Estaba medio pueblo en contra. Vamos a hacer lo que podamos.” Según nos
cuenta, este gran proyecto urbanístico es una iniciativa del partido político
Nuevos Aires Tarifa, formación que “actualmente cuenta con dos diputados y su
entrada fue clave para que gobernara el PP. ”
“La masificación del turismo es horrible y el pueblo no gana. Quieren que
sea como la Costa del Sol, no tiene sentido”, se queja Juan Manuel, parte del
colectivo Tarifa no se vende.
Desde Tarifa no se vende están presentando alegaciones
ante todos los proyectos de construcción que no cumplen la legalidad, que son
muchos. Actualmente, en la zona urbana de Tarifa hay varias urbanizaciones
comenzadas y otras a punto. “En zonas del litoral como Bolonia y Valdevaqueros
también quieren construir, aun siendo Parque Natural del Estrecho. Nosotros
alegamos, es lo único que podemos hacer.” José Manuel mantiene que en Tarifa
hay déficit de vivienda y que “el tarifeño no puede comprar” nada de lo que se
está construyendo. “La masificación del turismo es horrible y el pueblo no
gana. Quieren que sea como la Costa del Sol, no tiene sentido”. Otros de los
planes son ampliar el puerto y construir campos de golf, a pesar del déficit de
agua y el problema de saneamiento: es frecuente que haya escapes de pozos
ciegos que vierten aguas fecales en la playa urbana de Los Lances.
Aurora Báez Boza
La función de esta asociación es “velar por la
legalidad y satisfacer una función informativa ante la falta de transparencia
del ayuntamiento”. Mientras todos estos planes ocupan los plenos, “el pueblo se
está cayendo a trozos.” Desde Tarifa no se vende mantienen que el abandono es
premeditado para seguir construyendo en lugar de mantener los espacios
tradicionales, como el Paseo de Miramar, donde se han cambiado bancos de
azulejos tradicionales por bloques de hormigón y eliminando zonas verdes,
eliminando mobiliario urbano identitario del municipio, una práctica que se
lleva implementando muchos años en pueblos y ciudades de la Costa del Sol.
Las experiencias de estas asociaciones demuestran que,
gracias a la presión comunitaria, es posible detener proyectos que no
benefician a sus vecinas, ya que muchos de ellos se encuentran en situación de
ilegalidad. Las redes sociales son un medio utilizado por todas ellas como
altavoz y medio de información para dar a conocer la situación en otros
territorios y conseguir que aumente la presión social. Resulta impactante que
sea necesario que estos colectivos se dediquen a solicitar a las
administraciones que lo que se haga esté dentro de la legalidad, solo eso; que
tengan que defender lo público, paradójicamente, de los poderes públicos.
