NOTA DE PRENSA: JUNTA DE ANDALUCÍA
La Junta ejecuta la demolición de una vivienda ilegal y el cierre de tres
parcelas en suelo rústico en Barbate
Fomento actúa después de que el propietario rompiera el precinto y siguiera
construyendo pese a la orden de suspensión dictada
La Junta de Andalucía ha llevado a cabo este miércoles la demolición de una
edificación y tres cerramientos perimetrales de parcelas que actualmente
carecen de edificaciones en la zona de la Ribera de la Oliva, en Barbate. El
operativo de la inspección urbanística de la Junta de Andalucía se ha realizado
sobre una edificación que estaba en construcción en suelo rústico y que ya fue
precintada en su día, aunque posteriormente el propietario rompió el precinto y
siguió construyendo, desoyendo la orden de suspensión dictada por la Consejería
de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.
Este operativo, se ha desarrollado con normalidad y se ha efectuado en
coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, conformadas por unidades
de la Policía Local de la localidad, Policía Nacional adscrita a la Junta de
Andalucía y por efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en la propia
localidad de Barbate.
Las demoliciones fueron ordenadas tras tramitar los correspondientes
expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial, contando con la
pertinente autorización judicial de entrada para la demolición de la vivienda. La
intervención de la Consejería de Fomento parte de una solicitud del
Ayuntamiento de Barbate, que en 2021 puso de manifiesto la situación irregular
de la zona y su falta de medios personales para actuar, solicitando auxilio a
la inspección autonómica. Esta detectó un alarmante crecimiento de la venta de
parcelas en la zona y la implantación de mobil homes, todas ellas con fosas
sépticas o vertidos fecales directamente a las marismas de la localidad.
En este contexto, la inspección urbanística realizó una primera visita de
inspección al lugar de los hechos en diciembre de 2021, en la que se detectaron
múltiples edificaciones en construcción que no tenían licencia urbanística, y
que resultaban ilegales e ilegalizables. Desde la fecha, se han tramitado más
de cien expedientes de protección de la legalidad y otros tantos sancionadores
frente a edificaciones ilegales.
En paralelo a las actuaciones que la Junta de Andalucía viene
desarrollando, en el ámbito administrativo, también se están realizando
procedimientos de tipo penal. Así, la Fiscalía especializada en delitos sobre
el medio ambiente y el urbanismo ha incoado múltiples diligencias de
investigación penal, ya que la construcción en suelo rústico sin licencia
urbanística puede dar lugar a la comisión de delitos sobre la ordenación del
territorio y urbanismo. Como consecuencia, la Fiscalía provincial de Cádiz ha remitido
denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Cádiz en relación con todas las
viviendas que se están construyendo en las parcelaciones denunciadas.
La inspección autonómica persigue frenar el proceso de ocupación ilegal de
un territorio sobre el que pesan decenas de órdenes de demolición. Con ello, la
Consejería de Fomento está evitando el daño medioambiental que provoca la
cantidad de residuos humanos vertidos de forma descontrolada por las
edificaciones ilegales recientemente construidas.
Esta intervención se ha llevado a cabo al amparo del marco normativo que la
Junta de Andalucía ha generado la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento, que ha supuesto un refuerzo de
la inspección autonómica, que ahora sí puede ejercer competencias directas
frente a infracciones de carácter territorial en suelo rústico. Este cambio le
permite actuar de manera preventiva y aumentar el número de actuaciones para
preservar el territorio.
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