El
alcalde de Barbate, investigado por desobediencia por no ejecutar una orden de
derribo de hace 15 años de una vivienda ilegal
DIARIO DE CADIZ MANUEL GALVÍN SERRANO29
Julio, 2022 - 07:31h
La justicia pidió información, sin éxito, hasta 15
veces al Ayuntamiento de Barbate sobre el estado del inmueble ilegal en Zahora.
Molina, pese a ignorar las llamadas para prestar
declaración, ha intentado el sobreseimiento del caso en varias ocasiones.
Miguel Molina (AxSi)
Durante años, el cumplimiento de la sentencia ha caído en saco roto,
pues la casa construida en suelo no urbanizable aún no ha sido demolida. El
Ayuntamiento de Barbate no ha salido al paso de las peticiones de información
por parte de la justicia. A Molina se le citó a declarar como
investigado por delito de desobediencia civil, en junio de 2021. Una
llamada a la que no atendió y a la que replicó con una solicitud de
sobreseimiento del caso el 25 de octubre de 2021.
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| Alcalde Rafael Quiros (PSOE) |
"Carece de sentido solicitar el
sobreseimiento de la causa"
La cosa no quedó ahí. Miguel Molina, en su intento de agotar todas
las vías judiciales, recurrió a la Audiencia Provincial para conseguir
el sobreseimiento. Y de nuevo, se ha encontrado con la negativa de la justicia.
Pues el pasado 30 de junio, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de
apelación y confirmó la resolución del juzgado barbateño del 4 de abril.
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| Juan Manuel de Jesus (PP) |
15 años desobedeciendo una orden judicial
de derribo
La Audiencia Provincial reconoce que, tras el análisis de la
situación, se podría estar ante un delito de desobediencia civil,
al ser firme la sentencia del Juzgado de lo Penal nº5 de Cádiz desde el 26 de
abril de 2007. Entonces se condenó a P.J.H. como autor de un delito
contra la ordenación del territorio a la demolición de su construcción
ilegal en Zahora.
Entre 2007 y 2017, las instancias judiciales se pusieron en
contacto con el Consistorio de Barbate hasta en 15 ocasiones para
conocer si se había demolido la casa o si se había legalizado a
través de una modificación del PGOU. En dos de las comunicaciones, incluso se
avisó de la posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia. La única
información que tenía el juzgado en su mano era la clasificación del PGOU,
donde se mostraba cómo el suelo seguía sin ser urbanizable. La única
respuesta clara vino por parte de la Policía Local, 12 años después, que
confirmó que la vivienda no había sido demolida.
Ante los oídos sordos, se envió un requerimiento personal al
alcalde de Barbate el 22 de agosto de 2019 con el fin de agilizar la
demolición acordada por sentencia firme, dando el plazo de un mes para hacerlo.
"Requerido de nuevo el Ayuntamiento para informar sobre si se
había producido la demolición de la vivienda, se informó por la Policía Local
que no se había producido dicha demolición y tampoco se justificó que
existiera un expediente administrativo con dicho objeto". Y fue en este
momento, cuando la Fiscalía decidió acusar por delito de desobediencia civil.
Sin declaración ni expediente de
demolición hasta ahora
Asimismo, el escrito de la Audiencia admite que hay una actitud
pasiva por parte del regidor barbateño al no haber intentado prestar
declaración sobre este asunto, no haber expediente de demolición abierto y
ni siquiera haber presupuestado la misma nunca.
Una de las tesis de Molina, según recoge la Audiencia, es que no
se ha puesto a disposición de su Ayuntamiento las garantías necesarias para el
pago de la demolición. También en sus apelaciones arguye que la infracción urbanística
ya ha prescrito y que, en cualquier caso, para que la demolición sea legal se
debería haber avisado antes a los afectados de la vivienda.
Todos estos argumentos han sido tumbados una y otra vez. Por un lado,
la Audiencia responde que tiene que ser el juzgado que emite la
sentencia quien decida recoger una demolición condicionada a garantías
económicas. En este caso no es así, simplemente se insta a proceder con la
sentencia. Por otro lado, niega que la sentencia en firme haya prescrito. Por
último, se entiende que en la causa abierta ahora contra el alcalde barbateño
por desobeciencia, es conocer si se hicieron los previos requerimientos al
infractor.
* Hay que
recordar que en la fecha de la Sentencia del 26 de abril de 2006 aun era
Alcalde de Barbate el popular Juan Manuel de Jesus Nuñez y desde 2007 a mayo de
2015 fue Alcalde el socialista Rafael Quirós Cárdenas y desde 2015 hasta hoy gobierna
Barbate el Alcalde actual Miguel Molina
Ambos
Alcaldes tambien fueron investigados por la Fiscalía en varias ocasiones por
diferentes asuntos, por posibles delitos de prevaricación (Juan Manuel de Jesus
investigado por posible delito de prevaricación. Diario de Cádiz JOSÉ MARÍA RUIZ BARBATE 29 Diciembre, 2015). De
Jesus fue condenado a cinco años de inhabilitación en 2016.
“La
Guardia Civil tomó declaración a Rafael Quirós junto a un concejal y dos
funcionarios por dejar morir denuncias abiertas por la Policía Local” (P.M. ESPINOSA diario de CÁDIZ 02 Octubre, 2013
)
Con anterioridad tambien el Alcalde Serafin NUñez fue condenado a seis años
de inhabilitación ´como autor de un delito de prevaricación en el caso de
Puerto Plata que destapó el caso Juan Guerra.
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