La justicia obliga a urbanizar una barriada alegal de Sevilla

 

La justicia obliga a urbanizar Tarazona, una de las barriadas alegales de Sevilla

Resuelve al fin la disputa entre el Ayuntamiento y los residentes que reclaman desde hace veinte años el asfaltado de calles y los servicios necesarios

Elena Martos ABC SEVILLA Actualizado:04/11/2020 13:51

Una de las calles de Tarrazona (Sevilla)

La regulación de barriadas sin recepcionar ha encontrado al fin amparo en la justicia con una primera sentencia que da la razón a los propietarios de parcelas y viviendas irregulares en suelo urbano no consolidado obligando al Ayuntamiento al que pertenecen a construir los viales y los sistemas de alcantarillado y alumbrado público. Lo ha logrado la asociación de vecinos de Tarazona, que el pasado 23 de octubre recibieron el fallo favorable a una reclamación que dura ya más de veinte años.

El juzgado de lo contencioso número 1 de Sevilla reconoce el derecho de los 750 familias, muchas de ellas residentes en la zona, que exigen la urbanización de esta barriada de la Rinconada que ha crecido entre carriles de tierra, fosas sépticas y la ausencia completa de alcantarillado. El barrio está incluido como suelo urbano no consolidado en el PGOU y sufre, como tantos otros dentro del área metropolitana, una eterna situación de provisionalidad a la espera de que se apruebe su urbanización.

Este reconocimiento que hizo el Consistorio y por el recauda a sus vecinos impuestos de bienes inmuebles, circulación y basura, justifica la ejecución de los trabajos de asfaltado de calles, sistemas de saneamiento y otros equipamientos públicos que den servicio a los propietarios. Sin embargo, el complicado entramado administrativo ha mantenido a este núcleo, construido en su día de manera irregular, en el limbo, a pesar de existir un convenio firmado de 1999 entre los propietarios y el Ayuntamiento que reconoce la capacidad de este último para ordenar las obras con cargo a los vecinos.

Esa ha sido la reclamación histórica de las 750 familias que se han movilizado en la calle, han pedido ayuda al Defensor del Pueblo Andaluz y, como último recurso, han puesto el asunto en manos de la justicia. Una magistrada les ha dado finalmente la razón en una sentencia que condena al consistorio rinconero a autorizar y gestionar las obras que pagarán los propietarios, agrupados en una asociación de vecinos. Como portavoz de este colectivo ejerce José Manuel García Lezcano, que lleva dos décadas reclamando la ansiada urbanización. El fallo, según explica a ABC, «es un reconocimiento de nuestros derechos y de lo que está recogido en el convenio».

Este residente insiste en que «los propietarios están dispuestos a pagar, pero es el Ayuntamiento el que tiene capacidad para iniciar el proceso que llevamos tanto tiempo esperando». Lamenta igualmente que los responsables públicos utilicen como excusa la constitución de una junta de compensación que debía iniciar el proceso para retrasar una y otra vez la urbanización. Recuerda también que «se estableció un plazo de seis meses para redactar un plan especial y, una vez superado, la administración local debía actuar por su cuenta con cargo a los vecinos. Hace ya trece años que expiró ese plazo y no se ha puesto ni un solo ladrillo». Así lo recoge también la sentencia de este proceso, dirigido por el letrado Servando Meana, donde la juez reconoce la validez del convenio de 1999 y obliga al Consistorio a cumplirlo.

Sin embargo, José Manuel García Lezcano no tiene del todo claro que se vaya a responder, pues «el Ayuntamiento es el principal enemigo de la regulación de este núcleo urbano», considera. El residente aclara que «cada propietario paga un IBI de cuatro cifras, que en casos como el mío asciende a 1.200 euros, además de otros impuestos como el sello del coche o la tasa de basura, pero no nos ofrece ningún servicio, ni siquiera acude la Policía Local cuando se les llama». Ese dinero multiplicado por 750 viviendas genera al cabo del año unos ingresos de más de un millón de euros sin necesidad de que tenga que prestar servicio alguno, una situación que los vecinos consideran «muy ventajosa para la administración y totalmente injusta para ellos».

Por su parte el Ayuntamiento de la localidad asegura a este medio que la sentencia «establece que la urbanización de Tarazona cambie el procedimiento de compensación por el que los vecinos ejecutaban la urbanización con un quorum del 60 por ciento de los propietarios, al procedimiento de cooperación, por el que es la administración local la que procede a urbanizar previo pago de los particulares». Sin embargo, el equipo de Gobierno está estudiando la posibilidad de recurrir el fallo, que no es firme, al considerar que los residentes de esta barriada no han cumplido con el proceso de urbanización. Así, manifiestan su predisposición a llegar a un acuerdo «siempre que los propios vecinos depositen el dinero necesario para la urbanización previamente, tal y como indica la sentencia, pues el Ayuntamiento ni puede, ni debe, ni tiene obligación (puede pedir hasta seis meses de anticipación) de adelantar el dinero».