La avv "Costa de La Luz" de Zahora presentará un recurso contra la aprobación del PGOU de Barbate

¿El PGOU, de Barbate? No contiene el Plan especial de Zahora, no nos aportará agua ni médico ni colegio ni servicios públicos ni en este ni en los próximos años, sólo impondría unas tasas i mposibles de asumir por la mayoría de los vecinos. Entonces ¿para qué?

El portavoz de uno de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Barbate nos acaba de informar que este lunes por la tarde  ha sido convocado para las "comisiones informativas" de un nuevo Pleno Municipal (hace sólo unos días que se celebró el último) que tendrá lugar sólo unas horas después, el martes a las 8,30 h. de la mañana, sin tiempo para analizar un asunto tan importante para el municipio como es el Plan de urbanismo, que será el punto del orden del día. Que sin duda será aprobado con los votos del grupo socialista que tiene mayoría (11 de los 21 concejales).

ES UNA VERGÜENZA QUE ESTE EQUIPO DE GOBIERNO LOCAL (PSOE)  LLEVE TAN EN SECRETO UN ASUNTO TAN IMPORTANTE COMO ESTE, A PESAR DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR CENTENARES DE CIUDADANOS Y VARIOS COLECTIVOS NO SE HAN DIGNADO A CONTESTARLAS, PARECE QUE SÍ HAN ESTIMADO ALGUNAS DE CIERTOS SRES., SÓLO LO SABÍAN CON ANTELACIÓN  ALGUNAS PERSONAS (ADECUADAS PARA ELLOS) Y " SUS AMIGOS" ( EN LA CALLE, EXTRAOFICIALMENTE, HABÍAMOS ESCUCHADOS RUMORES DIRECTAMENTE DE ALGUNO DE ELLOS), ALGUNOS DE  ESTOS SEÑORES LO SABÍAN ANTES INCLUSO QUE LOS GRUPOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN EN LOS PLENOS, QUE,COMO ACABAMOS DE CITAR, HAN RECIBIDO LA COMUNICACIÓN HOY MISMO.

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS "COSTA DE LA LUZ" DE ZAHORA, ya nos vemos preparando un recurso contencioso administrativo, porque lo más seguro es que una vez que lo apruebe el Ayuntamiento y remita el "Documento" a la Junta, con esto de la crisis y demás circunstancias, como que es muy posible que  pierdan las próximas elecciones y dejen de gobernar después de tantos años, intentarán aprobarlo cuanto antes para así dejarle "algo más" al Sr. Alcalde, que es de su propio"partido", ... aparte de lo que ya le han regalado para ver sí con ello saca a su pueblo de la crisis, aunque no lo creemos así, sino que más bien se podrán enriquecer unos pocos con la aprobación del Proyecto hotelero de Trafalgar y del POT de la Janda:  el Área Turística de Trafalgar San Ambrosio,  Montenmedio, El Bujar -si miramos la hemeroteca, aquí parece que hay o al menos, había intereses de empresas privadas mezclados con empresas públicas, de las que el propio Alcalde y el concejal de hacienda formaban parte (Semanario Trafalgar),  El Seguesal (este sería el "macro- macro proyecto", de los mayores de Andalucía, gracias a la nueva figura de "Interés Turístico", Capo de Golf, dos hoteles unas mil viviendas, en resumen una nueva ciudad junto al Parque Natural de La Breña mientras el pueblo, las pedanías estan sin servicios o infraestructuras públicas.

Todos estos proyectos juntos, sobrepasan con creses los límites de crecimiento tanto de población como suelo urbano aprobados por la misma Junta, contradicen el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) aprobado con anterioridad por la Junta y al que se debería de vincular cualquier plan de urbanismo.

El PGOU de Barbate, por lo tanto, sigue sin dar una solución a corto o medio plazo a los problemas que tienen la población de las pedanías de Barbate  

Desde aquí convocamos a tod@s aquell@s  que quieran y puedan  asistir a este Pleno en señal de PROTESTA. Iremos los que podamos y llevaremos alguna pancarta alusiva al tema.

Recibid un cordial saludo
Jamarmol

Carta de Endesa a usuario canario y respuesta de éste

 Copio y pego estas cartas que me ha llegado por correo electrónico, de ser cierta esta medida y el contenido de la carta de Endesa, el usuario tendrá toda la razón porque será un nuevo abuso.


“Estimado señor:

Endesa Distribución va a proceder próximamente a la sustitución de su contador de electricidad por uno nuevo que dispone de capacidad de Telegestión, en cumplimiento de la normativa vigente (RD 1110/2007 de 24 de agosto y Orden TC/3860/2007 de 28 de diciembre). El nuevo sistema de Telegestión permitirá entre otras funciones la lectura a distancia de su consumo. 

A lo largo del próximo trimestre, un operario autorizado por Endesa sustituirá el contador que usted tiene actualmente instalado. Si su contador se encuentra en el cuarto de contadores o es accesible desde el exterior de su vivienda, no será necesario que usted esté presente. En caso contrario, el operario se pondrá en contacto con usted para poder realizar el cambio de contador.   

El coste de la sustitución correrá a cargo de Endesa y usted sólo tendrá que abonar una cantidad en concepto de Derechos de Enganche, que según se establece en la legislación actual asciende a 9,04 euros. Por otra parte, el coste mensual de alquiler del contador a aplicar será de 0,81 euros.   

Si necesita cualquier aclaración sobre esta sustitución o desea realizar alguna consulta, puede contactar con nosotros dirigiéndose al Teléfono de Atención de Endesa Distribución Eléctrica 902 509 600. Estaremos encantados de atenderle.   

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo”.   

CARTA DEL USUARIO

“Estimados señores de Endesa Distribución:

He recibido su amable carta de fecha indeterminada (porque no la ponen) en la que me comunican una serie de hechos consumados basados, naturalmente, en que ustedes como monopolio hacen siempre lo que les sale de los electrones y a nosotros, como miembros de la honorable manada de borregos forzosamente consumidores, nos queda la única opción gozosa de pagar.   

Les dirijo esta carta porque en el texto que me han enviado, como a otros muchos miles de consumidores, supongo, existen algunas cuestiones que me han sumido en un estado de estupor, catatonia y asombro. O dicho de otra forma, que me han fundido ustedes los plomos.   

Porque vamos a ver. Me dicen ustedes amablemente que van a proceder a cambiarme “mi” contador de electricidad. Una cuestión bastante curiosa porque resulta que en el desglose de la factura que les pago a ustedes todos los meses les abono una cantidad en concepto de alquiler de contador. Y digo yo, ¿cómo es posible que les haya pagado un alquiler por algo que  era mío? ¿Habrán incurrido ustedes, mi querido monopolio, en un involuntario y pequeño error por el que me han estado cobrando indebidamente una modesta pero significativa cantidad a lo largo de los últimos años?   

Sigo adelante con la carta y observo que me cuentan ustedes que el nuevo contador permite la lectura a distancia (es decir, más gente al paro, me temo, maldita tecnología) lo cual, como fácilmente comprenderán, a los usuarios nos la refanfinfla. Dicho de otra manera, que me da igual que lean ustedes el contador a medio metro o desde las quintas chimbambas, a condición de que las lecturas sean las reales.   

Añaden que el coste de la sustitución -en cumplimiento de la normativa legal- correrá a cargo de Endesa. Y digo yo que faltaría más que nos cobraran a nosotros por algo que ni hemos pedido ni maldita la falta que nos hace. O sea, que les agradezco la información aunque me resulte irrelevante. Lo que me llena de asombro es que me indiquen que“solo” tendré que abonar “una cantidad en concepto de derechos de enganche que según la legislación actual asciende a 9,04 euros”. Vamos a ver, querido monopolio, ¿cómo nos van a cobrar a los usuarios un reenganche de un desenganche que ni hemos pedido, ni hemos contratado? Porque digo yo que porque a ustedes les salga del flujo de electrones cambiar los contadores, como les podría dar por cambiar esas divertidas torretas eléctricas de colorines con las que generosamente nos han adornado las autopistas para mejorar nuestra imagen turística, ¿a mi que me cuentan? Eso del derecho de enganche, que debe ser un asunto más complejo que el derecho romano, es un devengo que se produce cuando un usuario se da de alta en la red por primera vez o lo vuelve a hacer después de que le hayan cortado la luz por impago. ¿Pero cómo le pueden cobrar enganche a un consumidor que no se ha desenganchado, que está al corriente de sus pagos y que tiene un contrato vigente con ustedes para el suministro en unas condiciones pactadas?     

Es que si tenemos en cuenta que tienen ustedes, un suponer,600.000 usuarios en Canarias, a casi diez euros por barba, se van a embolsar así como quien no quiere la cosa unos seis millones de euros, que hay meses que no los gana uno, créanme, aunque sea expresidente de Gobierno y además de llevarse 80.000 del ala al año limpios de polvo (aunque no me consta que de paja) cobren por hacer de lobby para algunas de las grandes empresas españolas.   

Lo que ya me descalabra completamente es que añadan -supongo que intentando convertir la carta en un relato kafkiano- que el coste mensual del alquiler del contador a aplicar (un lapsus sintáctico porque en todo caso querrán decir ustedes ·el costo mensual a aplicar del alquiler del contador...·) será de 0,81 euros. A veeeeerrr. Si el contador es mío ¿me van a pagar ustedes 0,81 euros mensuales? ¿O será que realmente el contador es de quien es -es decir, de ustedes- y amablemente me comunican que me van a cobrar esa módica cantidad mensual?. Y si es de ustedes, ¿por qué principian hablando de “mi” contador?  

Queridos amigos del monopolio. No se líen. El contador es de ustedes.Lo era antes y lo es ahora. Por eso me cobraban antes el alquiler y me lo van a cobrar ahora. Y lo cambian ustedes por imperativo legal, con lo que esa pretensión de cobrarles diez euros a los usuarios me parece sencillamente que es sacar las patas del tiesto y echarle un poco de morro al asunto. Sobre todo porque lo que realmente se callan en su amable carta -en las cartas, como en la vida, es más importante lo que se calla que lo que se cuenta- es que el nuevo contador tecnológicamente avanzado que nos están cascando por decisión unilateral les va a permitir a sus señorías detectar a aquellos usuarios -viviendas, oficinas, bares, restaurantes y otros- que están consumiendo ligeramente por encima de la potencia contratada. O dicho de otra manera, que aquellos consumidores que tienen con ustedes un contrato de potencia de 5 kw y resulta que de media están consumiendo un poco por encima -que como bien saben son un porrón-van a tener que pagarles esa energía extra con un sustancioso recargo y, de propina, estarán obligados a realizar un nuevo contrato de mayor potencia. Es decir, que con esos nuevos contadores van a detectar ustedes los pequeños sobreconsumos que ahora se les escapan, van a cobrarlos con banderillas y van a hacerel negocio redondo aumentando el rango de potencia de los contratos. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Los usuarios no lo sabían.   

Resulta descorazonador que mientras hacen ustedes todo esto, la gente que se supone que representa los intereses de los ciudadanos sigan discutiendo del sexo de los galgos y los podencos. Si esto fuera un libre mercado, allá penas porque estarían ejerciendo con toda legitimidad sus derechos como empresa y los usuarios estarían en condiciones de elegir. Como resulta que tienen ustedes el monopolio real de la distribución no estamos hablando de un mercado libre y las reglas del juego deben ser distintas. Desde luego no deberían pasar porque ustedes hagan lo que les salga del forro de los cajones de los electrones y a los usuarios, forzosos, no les quede otra que tragar.

Les agradezco su amable y distorsionada información en torno a sus planes para apretarnos un poco más los bolsillos, les recomiendo encarecidamente que su grupo de producción compre energías renovables de los nuevos parques eólicos del Cabildo de Tenerife (y de paso quesos, vino, yogures, piensos, vacas... o jugarse incluso unas perritas en los casinos de la casa) y les aseguro que como se les ocurra cobrarme diez euros por un reenganche que no he pedido, pienso acudir a la Organización de Consumidores y Usuarios para que no me hagan ni puñetero caso, perder el tiempo, frustrarme y pensar una vez más que estamos indefensos ante los monopolios, los mercados intervenidos y los ineptos que se suponen que tienen que defendernos. 

Reciban un cordial saludo. 

III. (y una objeción desesperada)

PD. El número de información al que me indican en la carta que debo llamar (el 902 509 600 de Atención al Cliente de Endesa Distribución Eléctrica) es un call center -como dicen los modernos- que está en Madrid (me gustaría que creen puestos de trabajo donde yo pago, no sé si me entienden). Te atiende primero un sistema robotizado y luego una amable persona que solo acierta a repetir el manual de la compañía que viene a ser: “Le entendemos, pero le vamos a cobrar. Esto es lo que hay”. Ah. Y el número es de tarificación especial, de pago, con lo cual además de esperar, preguntar y no tener respuesta, también terminamos pagando. Por cierto, por mucho que me he leído las disposiciones legales que citan en su carta -y otras- sobre el cambio en los equipos de medidas básicos, por ninguna parte he visto otra interpretación que la de que son ustedes los que deben instalarlos y pagar el coste de la instalación. 

QUE EMPICE A CIRCULAR AHORA, NO ESPERAR HASTA FEBRERO....(Y apuntar en vuestras agendas en el día del consumidor)  QUE NO SE TE OLVIDE Este puede ser el comienzo, así lo he recibido y así os lo mando. VAMOS A PASAR DEL CABREO A LOS HECHOS. APAGÓN GENERAL DÍA 15 DE FEBRERO El DÍA 15 DE FEBRERO DÍA DEL CONSUMIDOR, apagón general de electricidad en los hogares españoles a las 22 horas en señal de protesta por la subida abusiva que ENDESA, IBERDROLA y FENOSA han llevado a cabo en sus tarifas eléctricas. La única forma que tenemos de luchar los consumidores contra estas practicas abusivas, es con medidas como esta por eso os convocamos a seguir esta iniciativa Que comenzara a las 22 horas y durara mínimo 5 minutos. CON SOLO 5 MINUTOS HAREMOS UN HUECO EN SUS ARCAS, QUE SE ACORDARÁN DE TODOS A LOS QUE ESTÁN ROBANDO.!!! !!!! OS ROGAMOS QUE LO HAGÁIS PASAR AL MAYOR NUMERO DE CORREOS ELECTRÓNICOS!!!!!......

MACRO PROYECTOS TURÍSTICOS EN LA COSTA DE TRAFALGAR

Macro Proyectos que están previsto en la costa de Trafalgar, en los municipios de Vejer y Barbate.

Marcha contra la especulación urbanística que partió del Faro de Trafalgar el pasado verano, convocada por el 15M. JAM 15 AG 2011

El filón de las viviendas ilegales

Los vecinos de Zahora y Los Caños de Meca llevan años reclamando soluciones. El Decreto no soluciona el problema de falta de servicios públicos y abandono por parte del Ayuntamiento de Barbate.

El filón de las viviendas ilegales 
15.01.12 - 01:40 - 
AGUSTÍN PELÁEZ apelaez@diariosur.es | VÉLEZ-MÁLAGA. 


Las asociaciones de afectados piden calma a sus asociados hasta que no se conozca el alcance de la nueva norma de regularización 
Bufetes de abogados llevan meses ofreciendo sus servicios ante la aprobación del decreto de la Junta 
Gabinetes jurídicos (y arquitectos) toman posiciones para captar como clientes a los dueños de edificaciones irregulares 
Las viviendas ilegales se han colocado en el punto de mira de los bufetes de abogados, conocedores de que más de 60.000 familias de toda la provincia, de las cuales una tercera parte se concentran en la Axarquía, aguardan como agua de mayo la legalización de sus casas. 
La aprobación esta semana del Decreto de Regularización de Construcciones y Edificaciones en suelo no urbanizable de Andalucía por parte del Consejo de Gobierno de la Junta no ha hecho sino acelerar la avalancha de ofertas de decenas de los gabinetes jurídicos en un intento de posicionarse ante el filón que representa en plena crisis económica hacerse con tan importante cartera de clientes. 
«Llevamos meses recibiendo ofertas de todo tipo procedentes fundamentalmente de bufetes de abogados que de la noche a la mañana parecen estar más interesados que nadie en legalizar nuestras viviendas», señala un miembro de la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), de la que forman parte más de 200 afectados, la mayoría residentes extranjeros. 
El propio presidente de este colectivo, Philip Anthony Smalley, reconoce que no hay un solo día que no reciban correos electrónicos de algún gabinete jurídico en este mismo sentido. «Sin embargo estamos aconsejando a nuestros asociados que no hagan nada y que aguarden a que analicemos en profundidad el decreto. Muchos de estos bufetes no están especializados en temas urbanísticos y antes de decidir acudir a un profesional hay que saber si es o no el adecuado. De cualquier manera, nuestra asociación lleva tiempo trabajando con un bufete que, pensamos, es uno de los mejores», señala Smalley. 
Una situación similar se produce también con la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), que agrupa a medio centenar de colectivos de toda la provincia que tienen en común la misma problemática, que además del ofrecimiento de abogados está recibiendo ofertas de gabinetes de arquitectura. «Antes de hacer nada, los afectados pueden acudir a la asociación. Aquí le podemos aconsejar, aunque somos de la opinión de que el profesional que se contrate debe estar especializado en temas urbanísticos», declara la presidenta de APVI, María del Mar Vázquez. 
Con la mosca tras la oreja 
«Las ofertas pueden ser bien intencionadas o no, pero estamos con la mosca detrás de la oreja», afirma el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcaucín y miembro de SOHA, Mario Blancke, que aconseja a los propietarios de viviendas ilegales que no se precipiten en la toma de decisiones que puedan tomar a partir de ahora. «Es necesario sopesar cualquier paso, sobre todo teniendo en cuenta que todavía se desconocen incluso los criterios de interpretación de la Junta de Andalucía sobre el Decreto de Regularización. Además estamos hablando de una norma que aún no ha sido publicada en el BOJA», dice Blancke. 
Según recoge el propio Decreto en la disposición final tercera, la nueva norma entrará en vigor justo un mes después de sus publicación en el BOJA, por lo que, para Blancke, los afectados disponen de tiempo suficiente para analizar con detenimiento si necesitan o no recurrir a un abogado o cualquier otro profesional, bien un arquitecto o un arquitecto técnico. 
No en vano, el mercado potencial de clientes que representan las más de 60.000 familias propietarias de viviendas ilegales en la provincia, ha llevado a algunos bufetes a incluir en sus ofertas el asesoramiento de gabinetes de arquitectura. 
Smalley apunta que lo que parece claro es que los abogados pueden hacer su agosto a partir de ahora con los propietarios de casas irregulares una vez que se ha aprobado por la Junta de Andalucía el Decreto de Regularización, dada la desesperación por la que atraviesan muchas familias, que no piensan en otra cosa que en salvar sus casas y porque los propios ayuntamientos podrán requerir de oficio a los dueños que normalicen la situación de sus edificaciones. (?) «Somos personas que hemos destinado todos nuestros ahorros a construir nuestras viviendas y es lógico que tratemos de salvarlas», asegura este residente que se confiesa totalmente «decepcionado» con el decreto de la Junta.

El Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite la queja presentada por los vecinos de Zahora

NOTA DE PRENSA DE LA AVV “COSTA DE LA LUZ”

Obras municipales para el abastecimiento de agua de los apartamentos "Playa del Estrecho" de Los Caños

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia, ha comunicado a la Avv “Costa de la Luz” de Zahora, Barbate, que ha sido admitida a trámite su Queja relativa a la ausencia de acometida de agua en Zahora y Los Caños de Meca debido a que cuando se instalaron las tuberías de la infraestructura de la red general de agua potable en la zona, se modificó el proyecto original por decisión de los organismos competentes de La Junta y estas se alejaron del núcleo central habitado de Zahora, incluido el colegio público, contraviniendo así las previsiones del Proyecto Original y perjudicando con ello a la población, quizás más por favorecer las pretensiones del Ayuntamiento, ya que las tuberías y las arquetas de conexión quedaron dispuestas en la zona donde estaba previsto que se construyeran los hoteles de Trafalgar.

Siete años después, estos hoteles aún no se han llevado y, por lo tanto, las arquetas sin utilizar mientras la población y el colegio de Zahora siguen sin posibilidad de acceso a la red de abastecimiento de agua potable, sin saneamiento, sin un colegio digno, sin un mínimo consultorio de atención sanitaria, etc., y esto, que se reclama también en la Queja, es porque también el actual gobierno local de Barbate, con el Alcalde Rafael Quirós (PSOE) a la cabeza, el pasado año decidiera emplear una cantidad procedente de los fondos del Estado para prolongar las tuberías para facilitar el acceso a este servicio público de una zona de apartamentos privados de Los Caños, dándole prioridad a estos antes que al mismísimo colegio público que es de su plena competencia.

En su escrito el Defensor del Pueblo dice que  una vez que se ha estudiado la misma, entiende que reúne los requisitos establecidos en la Ley Reguladora del Defensor del Pueblo y, en consecuencia, “se procederá a iniciar las actuaciones ante los organismos correspondientes para investigar los hechos que motivan su reclamación”. Así, solicitarán “la colaboración necesaria del Ayuntamiento de Barbate para poder conocer los datos precisos que afectan a la cuestión planteada en la Queja”.

Mientras que los habitantes y los visitantes de Zahora y Los Caños, año tras año, seguimos sufriendo la falta servicios públicos básicos e indispensables para el normal funcionamiento de nuestra población, los gobernantes locales -y autonómicos- seguirán eludiendo cualquier tipo de responsabilidad en el devenir de esta problemática situación que se agrava cuando llega el verano.

Firmado: José Antonio Mármol Román

Presidente de la Asociación de Vecinos “Costa de la Luz”

NOTAS Y OPINIONES SOBRE EL DECRETO DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES EN SUELOS NO URBANIZABLE

Miembros de la avv "Costa de la Luz" junto a empleados municipales en la manifestación convocada por los pescadores de Barbate el 9 de enero de 2012

NOTAS SOBRE EL DECRETO DE REGULARIZACIÓN

Algun@s soci@s nos preguntan  sobre el Decreto que La Junta de Andalucía ha aprobado recientemente, un DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES Y ASENTAMIENTOS EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA que debe entrar en vigor un mes después de su publicación en su boletín oficial.

Este Decreto podríamos decir que es más o menos el mismo que este mismo año aprobó el Ayuntamiento de Barbate y del que ya informamos a l@s soci@s, y que hace extensible a toda Andalucía unas Ordenanzas Municipales que permiten “regularizar” (que no “legalizar”, esto depende del PGOU)  las edificaciones construidas sin licencias declarándolas en situación de “ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN” (Art. 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía).

Nos preguntan que si esto hay o no que hacerlo, ¿quién nos garantiza la utilidad de esta nueva situación?, ¿cuál es el destino de los fondos?, etc.

El Decreto aun no está en vigor y tendremos que conocerlo más a fondo. De momento depende de cada uno el acogerse o no a esta ordenanza, pero no estaría mal informarse antes.

Hay opiniones para todos los gustos, algunos nos han comentado que la puesta en marcha de esta ordenanza además de dar un montón de "cante" (“es una medida recaudatoria, electoralista, etc”). Además está el modo como en Barbate se llevó a cabo la contratación de la empresa contratada por el Ayuntamiento –“Vivir en el campo” para encargarse de este “proyecto”, “la fecha de creación de esta empresa un día antes de su contratación, incluso el nombre …, y los métodos cuasi amenazantes que, parece, que se emplean para recaudar”.

Por otro lado, no sabemos si será o no cierto … ¿cuánto se lleva esta empresa por el trabajo que hace para el Ayuntamiento?, extraoficialmente nos han dicho que cobra un 20%?. ¿Es esto cierto?. Unas cantidades que se podrían quedar íntegramente en el Ayuntamiento si fuesen los propios técnicos municipales los que realizasen el trabajo, como sería lógico y razonable dada la situación de penuria económica que atraviesa el municipio de Barbate, especialmente el propio Ayuntamiento.

Centrándonos en la Ordenanza (Decreto del Ayuntamiento), ya hace un tiempo que informamos a l@s vecin@s y propietari@s que quién quisiera podría solicitar la “legalización” de sus viviendas presentando la documentación requerida y su resolución favorable permitiría la obtención de Licencias de Ocupación y de Utilización y la inscripción en el Registro de la Propiedad (escritura pública de obra nueva), permitirá tener acceso al servicio de luz eléctrica (siempre y cuando el propio vecino costee la instalación necesaria) y, cuando lo hubiera, a la red de saneamiento y agua potable.

El coste de esta legalización será aprox. un 4,00%  del importe total de la obra, según el precio básico unitario/metro cuadrado, que varía según la tipología de la construcción, más el importe de la documentación técnica que se requiere (la asociación tratará de llegar a acuerdos con los técnicos correspondientes para abaratar los costes de los socios). Aparte la obtención de la citada licencia está suponiendo nada menos que unos “mil trecientos euros” que han tenido que pagar por adelantado los vecinos que hasta ahora se han acogido a esta ordenanza.

Esta Ordenanza, el Decreto, sólo “servirán para las edificaciones que se han ejecutado en contra de la ordenación urbanística vigente en suelos urbanizable y no urbanizable finalizadas hace más de cuatro años, sobre las que ya ha prescrito la acción de restauración del orden jurídico infringido (es decir que no tienen abierto ningún expediente de Disciplina Urbanística) y no se aplicará a las edificaciones construidas en un parque natural, en suelo no urbanizable de protección especial, de dominio público o su zona de servidumbre (como son las construcciones que están en suelos inundables, junto a los ríos o  arroyos o en los 100 metros de Costa)”.

Hemos de reseñar que acogerse a esta ordenanza supone pagar por adelantado al Aytº una cantidad que oficialmente forma parte de los costes que obligatoriamente se tienen que pagar para la legalización de las viviendas y demás establecimientos cuando se aprueba definitivamente y entra en vigor el PGOU (así está reflejado en la Memoria de la Aprobación Provisional del  PGOU de Barbate). 

Esta cantidad (que como decimos, es sólo una parte de los costes totales de legalización que se lleva a cabo a través del PGOU), el 4% del valor de las obras, más los gastos técnicos, más después la licencia, muchos de nosotros no podríamos pagarla así tan fácilmente porque oscila entre dos, tres, cuatro mil euros o más para una vivienda normal, dependiendo de su tamaño o de si son varias viviendas, y que puede llegar a ser hasta 70 mil o más euros en el caso de algunos establecimientos, medianos negocios u hostales que hay en la zona. La ordenanza no nos acarrea ninguna especial ventaja a la mayoría de los vecinos de Zahora, que digamos ya tenemos una situación de reconocimiento, entre otras cosas, por estar incluidos en el Plan Urbano y porque, desde luego, hace mucho tiempo que disponemos la luz eléctrica porque, entre otras razones, el tendido eléctrico y los transformadores lo costearon los propios vecinos de Zahora, en el año 76.

Por otro lado la gran mayoría de las viviendas, seguramente más de la mitad de las existentes (cuando menos todas las construidas hasta agosto del año 2000 y que no están en suelo protegido) ya deberían estar legalizadas hace tiempo, al menos, todas las que estaban incluidas el Plan vigente desde 1996 así como las existentes cuando se firmó el Convenio entre la Avv “Costa de a Luz” con el Ayuntamiento.

Además la mayor parte de las viviendas y negocios existentes en Zahora son “alegales”, algunas vienen de generación en generación, hay otras tienen más de 40, 30, 20 o 10 años, pero la inmensa mayoría hace más de cuatro años que fueron terminadas y no tienen abierto expedientes disciplinarios,  por lo que ya no pueden ser demolidas ni sancionadas y de alguna manera tienen que ser reconocidas.  Por lo tanto en muchos de los casos las viviendas y negocios ya deberían estar legalizados definitivamente si no fuera por la inoperancia del Ayuntamiento de Barbate que nunca cumplió con su obligación de llevar a cabo el Plan de Urbanismo vigente. 

Hay que decir también que muchos vecinos de Zahora y Los Caños ya pagamos el I.B.I. además de otros Impuestos y Tasas municipales: tasas de vehículos, por abrir nuevos negocios, chiringuitos, kioscos, puestos ambulantes, (en mi caso), etc., los comerciantes también pagan tasas de basura, aparcamiento, licencias de apertura-aunque no la tengan- etc.

En relación con esto hay que recalcar que, en la práctica, para el Ayuntamiento los “zahoreños” parece que no contamos y que no tenemos derechos a servicios ni a mejoras, puesto que nada de todo lo se ha recaudado y se recauda en Zahora se ha reinvertido en la zona, y no nos referimos sólo a lo que se recauda con esta nueva ordenanza sino también al resto de tasas anteriormente citadas, más las multas por infracciones urbanísticas, los I.C.O., etc.

El Ayuntamiento de Barbate siempre nos ha dicho que no tiene ni un duro para llevar a cabo cualquier mejora en Zahora... sin embargo, mientras tanto, y refiriéndonos sólo al caso concreto del agua, hace casi siete años que se instalaron las tuberías de la red de agua potable en la zona, alejándolas de Zahora contraviniendo el Proyecto Original por “simple y pura” decisión de los organismos competentes, que, quizás más para favorecer las pretensiones del Ayuntamiento, las dispuso para abastecer a "los futuros hoteles en Trafalgar", que aún no se han llevado a cabo, mientras LA POBLACIÓN Y EL COLEGIO DE ZAHORA SIGUEN SIN RED DE ABASTECIMIENTODE AGUA, SIN UN COLEGIO DIGNO, SIN UN MÍNIMO CONSULTORIO DE ATENCIÓN SANITARIA, ETC., esto también porque el propio gobierno local de Babate con el Alcalde Rafael Quirós (PSOE) al frente, el pasado año decidiera que este servicio público era prioritario llevarlo, antes que al colegio, hasta una zona de apartamentos de Los Caños, para lo que empleó una cantidad procedente de los fondos del Estado.

Mientras que los habitantes de Zahora y Los Caños a día de hoy  permanecemos sin este y sin otros servicios públicos que son básicos e indispensables para el normal funcionamiento de nuestra población, nuestros gobernantes locales -y autonómicos- han eludido cualquier tipo de responsabilidad en el devenir de esta problemática situación. (Hoy mismo hemos recibido la notificación del Defensor del Pueblo que ha admitido a trámite la Queja que por este asunto del Agua ha presentado la Avv “Costa de la Luz”).

Una y otra vez los responsables en estas materias se han dedicado a revisar y modificar las normativas existentes para intentar controlar esta difícil situación que siempre se les ha escapado de las manos. Son también nuevas fórmulas para intentar “recaudar”, y, como creemos que está pasando con esta ordenanza, lo hacen justificadamente ya que, aparece, es el único modo legal que puedan tener los habitantes de zonas “urbanísticamente problemáticas” como Zahora para tener acceso a los posibles servicios y un cierto reconocimiento jurídico, resultando por tanto la única vía (legal) posible para obtener una licencia de habitabilidad o de utilización del inmueble o vivienda para aquellos que necesiten acceder a dichos servicios (que estén) disponibles.

Esta ordenanza supone un “reconocimiento” de las viviendas pero no la “legalización”  de las mismas dado que ésta depende de la aprobación y ejecución del nuevo Plan de Urbanismo, del famoso PGOU de Barbate, cosa que en Zahora puede tardar bastante tiempo dado que, aunque el Plan de Barbate se aprobase hoy definitivamente, en lo que se refiere a Zahora, sólo comprende las directrices generales vinculantes y la delimitación del perímetro de la zona del Plan Especial, contando además con que no existe acuerdo entre el Ayuntamiento y los vecinos que han presentado numerosas alegaciones mostrando su disconformidad, entre otras cuestiones porque el Plan de Urbanismo contempla unos costes urbanísticos muy elevados imposibles de pagar por la mayoría de los vecinos de Zahora, de Barbate o de cualquier municipio (en los que precisamente se incluye ese 4% del valor de las construcciones que ahora se pretende cobrar por adelantado con esta nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento y, ahora, de La Junta).

Por lo tanto, mientras no se apruebe definitivamente el Plan Especial de Zahora, cosa que esperemos se haga de forma consensuada con los vecinos para que sea lo más respetuoso posible con las construcciones, con las propiedades de los vecinos y con el entorno y, al mismo tiempo, lo menos costoso posible, creemos que esta ordenanza, en principio es sobre todo beneficiosa para el propio Ayuntamiento como fuente de recaudación a la vez que le permitirá ejercer un mayor conocimiento de la situación y control de la zona y, en parte o puntualmente, para aquellos vecinos que necesiten acceder a algún servicio como la luz eléctrica o para algún caso concreto en los que se quiera constatar la seguridad jurídica de la correspondiente vivienda o establecimiento.

Creemos que acogerse a esta nueva ordenanza no supone especial beneficio para el conjunto o la mayor parte de los vecinos, especialmente para los que ya llevamos viviendo aquí muchos años o los que llevan toda su vida, en una zona consolidada de Zahora, que desde hace tiempo ya contamos con los (pocos) servicios existentes. En estos casos, la ordenanza sólo aportaría un cierto reconocimiento de los inmuebles y un control más explícito por parte del Ayuntamiento, que por otro lado, por la consolidación y antigüedad de las viviendas entendemos que ya se tiene.

En cualquier caso las cantidades recaudadas con esta ordenanza deberían destinarse a mejoras de dotaciones y servicios públicos en la zona repercutiendo así en el bienestar y en la mejora de calidad de vida de los afectados en general. En relación con esto creemos que podrían estar produciéndose ciertas irregularidades, no entendiéndose tampoco por qué el Ayuntamiento contrató a una empresa foránea, “Vivir en el campo”, recién creada (creada un día antes de su contratación, asunto que denunciaron en el Juzgado de Barbate un grupo de arquitectos del mismo pueblo)  para desempeñar estos menesteres que muy bien pueden realizar los técnicos municipales.

Hacer también una mención a los, como los llaman en Cádiz, "asusta viejas" que de algún modo quieren aprovechar la ocasión para sacar partido de todo este asunto engañando a la gente, porque es una situación propensa para meterle más miedo de la cuenta y ocasionarle excesivas preocupaciones diciéndole: “esto es mejor hacerlo cuanto antes”, … luego será más caro, … si no lo haces ahora luego te pondrán una multa porque será  obligatorio hacerlo,  y bla bla bla...).

En resumen, mientras esperamos a que entre en vigor el Decreto de La Junta y a conocerlo más a fondo, la posible obligatoriedad de esta ordenanza, cómo se va gestionar y cómo se va hacer efectiva la aplicación de la misma de forma oficial y generalizada por parte del Ayuntamiento, no estaría de más informarse bien de todo este asunto antes de tomar decisiones, ya que, en cualquier caso, son muchos los técnicos y empresas que podrían llevar a cabo este proceso técnico que se requiere para acogerse a la ordenanza.

Para cualquier consulta u otra información que podamos darle: www. avvzahora.com / tf. 618383575 o pueden dirigirse directamente al propio Ayto. de Barbate.

Firmado: José Antonio Mármol Román

Presidente de la Asociación de Vecinos “Costa de la Luz”

Regularización de viviendas. Los ayuntamientos asumen que el trabajo por hacer es largo y...

Los ayuntamientos asumen que el trabajo por hacer es largo y...

Los ayuntamientos asumen que el trabajo por hacer es largo y complejo

La Junta reconocerá el estatus urbanístico de más de 30.000 casas ilegales en Cádiz pero su regularización seguirá dependiendo de los planeamientos municipales

F. J. F./F. M./J. G. / DIARIO DE CÁDIZ | ACTUALIZADO 12.01.2012 - 05:0

Los ayuntamientos gaditanos más afectados por la construcción de viviendas ilegales en las últimas décadas celebraron ayer la aprobación por parte de la Junta de Andalucía del decreto de regularización de viviendas en la comunidad, que permitirá reconocer la situación de unas 225.000 edificaciones en la región, más de 30.000 de ellas en territorio provincial. Los representantes municipales aplaudieron la medida aunque subrayaron la necesidad de estudiarla a fondo, y recordaron que la Administración deja claro que serán los propios ayuntamientos los que tendrán que solucionar el problema del urbanismo ilegal a través de sus planeamientos.

Según las perspectivas de la Junta, nueve de cada diez construcciones levantadas en suelo no urbanizable (con más de cuatro años de antigüedad) acreditarán su situación, su existencia, hasta ahora obviada, mientras que el 10% de las casas tendrán que ser demolidas por estar ubicadas en zonas de riesgo natural como cauces de ríos o zonas inundables, o por estar afectadas por procedimientos judiciales en curso. La Administración ofrece de esta forma un soporte legal a las viviendas pero recuerda que los asentamientos deberán regularse y obtener dotaciones a través de los planeamientos municipales y con una condición inexcusable: que los propietarios paguen los costes del proceso.

El Puerto es uno de los municipios que más ha avanzado en la regularización de sus bolsas de urbanismo ilegal, que suman más de 4.400 viviendas. En el primer trimestre aprobará su Plan General de Ordenación Urbanística, que da soporte a las 54 áreas de regularización de viviendas distribuidas en el término municipal, según explicó el concejal delegado de Urbanismo, Diego Muñoz (PP).

Muñoz detalló que el desarrollo de 18 de estos espacios está pormenorizado en el PGOU, mientras que el resto deberá regularizarse a través de planes especiales individuales. Admitió que es un proceso muy complejo desde el punto de vista técnico y administrativo, con una inversión de unos 100 millones de euros en obras de urbanización y prestación de servicios básicos. "Los propietarios tendrán que dar un paso adelante, pero hay que ser consciente de la crisis que sufrimos y habrá que buscar fórmulas para facilitar los pagos", apuntó.

El proceso completo de regularización de El Puerto durará más de diez años, si bien el Ayuntamiento confía en que en esta legislatura puedan instalarse infraestructuras en todas las ARG.

En Sanlúcar, el Gobierno local, encabezado por la alcaldesa socialista Irene García, celebró ayer que "la Junta afronte una situación que afecta a miles de andaluces, mire de cara a un problema real y, consecuentemente, busque soluciones al mismo". Añadió que el Ayuntamiento "estaba pendiente de la aprobación de esta normativa que viene a abordar un tema que afecta en gran medida a Sanlúcar" y ahora "está a la espera de su publicación para conocer los detalles de un decreto que otorgará seguridad jurídica a los propietarios".

En relación al decreto autonómico, la alcaldesa anunció en abril de 2011 la realización de un "inventario" sobre el número total de viviendas ilegales que existen en Sanlúcar, así como su "situación física y jurídica". A falta aún de las cifras oficiales, desde hace años el Ayuntamiento toma como dato de referencia que las viviendas ilegales suman en la ciudad unas 6.000, repartidas entre importantes núcleos de población como la zona agrícola de La Algaida.

El delegado de Urbanismo de Vejer, Daniel Sánchez (PP), subrayó la "expectativa" que existe entre los vecinos con viviendas en suelo no urbanizable a cuenta del decreto de la Junta. "Es un marco para regirnos y nos permitirá seguir trabajando a través del Plan General y de los planes especiales", señaló Sánchez, que recordó que el decreto no implica una ordenación de las bolsas de vivienda ilegal ni que la Junta vaya a costear la instalación de servicios básicos, y que será el Ayuntamiento el que tendrá que seguir desarrollando su compleja labor de ordenación del territorio.

Desde Chiclana, donde se afronta la regularización de 15.000 viviendas ilegales, el delegado de Urbanismo, Andrés Núñez (PP), manifestó que el decreto "resulta a todas luces complejo, ambiguo y contradictorio y, lo más grave, que a simple vista parece que no soluciona el problemas de estas edificaciones". "El documento tiene un marcado carácter electoralista", lamentó Núñez. En contraposición, el portavoz del PSOE y exalcalde, José María Román, valoró que se arbitre una solución para viviendas que forman parte de la ciudad aunque recordó que los propietarios "tendrán que abonar los costes correspondientes para acceder a esos servicios, al igual que hicieron los que poseen viviendas legalizadas".

Marisol Ayala, concejala del Partido Vecinal Regionalista (PVRE), formación que defiende los intereses de las casas sin regularizar de Chiclana, opinó que el decreto de la Junta "no beneficia ni perjudica" a los propietarios de estos inmuebles y criticó el carácter "electoralista" de su publicación. Argumentó que en la localidad existe un "vacío urbanístico" en la localidad tras ser anulado el PGOU. "Hasta que no se apruebe el nuevo plan urbanístico, no se verá en qué situación quedan las casas sin regularizar", apuntó.