El
texto, que afecta a casi todos los departamentos de la Junta, levanta
restricciones ambientales, urbanísticas y laborales
Los consejeros de la Junta de Andalucía, este lunes, en la presentación del
decreto para eliminar trámites burocráticos.EDUARDO
BRIONES - EUROPA PRESS / EUROPA PRESS
No es ningún secreto que al Gobierno andaluz de coalición de PP y Ciudadanos la
elaboración de leyes nunca ha estado entre sus prioridades. “No venimos para
hacer más leyes, sino para derogarlas”, han dicho más de una vez los miembros
del Ejecutivo autónomo. En el Consejo de
Gobierno celebrado este lunes se ha aprobado un decreto ley que modifica o
deroga parcialmente 21 textos legislativos y seis decretos. En total,
representa la eliminación o simplificación de 100 trámites burocráticos. La
propuesta se ha hecho “de la mano del sector privado”, según admitió el consejero de Hacienda, Juan Bravo, acompañado
de otros cinco miembros del Ejecutivo.
La maraña administrativa de la Junta ha sido siempre
una de las quejas más frecuentes de la patronal andaluza, que acusa a la
Administración regional de “voracidad legislativa”. Desde casi el primer día en
que tomó posesión, los diferentes departamentos han ido chequeando los tiempos
de espera de los proyectos empresariales desde que se presentan hasta que ven
la luz. Y el resultado de este estudio coordinado por la Consejería de
Economía, que dirige Rogelio Velasco, ha sido el decreto ley aprobado hoy y que
el Gobierno no tramitará como proyecto de ley cuando llegue al Parlamento. Lo
convalidará con el apoyo casi seguro de la ultraderecha de Vox, su aliado
parlamentario.
El texto simplifica los trámites administrativos en
prácticamente todas las áreas de la Junta. Afecta al turismo, al patrimonio
histórico, al comercio, la salud, la industria, la pesca, el medio ambiente, el
urbanismo, la energía o los servicios sociales. También al sector audiovisual.
Donde antes eran los Ayuntamientos los que gestionaban la radio o la televisión
municipal ahora podrá hacerlo un tercero.
Por ejemplo, se deroga la declaración de los
proyectos de campos de golf como interés turístico. Esta
normativa contempla la excepcionalidad de que puedan incluir promociones
residenciales, pero con unos requisitos medioambientales muy estrictos. Desde
2008, se han presentado 44 solicitudes, ninguna de ellas ha visto la luz *
*El Següesal Golf, que promueve en Barbate el grupo Bogaris y que contempla la construcción de 450 viviendas y más de 900 apartamentos turísticos colindando con el Parque Natural de La Breña, fué autorizado en julio de 2011.
*El Següesal Golf, que promueve en Barbate el grupo Bogaris y que contempla la construcción de 450 viviendas y más de 900 apartamentos turísticos colindando con el Parque Natural de La Breña, fué autorizado en julio de 2011.
El decreto ley permitirá a los comercios de más de
300 metros cuadrados a ampliar el número de festivos en los que pueden abrir.
Se hará de manera paulatina hasta el 2022 y hasta un total de 16 domingos en un
sector que emplea a 520.000 personas y supone el 16,5% del mercado laboral
andaluz. La declaración responsable sustituirá a la licencia de obras municipal
en el caso de obras menores o en edificaciones que no suponga el incremento en
la edificabilidad. La misma vía se aplicará en el caso de la apertura de
locales, comercios o servicios. Serán los ayuntamientos los que después de
abiertos verifiquen la instalación.
De las 21 leyes que se van a modificar, ocho afectan a
regulaciones medioambientales. La consejera de Agricultura y Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo, aseguró que “se ha abandonado todo lo
sobreprotegido”, pero que se cumplirá la normativa estatal vigente. Los
trámites para la elaboración de los planes generales de ordenación urbana
también se reducen para acortar en seis años su aprobación. En Andalucía los
planes urbanísticos tardan una media de ocho años en ser aprobados.
Según datos de la Consejería de Economía, de las 262
regiones europeas Andalucía ocupa el puesto 220 en competitividad a causa,
entre otras razones, de la “ineficiencia” de su normativa. Velasco aseguró que
la eliminación de barreras, tasas y trámites puede elevar el PIB per cápita
alrededor de un 2,5% en un plazo de entre cinco y diez años. Comisiones Obreras
se quejó de la falta de información previa sobre el decreto que, en su opinión,
supone “un fuerte atentado contra la transparencia pública y la seguridad
jurídica”.
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