También deberá pagar 10,95 millones de
euros por cada semestre de retraso en la aplicación de una primera condena (año
2011).
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| NOTA: Aunque parezca imposible en pleno siglo XXI, en un sitio de Europa como es El Palmar, Zahora, Los Caños y San Ambrosio ni siquiera hay depuradora -ni red de abastecimiento de agua potable para la población- porque la Junta de Andalucía no ha acometido el tan necesario proyecto de la depuradora conjunta para la zona (publicado en el BOJA en 2011) ni los Ayuntamientos han dotado de este servicio básico indispensables a la población de éstas pedanías a pesar de estar instalada la red general de abastecimiento de agua para la zona desde 2004, y eso a pesar de ser una zona turística que en verano multiplica su población por diez o más. La depuradora de Barbate también está en esta lista negra. |
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo de la UE ha
obligado a España a abonar al presupuesto comunitario 12
millones de euros por la deficiente depuración de las aguas residuales en
un largo proceso judicial que afectaba a 17 localidades y que ahora,
finalmente, incide sobre nueve de ellas. Agotados todos los pasos y las
explicaciones de defensa para evitar la sanción, el Ministerio para
la Transición Ecológica deberá afrontar esta dura multa que habla mal de
la gestión ambiental en España. Además el Tribunal Europeo obliga a España a
pagar una multa coercitiva de 10.950.000 euros por cada semestre de
retraso en la aplicación de las medidas para cumplir una sentencia condenatoria
del 2011. La última depuradora que se acabe,que será la de Barbate, estará
lista en el 2022; o sea, !21 años después de que debiera estar en marcha!
La sanción es fruto del incumplimiento de la normativa europea sobre aguas
de 1991. Esta establecía la obligación de los municipios de más de 15.000
habitantes de cumplir con una serie de requisitos sobre plantas y sistemas de
tratamiento y depuración de aguas, para prevenir los vertidos contaminantes a
los ríos y al mar.
España debía incorporar estas mejoras antes del 1 de diciembre del 2000.
Sin embargo no lo hizo, por lo cual la Comisión Europea presentó una demanda
ante el Tribunal de Luxemburgo contra España, que fue condenada en 2011 por el
incumplimiento de esta obligación en un total de 43 aglomeraciones
La Comisión dio un nuevo plazo a España para cumplir sus obligaciones,
concretamente hasta julio de 2013, pero, una vez rebasado ese período, inició
un nuevo proceso de infracción que condujo a Bruselas a llevar a España de
nuevo al Tribunal de Justicia, tras constatar que no se habían hecho los
progresos necesarios. La nueva condena sentenció que 17 aglomeraciones
continuaban sin cumplir sus obligaciones.
La mayor parte de los municipios que han incumplido las normas europeas
(deficiente saneamiento) son de Andalucía. En la última lista negra quedan
nueve localidades.
No se incluye ningún municipio de Catalunya, comunidad que ha hecho un
notable esfuerzo de depuración de las aguas de los ríos, gracias al canon de
saneamiento que pagan los usuarios desde hace años.
Dura reprimenda: 19 años de retrasos
A pesar de los esfuerzos que ha hecho España para mejorar el sistema de
colectores y tratamiento de aguas residuales (solo quedan 9 aglomeraciones
pendientes), el Tribunal de Justicia considera que la larga infracción de
España es “una circunstancia agravante”. Con arreglo a la información
facilitada por España (dice la sentencia), la plena ejecución de la sentencia
no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años en
relación con el plazo que fija la directiva (31 de diciembre de 2020). (No
obstante, el nuevo Gobierno admite, que en realidad el retraso será mayor...)
El Tribunal Europeo subraya en su fallo que las dificultades jurídicas y
económicas que esgrime España para justificar el retraso en la ejecución de la
sentencia no le eximen de sus obligaciones comunitarias.
Para calcular la multa coercitiva, el Tribunal de Justicia ha valorado la
larga duración de la infracción (7 años a partir de la sentencia del 2011). No
obstante, y en consideración a los progresos que haga España, el Tribunal
decide imponerle una multa coercitiva de carácter decreciente fijada sobre una
base semestral.
El Tribunal de Justicia argumenta que el número de aglomeraciones urbanas
en cuestión, “así como los numerosos procedimientos por incumplimiento incoados
por España, justifican la adopción de una medida disuasoria”. Ésta se establece
“a fin de evitar que se repitan en el futuro infracciones análogas del derecho
de la UE”.
La lista negra actualizada
Las aglomeraciones urbanas que están en este procedimiento (y con condena
ya firme) son las siguientes: siete en Andalucía (Alhaurín el Grande, Barbate,
Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas y Tarifa), una en Asturias (Gijón
Este) y una en Canarias (Valle de Güimar). Así lo indicó el Ministerio.
De ellas, cuatro aglomeraciones urbanas (Barbate, Matalascañas, Nerja y
Gijón Este) cuentan con declaración de interés general de Estado.
En la vista oral previa, la Comisión Europea admitió que Santiago de
Compostela ya se encontraba en situación de cumplimiento, por lo que España no
ha sido sancionada por esta aglomeración.
En cambio, el fallo no admite que Tarifa cumpla ya sus obligaciones, pues
las muestras obtenidas fuera del período estival -en el que la carga es más
elevada- no satisfacen las exigencias de la directiva.
De las nueve aglomeraciones urbanas finalmente incluidas en la sanción, se
prevé que tres (Nerja, Alhaurín el Grande y Coín) se encuentren en situación de
conformidad antes de finales de 2018. Otras dos (Isla Cristina y Gijón Este) lo
estarían antes del final de 2019, mientras que previsiblemente dos
(Matalascañas y Valle de Güimar) lo estén en 2020.
La aglomeración más retrasada es la de Barbate, cuya licitación de la
redacción del proyecto y del estudio de impacto ambiental se prevén para este
año, pero no se espera que pueda entrar en funcionamiento hasta 2022, según
admite el Ministerio.
El 99,3% cumple
Esta actuación fue incluida como “a ser ejecutada por la Administración
General del Estado” en el Protocolo suscrito con la Junta de Andalucía en julio
de 2017.
El Ministerio destaca que en la actualidad, el 99,3% del total de las
aglomeraciones españolas (2.083) cumplen con los requisitos de recogida de las
aguas residuales.
El 85,2% de la carga contaminante total es objeto de un tratamiento secundario
de depuración y el 73% de la carga que llega a zonas sensibles es objeto de un
tratamiento terciario más riguroso.
“Nos ha costado 20 años entender lo que es la directiva comunitaria marco
del agua”, dijo en una reciente comparecencia parlamentaria la ministra Teresa
Ribera al comentar las carencias en la depuración de las aguas y la limpieza de
ríos. El Ministerio prepara un Plan Nacional de Depuración de Aguas con medidas
de choque.
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