Aunque a nivel autonómico, estatal y europeo existe una amplia normativa
conservacionista y proteccionista del patrimonio natural e histórico-cultural
de nuestros pueblos, si uno se adentra un poco en el tema de la ordenación
urbanística, puede comprobar que estas normas hacen aguas por todas
partes ya que los gobernantes de turno y los planificadores que contratan, a
menudo se saltan a la torera esas normas, de manera que a veces estas resultan
inútiles ante la potestad que tienen los ayuntamientos de obrar a su antojo en la redacción de los planes sin
que exista transparencia ni participación ciudadana.
Amparándose en normas muchas de ellas contradictorias, las interpretan de
manera indecente y obscena de manera que les permite tramitar planes generales
que a su vez les permiten llevar a cabo recalificaciones de suelos rústicos y la
modificación de los usos y de la realidad existente en el territorio, en post de nuevos desarrollos especulativos
que en la mayoría de los casos resultan desfavorables para la mayoría de la
población y para el medio ambiente en general.
Es indecente que se estén dando tantos casos de corrupción entre los
políticos, técnicos, altos cargos del funcionariado de los ayuntamientos -y
diputaciones y comunidades autónomas- y eso que entre sueldos y dietas son los
que cobran los mejores sueldos y que por ello no necesitarían prebendas.
Y esto también pasa porque en las comunidades autónomas y en nuestros ayuntamientos existe una estructura clientelar que es mala para la economía de nuestros pueblos.
Es inmoral e indecente que se “vendan” el patrimonio y los servicios
públicos y se distribuyan beneficios arbitrariamente, sobre todo cuando se
trata de atraer votos.
Es inmoral e indecente que los responsables públicos puedan actuar
impunemente en connivencia con grandes empresarios en beneficio mutuo, cediendo
ante la presión de estos para contentar sus demandas, supuestamente con miras a
un desarrollo económico de los municipios que suele consistir en llevar a cabo grandes
proyectos urbanísticos y de interés turístico con tintes especulativos y de
dudoso interés general y que al final conducen al desgaste de la economía del
pueblo y al desgaste irreversible del territorio.
Cuando hace ya algunos años la Junta de Andalucía aprobó el P.O.T.A. (Plan de Ordenación del Territorio Andaluz) y más tarde el Plan de Ordenación del Territorio de La Janda (Decreto 261/2009, de 26 de mayo), un “Plan Subregional de Ordenación”, con la intención de contener los crecimientos desmesurados y, contradictoriamente, permitir también grandes desarrollos urbanísticos-turísticos en los municipios de La Janda, el Alcalde de Barbate, Rafael Quirós, mostró su alegría y dijo que estos planes “abrían posibilidades de crecimiento y se consolidan planes decisivos para el pueblo”.
Será por ello por lo que, mientras que los problemas del día a día de los
barbateños ha estado olvidado y el pueblo hundiéndose en la miseria, el
Ayuntamiento ha estado empleando tanto
tiempo, dinero y esfuerzos en aprobar el nuevo Plan de Urbanismo que le
abriría por fin las puertas para poder realizar algunos de esos ansiados macro proyectos
turísticos estrellas contenidos en el PGOU, ya sea El Bujar, El Següesal o Trafalgar,
que nos quieren hacer creer que son la panacea para el pueblo de Barbate.
José Antonio Mármol Román
Presidente de la Avv “Costa de la Luz” de Zahora
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