La regularización depende de los ayuntamientos y de que los propietarios paguen

Los municipios gaditanos más afectados por la construcción de viviendas ilegales han sido incapaces de solucionar el problema

J. GARRET / F. MELERO / DIARIO DE CÁDIZ | ACTUALIZADO 11.01.2012 - 09:53

 Los ayuntamientos más afectados por la edificación ilegal en la provincia de Cádiz aún desconocían ayer los detalles del decreto aprobado ayer por la Junta de Andalucía a pesar de que la responsabilidad de los proceso de regularización de viviendas sigue recayendo directamente en ellos. 

En el caso de las viviendas aisladas, los propietarios deberán dirigirse a sus consistorios para acreditar las características de su inmueble y obtener un "certificado" que permitirá regularizar, que no legalizar, su situación, según avanzó ayer la secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria de Vega. Aquí la dotación de servicios básicos se hará en régimen de "autoabastecimiento". 

Es más complejo el caso de viviendas incluidas en urbanizaciones, en núcleos rurales, donde la regularización de propiedades y la dotación de servicios dependerá del desarrollo de planes municipales específicos, en primer lugar, y de que los propietarios paguen los  mismos costes que pagan los propietarios de una vivienda legal y que ellos no pagaron en su día, tal y como aseveró la directiva de Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Aunque la Junta no tiene un registro de viviendas ilegales, es conocida la problemática de municipios como Chiclana (más de 15.000), El Puerto (alrededor de 4.000), Vejer (más de un millar), Barbate (otras mil), Jerez (alrededor de 800), Algeciras (400), La Línea (600) o San Roque (1.500).

De la incapacidad de los municipios para sacar adelante planes de regularización da cuenta el Ayuntamiento de Chiclana, que durante los últimos años ha agrupado en áreas de gestión la mayor parte de las viviendas ilegales y ha elaborado ordenanzas de regularización pero que todavía no ha resuelto la prestación de servicios básicos en todas las zonas del municipio ni tampoco los pagos que deberá realizar cada propietario. El proceso se demorará durante años.

Otro caso es Vejer, que tiene una bolsa de más de un millar de viviendas en El Palmar, un ejemplo de núcleo rural surgido al margen de cualquier regulación. El PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de El Palmar, el primer plan de regularización de la zona, se ideó en 2001, se aprobó en 2006, inició su desarrollo en 2008 y, cuando ha comenzado 2012, todavía no ha servido para legalizar ni una sola casa en el tramo costero.

 

El anterior equipo de Gobierno municipal (PSOE), después de diez años de trabajo y enormes retrasos, llegó a cuantificar en 60 euros por metro cuadrado de finca el coste de la regularización. El nuevo alcalde de Vejer, José Ortiz (PP), ha cambiado el rumbo del plan en cumplimiento de su promesa electoral a los vecinos y ha asegurado que ya ha conseguido reducir a 40 euros por metro cuadrado de propiedad el coste del procedimiento.

El mismo problema se plantea en Zahora, en el litoral de Barbate, donde se acumulan otras mil viviendas construidas al margen de cualquier regulación. El Plan General de Barbate de 1996 ya establecía la necesidad de reformar este núcleo ante la proliferación de edificaciones ilegales. En 2007, Rafael Quirós (PSOE), tras hacerse con la alcaldía de Barbate, heredó un cúmulo de problemas que incluía la ordenación de Zahora. "Zahora es un barrio de Barbate. No se pueden derribar mil casas porque eso no tiene sentido y porque hay gente que vive allí desde hace más de treinta años", dijo entonces Rafael Quirós.

 Viviendas típicas de Zahora. Fotos JAM 2004.

El regidor retomó el diseño del Plan General del municipio, que hoy, cinco años después, sigue en fase de avance. Y éste es solo el principio de un larguísimo camino hacia la regularización, pues el Ayuntamiento tendrá que desarrollar un Plan Especial de Reforma similar al de El Palmar y un proyecto de instalación de infraestructuras y servicios tasados en más de 20 millones de euros, unos costes que, en cualquiera de los casos, tendrán que pagar los que construyeron su casa de forma irregular. El decreto, ha insistido la Administración, no modifica ni un milímetro esta realidad.