El Gobierno central recurre el decreto de legalización de viviendas de la Junta de Andalucía

El Gobierno central recurre el decreto de legalización de viviendas de la Junta de Andalucía

Unos vecinos miran el derribo de una vivienda en El Palmar -
 Efe/Román Ríos

Hay plazo para la negociación hasta el 20 de junio y por el momento se está aplicando con normalidad

StellaBenot Diario de Sevilla Actualizado:20/01/2020 13:26

Era una de las principales promesas electorales del PP y se ha puesto en marcha en un tiempo récord. El pasado 24 de septiembre, el Parlamento ratificaba un decreto ley para regularizar la mayor parte de las 327.000 viviendas ilegales que todavía hoy existen en Andalucía. Se trataba de un documento técnico y administrativo que daba a los alcaldes las armas legales para modificar sus PGOUs e incluir en sus términos municipales como urbanos suelos que hasta entonces no lo eran pero que llevan años albergando colonias residenciales o barrios enteros a los que, además, han tenido que ir dando servicios, como la recogida de basuras.

Pero se trata de una norma polémica que tiene muchos efectos colaterales, empezando porque favorecerá que muchos de los narcos del Campo de Gibraltar vean legalizadas las viviendas que levantaron en suelos de su propiedad pero sin permisos urbanísticos. Desde la Consejería de Fomento defienden que esta regularización es el camino para encontrar un equilibrio entre el interés general y la preservación del Medio Ambiente, y los derechos que asisten a los propietarios de estos inmuebles que los compraron de buena fe. Es, además, un problema que se repite en todas las provincias andaluzas. No obstante, no podrán legalizarse las viviendas que tengan menos de 6 años o aquellas que tengan una sentencia firme de los tribunales, ni tampoco las que se asienten sobre suelos de especial protección.

Ley de Costas

Sin embargo, el Gobierno central considera que hay «discrepancias legales» en este decreto que chocan con la Ley de Costas y que, por lo tanto, plantea un conflicto jurídico que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional. Como paso previo al mismo, a finales del mes de noviembre, la Ministra de Política Territorial presentó un recurso ante la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El cambio en el Gobierno central ha frenado todas las negociaciones entre ambas administraciones y la solución ha sido ampliar el plazo que terminó el pasado mes de diciembre.

El Estado y la Junta tendrán ahora que sentarse a negociar y, si no hay acuerdo antes del 20 de junio de este año, el ministerio planteará un recurso de inconstitucionalidad a todo el decreto. Hay ahora otra dificultad añadida ya que con la nueva estructura del Gobierno central, habrá un nuevo interlocutor en Madrid para la Consejería de Fomento.

Los reparos del Gobierno central hacen referencia a una serie de artículos, concretamente a los artículos 2, 3, 10 a 15, 20, 24 y la disposición adicional primera del Decreto-ley 3/2019, de 29 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la comunidad autónoma de Andalucía. Hay que recordar que en el Parlamento andaluz votaron a favor de este decreto PP, Ciudadanos y Vox y el PSOE mientras que Adelante Andalucía se abstuvo ya que consideraban que no resolvía el problema.

Todo sigue igual

Desde el Gobierno andaluz explicaron a ABC que el proceso iniciado con este decreto sigue adelante, ya que no hay ninguna orden legal en contra. Es más, la Consejería de Fomento ha mantenido reuniones con alcaldes en todas las provincias andaluzas para explicarles cómo hay que aplicar el decreto y cuáles son los pasos legales a seguir.

Unas convocatorias que han sido multitudinarias porque los alcaldes son los primeros interesados en resolver la situación de estas viviendas que, además, van a suponer una importantísima entrada de dinero para sus arcas municipales. Porque, hasta ahora los propietarios de estas viviendas pagaban un IBI rural ya que los suelos están catalogados como rústicos, y ahora tendrán que abonar un IBI urbano, que es muchísimo más elevado.

La regularización de las viviendas ilegales no es nueva en Andalucía. Durante años, los sucesivos gobiernos han ido regularizando muchas de ellas respondiendo así a la presión de los propietarios y también de los alcaldes. En los últimos quince años, la Junta ha regularizado 25.000 viviendas calificadas hasta entonces como ilegales, alegales o irregulares, en diferentes procesos que han supuesto un caos burocrático.

Porque desde el año 2002, las normas urbanísticas andaluzas se han modificado hasta en una docena de ocasiones dando cabida en cada una de ellas a un tipo determinado de viviendas pero sin resolver el problema de fondo. Hay, además, un grupo de propietarios extranjeros muy activo que lleva años denunciando su situación en la Costa del Sol y en Almería. Compraron las viviendas de buena fe y, cuando se dieron cuenta, no estaban calificadas urbanísticamente como tales. El último decreto de la Junta pretende resolver definitivamente este conflicto. El tiempo dirá si lo logra.