EL AGUA, DEL DERECHO AL NEGOCIO

Reflexiones sobre proyecto abastecimiento de agua en Zahora-Los Caños de Meca

José Antonio Mármol Román.                                                                                                Presidente de la Asociación de Vecinos de Zahora “Costa de la Luz”

En pleno siglo 21, en un país de la Unión Europea, en Zahora y Los Caños pertenecientes al  municipio de Barbate (Cádiz) los habitantes carecen de acceso a los servicios públicos de agua potable y de saneamiento, y, con el incremento de población que experimentan estas pedanías en las épocas vacacionales es imprescindible mejorar las condiciones de calidad de vida y sanitarias dotándola de los servicios básicos.

Cualquier Proyecto de construcción de la infraestructura general del suministro debe garantizar el abastecimiento de agua potable  para uso doméstico y comercial del 100%  de las familias de Zahora y Los Caños, garantizando la participación de todos en igualdad de condiciones contando con la participación, cooperación y coordinación entre todos los agentes locales implicados en el proyecto: Ayuntamiento, beneficiarios, etc. Además de contar con las ayudas y subvenciones de los organismos públicos se debería contemplar la creación de un fondo de subvención o medidas especiales para garantizar las conexiones domiciliarias desde la red general de agua potable también para las familias del barrio que no tienen medios económicos suficientes.

Existen ayudas o subvenciones de la Junta, del Gobierno y de la Comunidad Europea para garantizar el suministro de agua potable en poblaciones afectadas por la falta del mismo, existen ayudas para financiar parte de los costes de las inversiones previstas por los ayuntamientos y diputaciones pero parece que no o en todo caso desconocemos si el Ayuntamiento de Barbate ha hecho algunas gestiones ante otras administraciones para el abastecimiento de agua potable en Zahora-Los Caños y para la obtención de subvenciones para la ejecución del mismo.

Según el DERECHO VIGENTE, en resumen, dentro del abastecimiento de agua potable se distinguen dos fases: la aducción o distribución en alta de competencia y responsabilidad de las Comunidades Autónomas y el suministro domiciliario o distribución en baja reservado a los Ayuntamientos, por lo que podemos afirmar que los municipios conservan la competencia para la ordenación de la distribución domiciliara del agua potable, es decir, el suministro del líquido elemento desde los depósitos municipales hasta las instalaciones interiores o tuberías de canalización de las edificaciones (instalaciones de fontanería). En paralelo a lo que ocurre con el servicio de abastecimiento, el saneamiento se divide, también, en dos prestaciones perfectamente diferenciadas: el alcantarillado y la depuración. El servicio de alcantarillado es de estricta competencia municipal y comprende la recogida de las aguas residuales y pluviales y su evacuación a los colectores generales o a los puntos de vertido final.

Sobre la exigibilidad o no de la prestación pública de los servicios de abastecimiento y saneamiento, tenemos que apelar al artículo 26.a) de la Ley de régimen local vigente que prescribe que todo municipio, con independencia de su extensión, población y recursos, debe prestar los servicios de «abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado».

¿Qué pasa entonces con el agua?

"La asfixia económica de los municipios hace que cada vez más ayuntamientos vendan a empresas privadas la gestión del servicio público del agua como un modo de financiación, un proceso sin órganos reguladores que garanticen la buena salud en la prestación. Con la llegada de la crisis, cada vez más ayuntamientos en España, como ha sucedido con el de Barbate, cuelgan el cartel “Se vende”  para adjudicar a empresas privadas la gestión del agua, un servicio por lo general eficiente y en la mayoría de casos viable para los consistorios.

Las delicadas finanzas municipales han convertido a las empresas públicas de agua en una perita en dulce para conseguir aliviar las arcas públicas con una suma de capital considerable, de manera rápida y relativamente sencilla. Cuando los ayuntamientos deciden externalizar el servicio, las entidades interesadas ofrecen un canon concesional millonario a cambio de hacerse cargo de la gestión durante unos 20 años de media. Las administraciones reducen sus deudas y se desentienden de la contratación de personal, el mantenimiento de las instalaciones y las tarifas. Las empresas, por su parte, adquieren un servicio con alta viabilidad ya que las facturas tienen una garantía de cobro de entre el 95% y 97%) y sin competidores en el sector".

"Como los ayuntamientos ya no pueden vender el suelo, venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua",  (Luis Babiano, gerente de AEOPAS), que considera un "escándalo" que los municipios destinen parte del dinero que reciben del canon para financiar partidos o levantar rotondas. Es de señalar la mala administración que se hace de los fondos: "lo que no puede ser es que los ayuntamientos no inviertan ese canon concesional en el servicio de agua".

"Lo que se produce es una desviación total de los fondos. Los alcaldes están privatizando para hacer caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que especular",

El agua, declarada como un "derecho humano" por las Naciones Unidas en 2010, pasa así de ser un servicio público sin ánimo de lucro, a manos de sociedades privadas que, como tal, buscan generar beneficios económicos. La primera consecuencia del proceso es un incremento casi inmediato del coste del líquido que repercute en el consumidor.

 "Hay que poner en cuestión por qué el agua, que en alta se genera a través de los embalses y cuencas y de un sistema público, se le permite en baja, cuando llega a los ciudadanos, incorporar el ánimo de lucro. Es un disparate. El agua no puede convertirse en otra cosa que en un bien básico que tiene un origen natural, vital e insustituible", que a través de la gestión privada no es posible garantizar el acceso a todo el mundo. "Se está perdiendo la consideración de que esto es un derecho humano. Para mí, lo que es más doloroso es que se le pueda cortar el agua a la gente que no tiene recursos para pagar".

(BIBLIOGRAFÍA: JOSÉ LUIS CALVO MIRANDA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS EN ESPAÑA, PUBLICO.ES DE LUCÍA VILLA MADRID 03/03/2013)