jueves, 25 de septiembre de 2014

El PA pide la dimisión del alcalde tras el demoledor informe de la Cámara de Cuentas


Quirós recuerda que ya alertó en 2007 de la ruina del Ayuntamiento
El PA pide la dimisión del alcalde tras el demoledor informe de la Cámara de Cuentas
JOSÉ MARÍA RUIZ BARBATE | ACTUALIZADO 25.09.2014 - 05:01

El alcalde de Barbate, el socialista Rafael Quirós, salió ayer al paso del demoledor informe de la Cámara de Cuentas que aprecia un déficit de financiación y una deuda de 73,3 millones de euros en el año 2012, además de apreciar un posible fraude de ley en la contratación de parte de la actual plantilla de trabajadores municipales. El regidor barbateño, que ayer se pasó buena parte de la mañana analizando esos datos, manifestó al respecto que "el informe a la Cámara de Cuentas lo solicitó el Pleno de la Corporación municipal por unanimidad en el año 2011 a petición del PSOE", recordando que desde 2007, cuando accedió a la Alcaldía, ya alertó "de la ruina del Ayuntamiento".

Quirós recuerda que en el año 2005, tanto el PP como el PA, entonces en el gobierno local, negaron que se hiciese una auditoría del Ayuntamiento por parte bien de la Cámara de Cuentas o bien de un particular. Así, el alcalde expone que lleva "siete años alertando de la quiebra y ruina absoluta del Consistorio", ya que se encontraron con 410 trabajadores, una deuda con la Seguridad Social "inmensa e imposible de pagar" además de contar sólo con el 13% del municipio "porque el otro 87% está ocupado por Defensa y un parque natural que dejan escasos ingresos". A todo eso Quirós une la retención de 315.000 euros al mes que pertenecen a la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

Sobre la situación de los empleados municipales, el regidor expuso que esa situación de supuesto fraude de ley "viene desde hace 30 años por anteriores equipos de gobierno", aunque no quiso especificar cuáles.

El contenido de ese informe de la Cámara de Cuentas sobre la situación económica del Ayuntamiento de Barbate, donde se arroja un déficit de financiación y una deuda de 73,3 millones de euros en el año 2012, no ha hecho esperar la reacción del PA, que a través de su portavoz municipal y secretario local, Miguel Molina, ha señalado al equipo de gobierno socialista como "el principal responsable de esta situación", llegando a pedir la dimisión del alcalde, Rafael Quirós. Para Molina "el informe de la Cámara de Cuentas viene a demostrar que el actual equipo de gobierno, encabezado por el alcalde, ha mostrado una incapacidad absoluta para sacar a nuestra localidad del bache en el que se encuentra".

Para el portavoz del PA, "después de estos informes se explican muchas cosas como la dimisión de quien fuera delegado de Hacienda, Jacinto Moreno". El andalucista significa que "a la nefasta gestión económica hay que añadir la de las empresas públicas municipales, algo que no puede quedar en el olvido y por lo que habrá que pedir responsabilidades".

Por su parte, el diputado autonómico del PP de Cádiz y presidente de este partido en Barbate, José Manuel Martínez Malia, ha afirmado que "el PSOE ha llevado al Ayuntamiento barbateño al caos y el descontrol". El dirigente del PP barbateño expone que el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas "pone en evidencia la asfixia económica-financiera" del Consistorio que achaca a "la nefasta gestión del gobierno local socialista y de su alcalde".

martes, 23 de septiembre de 2014

RESUMEN DE INFORME FISCALIZACIÓN DE DETERMINADAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE BARBATE (CÁDIZ)


La Cámara de Cuentas certifica la "asfixia financiera" de Barbate
El informe de fiscalización refleja una deuda en el Ayuntamiento de "al menos" 73,3 millones a final de 2012 El órgano alerta de la existencia de "irregularidades y omisiones"
REDACCIÓN DIARIO DE CÁDIZ | ACTUALIZADO 24.09.2014 - 05:01


La Cámara de Cuentas de Andalucía ha apuntado la existencia de una deuda en el Ayuntamiento de Barbate de al menos 73,3 millones de euros a finales del ejercicio 2012, y ha denotado la existencia de un "déficit de financiación" que refleja el remanente de tesorería.

Según el informe de Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Barbate, emitido ayer, correspondiente al ejercicio 2012, entre las conclusiones de dicho informe, la más relevante obtenida en la realización del informe tiene que ver con la situación por la que atraviesa el Ayuntamiento, caracterizada por, además de lo ya apuntado, "la dificultad de incrementar el nivel de recursos propios".

Asimismo, advierte de la "indisponibilidad" de otros recursos que se plantea a corto, medio y largo plazo (Participación en los Ingresos del Estado y Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma), pues "se encuentran retenidos como mecanismo de compensación de deudas que la entidad mantiene con otros organismos públicos".

Agrega que estas circunstancias "explican la situación de asfixia económico-financiera en la que se encuentra la entidad, lo que traerá consigo si no se adoptan con determinación las medidas oportunas la nula capacidad de maniobra en los próximos ejercicios, así como la permanencia de las tensiones de tesorería que le impedirán el normal cumplimiento de sus obligaciones".

Entre las conclusiones, la Cámara de Cuentas apuntó ayer que el presupuesto en vigor durante todo 2012 fue el prorrogado de 2011. Precisó que el análisis de la ejecución presupuestaria, tanto en ingresos como en gastos, "refleja unos bajos porcentajes de ejecución y de cumplimiento, poniéndose de manifiesto la falta de adecuación del presupuesto a la realidad económico-financiera".

Agrega que la incorporación de remanentes crédito efectuada en el ejercicio de 2012 por importe de 1.339.058,44 euros "no se debió realizar, puesto que la entidad carecía de suficientes recursos para financiarla". Asimismo, apuntó que la Corporación "incumplió los plazos previstos para aprobar la liquidación del presupuesto, así como para la formación, aprobación y rendición de la Cuenta General".

El ente fiscalizador añadió asimismo un "deficiente manejo del sistema contable, apreciándose en la formulación de los estados que conforman las cuentas anuales de la entidad una serie de errores, irregularidades y omisiones que distorsionan significativamente la imagen ofrecida".

Como consecuencia de la situación económica financiera, el informe añadió que en 2012 se han puesto de manifiesto "tensiones de tesorería que imposibilitaron atender con normalidad los pagos de las distintas obligaciones". Así, explica que no se elaboran los informes trimestrales sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones, ni se realizan actas de arqueo periódicas, ni sorpresivas. Por ello, se recomienda "reducir el número de cuentas bancarias con las que opera la entidad y depurar aquellas que no reflejen movimiento y no tengan saldo".

El informe indica que el Ayuntamiento "no llegó a suscribir la operación de crédito dentro del mecanismo de pago a proveedores porque el plan de ajuste presentado no se aprobó por el Ministerio, pero, sin embargo, registró en la contabilidad presupuestaria y patrimonial una operación de crédito por 10.615.463,80 euros, en aplicación del citado mecanismo de pago". El informe denota una necesidad de financiación de al menos 4.033.929,35 euros, "lo que hubiera puesto de manifiesto un déficit en relación con los ingresos no financieros ajustados del -22,39%", de forma que "se incumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria y hubiera procedido la aprobación de un plan económico financiero".



CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
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RESUMEN DE INFORME 
FISCALIZACIÓN DE DETERMINADAS ÁREAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE BARBATE (CÁDIZ) 
Ejercicio 2012 

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía acordó incluir en el Plan de Actuaciones del ejercicio 2013 una actuación denominada “Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Barbate”. 
Los objetivos generales fijados en la fiscalización eran concluir acerca del cumplimiento de la legalidad en el desarrollo de la actividad del ayuntamiento, del adecuado reflejo contable de las operaciones realizadas en cada una de las áreas de trabajo que se iban a analizar, y de la oportuna confección de los estados que integran la Cuenta General a rendir por la corporación. 
Conclusiones 
La conclusión general más relevante obtenida en la realización del presente informe tiene que ver con la situación por la que atraviesa el ayuntamiento, caracterizada por las siguientes notas: 
-La dificultad de incrementar el nivel de recursos propios y la indisponibilidad de otros recursos que se plantea a corto, medio y largo plazo (Participación en los Ingresos del Estado y Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma), pues se encuentran retenidos como mecanismo de compensación de deudas que la entidad mantiene con otros organismos públicos. 
-La deuda que presentaba la entidad a finales del ejercicio 2012, fijada al menos en 73,3 M€. 
-El déficit de financiación que refleja el remanente de tesorería. 
Estas circunstancias explican la situación de asfixia económico-financiera en la que se encuentra la entidad, lo que traerá consigo si no se adoptan con determinación las medidas oportunas la nula capacidad de maniobra en los próximos ejercicios, así como la permanencia de las tensiones de tesorería que le impedirán el normal cumplimiento de sus obligaciones. 
Por otra parte, del trabajo desarrollado se han obtenido una serie de conclusiones específicas referidas a cada una de las áreas fiscalizadas, entre las que destacan las siguientes: 

Formación del Presupuesto 
El presupuesto general en vigor durante todo el ejercicio 2012 fue el prorrogado de 2011. 

El análisis de la ejecución presupuestaria, tanto en ingresos como en gastos, refleja unos bajos porcentajes de ejecución y de cumplimiento, poniéndose de manifiesto la falta de adecuación del presupuesto a la realidad económico-financiera en la que se encuentra la entidad. 
Modificaciones presupuestarias 
La incorporación de remanentes crédito efectuada en el ejercicio 2012 por importe de 1.339.058,44 € no se debió realizar puesto que la entidad carecía de suficientes recursos para financiarla. 
Dicha incorporación se financió a través de la partida 870.00 “remanente de tesorería para gastos generales” cuando en el ejercicio 2011 esa magnitud presentaba un valor negativo que ascendía a 8.380.038,13 €. 
Liquidación del Presupuesto y Cuenta General 
La corporación incumplió los plazos previstos en la normativa vigente para llevar a cabo la aprobación de la liquidación del presupuesto, así como la formación, aprobación y rendición de la Cuenta General. 
A la fecha de redacción del presente informe se encontraban sin aprobar las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. No obstante, en julio de 2014 la entidad ha procedido a aprobar las Cuentas Generales de los mencionados ejercicios. 
Representatividad de los Estados Anuales del subsistema de contabilidad patrimonial del ayuntamiento 
El trabajo desarrollado ha puesto de manifiesto un deficiente manejo del sistema contable, apreciándose en la formulación de los distintos estados que conforman las cuentas anuales de la entidad una serie de errores, irregularidades y omisiones que distorsionan significativamente la imagen ofrecida. 
Control interno 
El ayuntamiento no dispuso en el periodo fiscalizado de un Reglamento Orgánico de Funcionamiento. Tampoco dispuso de manuales y normas internas escritas donde se recogieran los procedimientos a seguir en el funcionamiento de los servicios y delimitaran las tareas que se atribuyen a los distintos puestos encargados de su realización. El Ayuntamiento de Barbate hasta el momento no ha dado cumplimiento a la obligación prevista en la legislación vigente de elaborar y aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). En su lugar, cuenta con un catálogo de puestos de trabajo aprobado el 17 de noviembre de 2003. 

Personal 
El Ayuntamiento de Barbate hasta el momento no ha dado cumplimiento a la obligación prevista en la legislación vigente de elaborar y aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). En su lugar, cuenta con un catálogo de puestos de trabajo aprobado el 17 de noviembre de 2003. 
En relación con la plantilla de personal laboral se destaca lo siguiente: 
•La inexistencia de personal laboral fijo, es decir, personal que se haya seleccionado de acuerdo con una oferta de empleo pública, mediante convocatoria pública por los sistemas tradicionales de oposición, concurso-oposición, o concurso en los que se garanticen los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. 
•Un colectivo de 95 empleados laborales indefinidos, entendida ésta como una categoría diferenciada de la anterior, cuyo perfil correspondería al construido por la jurisprudencia a partir de aquellos supuestos de incumplimiento de las normas laborales en materia de contratación temporal, y que ha sido consolidada en el artículo 11 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. 
•En la categoría de laborales temporales hay un grupo de 119 empleados que, a partir del 1 de enero de 2013 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.5 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el RDL 1/1995, estarían en condiciones de adquirir la condición de indefinidos, al llevar contratados en un periodo de 30 meses, un plazo superior a 24 con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo, mediante dos o más puestos de trabajo. 
Esta situación podría estar poniendo de manifiesto en la mayoría de casos un fraude de ley en materia de contratación laboral temporal, consistente en la cobertura de necesidades permanentes mediante contrataciones temporales. 
•Se ha facilitado una relación que oscila entre 44 y 48 empleados según el mes, que percibieron gratificaciones extraordinarias caracterizadas por tratarse de una cantidad fija y vencimiento mensual. El importe total de estas gratificaciones en 2012 ascendió a 150.044,83 €. 
Una de las limitaciones a la utilización de las gratificaciones extraordinarias proviene de su carácter excepcional por lo que debe justificarse concretamente la necesidad de acudir a ellas, lo que se contradice con un reconocimiento sistemático, fijo en su cuantía y periódico en su vencimiento. 
No hay soporte documental de estas gratificaciones. En el caso de la policía local la entidad alude a un acuerdo verbal alcanzado entre el equipo de gobierno y miembros de ese cuerpo del que se desconocen todos los extremos, excepto la cantidad. 

De esta situación podrían derivarse indicios de responsabilidad contable debido al menoscabo producido en el erario público. 
Procedimiento de gestión del gasto 
El sistema informático a través del cual se gestiona el registro general dispone de un módulo específico para anotar las facturas. No obstante, ni su gestión se encuentra atribuida a la intervención municipal ni cumple con la finalidad de registrar todo el volumen de facturas que se reciben en la entidad local, de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
Se observa que en los expedientes de gasto por indemnizaciones a monitores por su colaboración en escuelas sociales, no figura ninguna documentación justificativa de los servicios realizados. Tampoco consta la vinculación de naturaleza laboral o administrativa de estas personas con el ayuntamiento, ni que se realicen retenciones fiscales. 
Teniendo en cuenta que las personas físicas sólo pueden prestar sus servicios a las administraciones públicas, bien mediante la modalidad de contrato administrativo o de una relación laboral, la entidad local debería regularizar esta situación mediante la elección de uno u otro modelo, en función de la realidad jurídica establecida en cada caso. 
Tesorería 
Como consecuencia de la situación económica financiera, en 2012 se han puesto de manifiesto tensiones de tesorería que imposibilitaron atender con normalidad los pagos de las distintas obligaciones asumidas por la entidad. 
La entidad no dispuso de un plan de disposición de fondos aprobado para el ejercicio 2012. 
No se elaboran los informes trimestrales sobre el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
No se realizan actas de arqueo periódicas, ni sorpresivas. 
Se recomienda reducir el número de cuentas bancarias con las que opera la entidad y proceder a la depuración de aquellas que no reflejen movimiento y además no tengan saldo. 

El análisis efectuado de las cajas de la corporación pone de manifiesto la necesidad de realizar un ajuste del saldo de efectivo que debería figurar en la cuenta 570 “Caja”, pasando de 2.357.746,18 € a -1.302,52 €. 
El ayuntamiento incluye en su estado de tesorería nueve cuentas bancarias cuya titularidad corresponde a Hazas de la Suerte, con un saldo conjunto al final del ejercicio 2012 que asciende a 1. 934.471,04 €. 
Estas cuentas no deberían formar parte del estado de tesorería del ayuntamiento, puesto que los recursos financieros que representan (dinero y valores) no pertenecen a la entidad local. Por tanto, al saldo existente en cuentas bancarias según el estado de tesorería debería descontarse 1.934.471,04 €. 
De acuerdo con los cálculos realizados por la Cámara de Cuentas de Andalucía el saldo de las disponibilidades líquidas situadas en la caja y bancos pasaría de 3.944.458,63 €, según los cálculos de la entidad a 280.695,13 €. 
Remanente de Tesorería 
•Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2012 ascendían a 42.835.693,29 €, de los que el 16,23% (6.953.678,47 €) correspondían al ejercicio corriente y el 83,77% restante (35.882.014,82 €) a cerrados. 
En relación con el saldo de los deudores pendientes de cobro de ejercicios cerrados se ha puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo un proceso de depuración del mismo. 
•Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2012 ascendían a 42.516.878,48 €. 
•En relación con la aplicación del mecanismo de pago a proveedores previsto en el Real Decreto 4/2012, se destaca lo siguiente. 
El ayuntamiento no llegó a suscribir la operación de crédito porque el plan de ajuste presentado no se aprobó por el Ministerio. Sin embargo, registró en la contabilidad presupuestaria y patrimonial una operación de crédito por 10.615.463,80 €, en aplicación del citado mecanismo de pago. 
El importe total a satisfacer por el Fondo de Pago a Proveedores ha ascendido finalmente a 10.277.483,87 €. 
De acuerdo con el criterio mantenido por la Intervención General de la Administración del Estado, en la contabilización de esta operación, para el caso de no haberse llegado a formalizar la operación de crédito, la entidad local debería haber mantenido la existencia de la deuda comercial considerando lo ocurrido como una subrogación del Fondo de Pago a Proveedores en la posición del proveedor, en tanto cumplió con éste las obligaciones que eran exigibles a la entidad local. 

En la segunda fase de aplicación de este mecanismo para el ejercicio 2013 tampoco se ha aprobado el plan de ajuste presentado, pero no se ha contabilizado como operación de crédito el importe a abonar (995.047,21 €). 
•La entidad no lleva ningún control de los gastos con financiación afectada, lo que supone una limitación grave del sistema de información contable. 
•El ayuntamiento dotó una provisión por insolvencias por importe de 3.251.855,50 €. No obstante, si el cálculo de la dotación se hubiera realizado según los criterios aprobados por la Cámara de Cuentas la misma habría ascendido a 30.591.853,11 €. 
De acuerdo con los cálculos realizados por la Cámara de Cuentas de Andalucía, el remanente de tesorería correspondiente al ejercicio 2012 en vez de ser positivo por 560.866,10 €, según la entidad, hubiera sido negativo, poniéndose de manifiesto un déficit de financiación que ascendería a 40.908.879,94 €. 
Endeudamiento 
Deudas con entidades públicas 
La deuda registrada por la entidad local con la Tesorería General de la Seguridad Social, asciende a 15.913.540,50 €. No obstante, el citado organismo manifiesta un descubierto a finales del ejercicio 2012 por falta de ingreso de las cotizaciones sociales que asciende a 37.781.688,74 €. 
La corporación tiene registrada una deuda con la Agencia Tributaria que asciende a 4.080.220,50 €. Sin embargo, ese organismo ha certificado una deuda fechada a finales de febrero de 2013, por falta de ingreso de las retenciones practicadas en el trabajo personal que asciende a 5.214.998,40 €. 
La entidad a finales del ejercicio 2012 no había registrado en su contabilidad patrimonial a través de las cuentas 171 o 521, en función del vencimiento, los pasivos provenientes de la devolución como consecuencia de las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del estado de los ejercicios 2008 y 2009, por importe de 211.847,84 € y 381.105,31 €, respectivamente. 
Endeudamiento con entidades de crédito 
El capital pendiente de devolución a finales del ejercicio 2012 por el endeudamiento financiero a largo plazo mantenido con las distintas entidades de créditos, ascendía a 12.164.546,42 €. 
Al final del ejercicio 2012 quedaba pendiente de devolución 629.999,72 €, proveniente de una operación de tesorería celebrada con Caja Inmaculada, incumpliéndose lo previsto en el artículo 14.3 del Real Decreto Ley 8/2010, que prevé que las operaciones de tesorería que se concierten después de la entrada en vigor de esta norma, deberán estar canceladas antes de la finalización del año natural de su concertación, es decir como máximo el 31 de diciembre del año en que se formalicen. Por tanto, se incumpliría el objetivo de estabilidad 

Estabilidad presupuestaria 
Se ha analizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad introduciendo determinados ajustes en el presupuesto de ingresos y de gastos liquidado, reflejándose una necesidad de financiación para el ayuntamiento de al menos 4.033.929,35 €, lo que hubiera puesto de manifiesto un déficit en relación con los ingresos no financieros ajustados del -22,39%. 
Por tanto, se incumpliría el objetivo de estabilidad 

Concierto de "Zahora o nunca" en el Centro Penitenciario Puerto III

Imágenes de la actuación del grupo "Zahora o nunca" en el Centro Penitenciario Puerto III el día 19 de septiembre de 2014, durante los actos de celebración de nuestra Señora de La Merced, Patrona de Prisiones.
Los miembros del grupo "Zahora o nunca" al terminar la actuación, de izquierda a derecha: Miguel Martinez (guitarra), Antonio Casado (Guitarra y voz), José Antonio Mármol "JAM" (percusiones) y Tolo de la Fuente (teclado)
Imagen del grupo Zahora o nunca en un momento de su actuación en el Cwentro Penitenciario Puerto III
Los componentes del grupo aceptamos con mucho gusto la invitación que nos hicieron para tocar en este Centro y lo hicimos con la intención de hacer pasar un buen rato a los numerosos internos asistentes y a nosotros mismos y, como esperábamos, fué una experiencia muy gratificante e inolvidable gracias a que l@s reclus@s drifutaron coreando las canciones y haciendo palmas a lo largo de buena parte del concierto que duró casi hora y media sin interrupción.
 
Zahora o nunca

En primer plano Francisco Muñoz, artista invitado que tocó el clarinete y el saxo.

Antonio Casado

Miguel Martinez y JAM

Antonio y Tolo

jueves, 18 de septiembre de 2014

El Parlamento Andaluz ha aprobado una modificación de la normativa de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para regularizar las viviendas "alegales"



Susana Díaz llama a los candidatos a hablar más de la gente y menos del PSOE
Susana Díaz (EFE/Cristóbal García)




El Parlamento ha aprobado, con la oposición de IU y la abstención del PP, la propuesta anunciada por la presidenta andaluza, Susana Díaz, de una modificación normativa de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para regularizar las viviendas construidas hace años en suelo no urbanizable y para las que ha prescrito el plazo para restituir la legalidad.
Se trata de una de las 35 propuestas de resolución presentadas por el grupo socialista al término del debate del estado de la Comunidad, y que ha salido adelante gracias a la abstención del PP, grupo mayoritario de la Cámara, ya que IU, socio del gobierno de coalición, ha votado en contra.
En la iniciativa, se insta al Gobierno andaluz a que promueva una modificación de la citada ley "que posibilite la regularización de las edificaciones ubicadas en parcelaciones urbanísticas para las que haya transcurrido el plazo para la restitución de la legalidad urbanística, posibilitando su permanencia, sin menoscabo de que se mantenga a dichas parcelaciones el régimen actual de restitución de la legalidad urbanística".
Los socialistas argumentan que el decreto aprobado hace dos años por la entonces Consejería de Obras Públicas y por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable, ha carecido de "efectividad" en cuanto a la regularización de las viviendas aisladas prescritas ubicadas en suelo no urbanizables "para las que aún pueden adoptarse medidas de protección de la legalidad urbanística".
"El legislador no puede dar la espalda a la realidad de dichas viviendas, la gran mayoría construidas hace ya un número considerable de años, y debe dar respuesta a dichas situaciones en aras del principio de la seguridad jurídica, evitándose así un trato diferenciado a situaciones parecidas", señalan.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció la citada modificación normativa con la intención de "dar respuesta a una situación que afecta a miles de familias y a las que la Administración no puede dar la espalda".
Por otra parte, Ecologistas en Acción ha lamentado el anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para la reforma del artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para facilitar la regularización de viviendas ilegales construidas en suelo rústico.
En una nota, la organización ecologista ha considerado"incongruente" que se justifique esta decisión porque "las viviendas ilegales construidas en parcelaciones ilegales están en un limbo de inseguridad jurídica".
En este punto, ha recordado que tal "limbo" lo ha creado la propia Junta de Andalucía con "su permisividad durante décadas con el urbanismo ilegal, y con la especulación y corrupción urbanística".
"El limbo jurídico aparece por las promesas electoralistas que han recibido los delincuentes urbanísticos, que nos consta han mantenido varias reuniones con la Junta, que les ha garantizado que no se derribará nada, pero al no poder satisfacer sus demandas de legalización de todo lo ilegalmente construido, decide ahora, en una decisión sin precedentes, modificar las normas legales vulneradas para adaptarla a los intereses de los que las han infringido", señala Ecologistas en Acción.
Por esto, según explica, por lo que "los delincuentes ilegales se han manifestado pidiendo una moratoria para las órdenes de demolición", porque, a su juicio, "la Junta no ha sido clara en este aspecto y ha creado la esperanza de que tarde o temprano este tema se arreglará en beneficio de estos delincuentes urbanísticos, que todo se legalizará".
Con esta decisión, la organización apunta que "la Junta demuestra su firme voluntad de que las ilegalidades urbanísticas queden impunes" e indica que "los que la hacen tienen premio".
Según explica Ecologistas en Acción, ahora "la Junta pretende regularizar las viviendas construidas en auténticas urbanizaciones ilegales, montadas por tramas de especulación y corrupción".
"Estamos hablando de subdividir ilegalmente una parcela, construir una casa por parcela y luego venderlas. Ya no se trata de una unidad rústica, de pasado agrícola, en la que se ha levantado una casa, sino en un grupo de casas que, subrepticiamente, ha creado un asentamiento urbano", ha subrayado.

miércoles, 17 de septiembre de 2014

Derribada en El Palmar una vivienda ilegal de 160 metros cuadrados


Derribada en El Palmar una vivienda ilegal de 160 metros cuadrados
La construcción fue levantada hace más de diez años en zona de servidumbre de costa y cinco autos judiciales han ido desestimando las alegaciones presentadas por el propietario de la casa
JOSÉ MARÍA RUIZ VEJER | ACTUALIZADO 17.09.2014 - 06:42
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Operarios de la Junta llevan a cabo la demolición de la vivienda. /Aragón Pina


Operarios de la empresa Excavaciones, Demoliciones y Transportes Juan Romo SA, con sede en Jerez, y consignada por Disciplina Urbanística, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, acometieron ayer la orden de derribo de una edificación de 160 metros cuadrados levantada hace más de una década en zona de servidumbre de costa.

Según apuntaron fuentes de la Junta, esta actuación no parte de una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, que actúa en este caso de forma subsidiaria al no atender Félix Martín, propietario de la casa, los requerimientos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz.

Según estas mismas fuentes, se trata de una vivienda de una sola planta construida en zona de servidumbre de Dominio Público Marítimo-Terrestre, además de estar asentada en suelo no urbanizable de especial protección. Igualmente se destaca que no se trata de una vivienda de primera residencia.

Esta demolición realizada ayer con una retroexcavadora es parte de una resolución de la Consejería de Obras Públicas que data del año 2004: El propietario de la casa la ha estado recurriendo a lo largo de diez años en los juzgados, hasta que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la capital gaditana ha dictado la orden de demolición ejecutada bajo la vigilancia preventiva de varias dotaciones de la Policía Autonómica.

Antes de ejecutarse esta demolición, según las mismas fuentes, han sido dictados otros cinco autos de demolición que desestimaban las alegaciones presentadas por el propietario del inmueble. Al no realizar ese derribo el dueño de la casa, la Consejería de Medio Ambiente se encarga de la operación de forma subsidiaria.

Disciplina Urbanística de la Junta de Andalucía actúa siempre de manera subsidiaria a Urbanismo del Ayuntamiento de Vejer. Es decir, que la Junta actúa al no hacerlo el Consistorio. No obstante, el alcalde de Vejer, José Ortiz, matizó ayer esa puntualización. "Eso es zona de servidumbre y ellos tienen las competencias para bien o para mal", dijo Ortiz. 

Pocos minutos antes de que diese inicio la demolición, y ya con la máquina retroexcavadora y la Policía Autonómica en el lugar, Félix Martín, argumentó que "la situación de hoy viene de un expediente de derribo de hace 13 años que venimos recurriéndole a la Junta por una interpretación de la sentencia que en un principio hablaba de un derribo de 70 metros cuadrados, cuando la edificación es de 140". Según este vecino de El Palmar, "hay sentencias por ahí que dicen que es de ejecución imposible porque no concuerdan los metros".

"Pero aquí yo no sé qué hay. De hecho, hay sentencias de otros expedientes que se han librado así, pero aquí vienen a saco. Están entrando en una propiedad privada que nada tiene que ver con lo mío, sin pedirle permiso al dueño del terreno para hacer el derribo. A Francisco Ventura nadie le ha pedido permiso para entrar por lo suyo para derribar lo mío", se lamentó Martín, quien dijo que él no sabe de leyes pero que era "un allanamiento de propiedad total".

"No sé a qué viene el interés de la Junta para tirar hoy esta casa", añadió Félix Martín. "La vivienda", aseguró, "no está en Dominio Público, está en servidumbre de Costas, detrás de otra casa y con una línea de viviendas por delante, como todas las que hay en El Palmar, donde hay 3.000 casas".

Varios amigos y vecinos del propietario de la vivienda demolida le ayudaron la noche anterior a desalojar los enseres de la casa al dar por perdido el pulso legal.

La Junta derriba una nueva casa ilegal de veraneo en la playa de El Palmar

La Junta derriba una nueva casa ilegal de veraneo en la playa de El Palmar
La Junta derriba una nueva casa ilegal de veraneo en la playa de El Palmar
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha ejecutado hoy el derribo de una de las viviendas "ilegales" construidas en la playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera en suelo no urbanizable de especial protección y en zona de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre.
Con este derribo, la Junta ha actuado en este caso de forma subsidiaria ya que ni el propietario de esta vivienda de veraneo construida hace 14 años ni, en su lugar, el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, había asumido la orden de demolición dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Cádiz, según fuentes de la Junta de Andalucía.
Este es el cuarto derribo de una vivienda ilegal que se ejecuta en lo que va de año en la playa de El Palmar, aunque los otros tres que se han llevado a cabo fueron ejecutados por los propios propietarios en cumplimiento de distintas órdenes judiciales.
En declaraciones a EFE, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), Daniel Sánchez (PP), ha explicado que se trata de expedientes abiertos en el 2003 o el 2004, por construcciones realizadas en "plena burbuja" inmobiliaria y de los que "ahora llegan las consecuencias".
El edil popular ha acusado de "gran irresponsabilidad" y "dejación de funciones" a la Junta de Andalucía y al anterior equipo municipal de gobierno, del PSOE, por haber permitido entonces aquella "proliferación" de viviendas.
El derribo llevado a cabo hoy pone fin a un proceso de diez años, en los que el propietario de la vivienda ha recurrido sucesivamente hasta cinco autos de demolición, el primero de ellos del 2004, según las fuentes de la Junta de Andalucía.
El propietario de la vivienda, Félix Martín del Campo, ha explicado mientras presenciaba el derribo de la casa, de 160 metros cuadrados, que fue una edificación que "hicimos entre toda la familia para veranear".
"Sabíamos que era una construcción en servidumbre de costas, que no deberíamos haber construido. Pero también es cierto que en esa época todo el mundo construíamos en El Palmar. De hecho nadie paró la construcción", ha señalado en declaraciones a EFE.
"Me ha tocado a mí", señalaba el dueño de la casa mientras explicaba que a su alrededor, en El Palmar y en otras localidades costeras de Cádiz, hay muchas edificaciones ilegales como la suya que siguen en pie.
"Lo último que yo quiero es que derriben otras casas", ha añadido mientras recordaba que un inspector, cuando le preguntó por qué no le sucedía lo mismo a otras viviendas de la misma zona, le dijo: "es como si vas a una manifestación ilegal de 3.000 personas, no podemos detener a 3.000, detenemos a 3 o 4".
Por ello, el propietario de la casa derribada reclamaba hoy que se unifiquen criterios: "que sea para todo el mundo igual, porque lo peor que puede haber es la desigualdad. Y aquí lo que se crea es desigualdad, unos si otros no. Y eso lo que hace es que entre los pocos vecinos que somos empecemos a llevarnos mal".
En la playa de El Palmar, donde existen unas 800 viviendas irregulares en distintos procesos y fases de regularización, quedan aún pendientes otras órdenes de derribo.

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